Financiación autonómica: ¿solidaridad, caridad o justicia social?

Quiénes, cómo y cuánto aportan con sus impuestos a la bolsa común. Cómo repartimos entre las comunidades autónomas los fondos de esa bolsa común para financiar los servicios públicos que estas gestionan (educación, sanidad, prestaciones sociales, vivienda…).

Desde una ideología socialdemócrata, y de acuerdo con el artículo 31 de la Constitución Española, cada persona física o empresa debe aportar según su capacidad económica. Quien disfrute de más renta, beneficio y patrimonio debe aportar más que quien disponga de menos.

Y, desde la misma perspectiva ideológica y constitucional, cada territorio debe recibir financiación según la necesidad y el coste que tenga prestar en su territorio los servicios públicos necesarios para que haya condiciones de igualdad en España.

Esto es lo justo, progresista y constitucional. Y así es, con muchas dificultades, el sistema actual en el régimen común. Se garantiza la justicia social entre los ciudadanos de este país y la redistribución.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau (d), durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Bilateral entre el Ejecutivo central y el Govern

Es importante tener claro que el sistema actual no se basa en la solidaridad de unas regiones con otras, ni tampoco en la de unos individuos con otros. Lo que opera es la justicia social y la justicia fiscal de un millonario o de una empresa con buenos resultados, residan donde residan, con las familias que necesitan becas, sanidad pública o servicios sociales, vivan también donde vivan.

La aportación al debate de financiación que se plantea desde Cataluña propone un cambio significativo respecto al modelo actual. Que las aportaciones al Estado pasen de hacerlas directamente los individuos (ciudadanos o empresas a través de sus impuestos) a hacerlas la comunidad autónoma, que antes recaudará el 100% de todos los impuestos.

Esta aportación del territorio se haría a través de una primera cuota que financie los servicios que presta el Estado en esos territorios y de una segunda cuota solidaria para aportar a la financiación de los servicios de otras comunidades autónomas con menor capacidad económica.

Hay que tener claro que, en esta propuesta, aunque la aportación directa al Estado la hiciera la comunidad autónoma, serán siempre al final los individuos de ese territorio los que la financien a través del pago de sus impuestos. Por muchas vueltas que se le quiera dar, el dinero viene de donde viene, de impuestos que pagan los individuos, ya sea al Estado o a la comunidad autónoma.

Es muy importante tener una extraordinaria precaución ideológica y constitucional ante esta propuesta. Un problema importante reside en que las aportaciones al sistema de financiación autonómica dejen de ser progresivas en función de la capacidad económica del aportante (hasta ahora personas y empresas). Y, por lo tanto, dejen de responder a la justicia social y a la justicia fiscal, para pasar a ser una suerte de cuotas solidarias o caritativas (que aportarían los territorios y no las personas).

Las aportaciones al sistema, por muy generosas que fueran, nunca deberían ser aleatorias, caprichosas ni fruto de un acuerdo espontáneo entre las partes, susceptible de ser fijado o alterado por razones de oportunidad o necesidad política. Razones bien distintas a los criterios de capacidad económica o de justicia fiscal.

El sistema territorial de un país no puede basarse en que una comunidad autónoma, que en un momento dado tenga más personas y empresas "ricas" residiendo en su territorio, sea más o menos solidaria, caritativa o generosa con el resto de los territorios.

"Aunque la aportación directa al Estado la hiciera la comunidad autónoma, serán siempre al final los individuos de ese territorio los que la financien a través del pago de sus impuestos"

La caridad puede estar bien para otros ámbitos, pero en la arquitectura del país lo que debe haber es justicia e igualdad. Los servicios públicos no se pagan con caridad, se pagan con justicia fiscal.

Es evidente, además, que se trata de un modelo no generalizable a todas las CCAA, ya que no todas pueden ser tan generosas como para incluir cuotas de solidaridad con el resto.

Por otro lado, un modelo así otorgaría un poder de negociación excesivo a los territorios, al recaudar ellos el 100% de las aportaciones de ciudadanos y empresas, y quedar en su mano la transferencia futura de fondos al Estado para los gastos de éste y para esa posible generosidad solidaria.

Tampoco conviene obviar que nos encontramos, en términos históricos, en un proceso de integración europea que ha supuesto la cesión de soberanía tributaria a la UE, que opera en sentido inverso a la cesión propuesta en esta reforma.

Sí que resulta interesante, y acorde a la ideología socialdemócrata, a la Constitución y a la justicia social, la introducción de la corresponsabilidad fiscal en el sistema de financiación autonómica.

Ya en el ámbito de la financiación local (por cierto, la verdadera olvidada) se premia a los municipios que hacen mayor esfuerzo fiscal, siendo más ambiciosos en la prestación de sus servicios y construcción de infraestructuras.

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Si decides como municipio subir impuestos pidiendo mayor esfuerzo a tus vecinos, para así tener mejores servicios e infraestructuras, se te premia con una mayor intensidad en la financiación local que tu ayuntamiento recibe del Estado.

En la financiación autonómica, introducir una medida así, que ha sido positiva y pacífica durante décadas en los ayuntamientos, ayudaría a evitar o desincentivar injusticias que se producen de forma reiterada.

Hay alguna comunidad autónoma que baja los impuestos "a todo el mundo", pero que en realidad a quien gana 20.000 euros le baja 5 euros al mes y a quien gana 300.000 euros le regala varios miles de euros cada año. Y a cambio de eso deja de financiar adecuadamente y deteriora la sanidad y la educación públicas, que precisamente son las que utilizan quienes se ahorraron esos 5 euros al mes.

Si decides renunciar a financiar de forma suficiente los servicios públicos, mereces recibir menos que otros que sí hacen el esfuerzo de financiarlos adecuadamente, generando seguridad, igualdad y calidad de vida a las familias.

"La clave es decidir en términos de eficacia y eficiencia cuál es la mejor forma de gestión de la recaudación, siendo difícilmente superable el nivel de eficiencia que ofrece la Agencia Tributaria"

Lo que verdaderamente afecta a los ciudadanos es cuántos euros hay en cada territorio para sus servicios públicos e infraestructuras.

Quién y cómo se recaudan esos euros no tiene detrás un peso ideológico específico, sino más bien un criterio de eficacia y eficiencia en la recaudación, para conseguir el máximo de euros disponibles para servicios públicos.

En la recaudación local muchos ayuntamientos recaudan ellos mismos sus tributos, y otros lo "encargan" a sus diputaciones provinciales o a mancomunidades. No hay un modelo más de izquierdas o más de derechas, ni más centralista o menos. Es una cuestión de eficacia y eficiencia.

No creo que nadie me acuse de corporativismo si digo como técnico de hacienda del Estado que, hoy por hoy, la Agencia Tributaria es la joya de la corona de la administración pública española. Su alta eficacia en la gestión, inspección y recaudación de los tributos goza de un amplio consenso.

¿Se puede plantear que la recaudación de todos los tributos la lleven a cabo las CCAA?

Poderse se puede. Tanto las agencias tributarias autonómicas como la existencia de consorcios en los que CCAA y Agencia Tributaria estatal colaboren son figuras ya permitidas en estatutos de autonomía vigentes.

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La clave es decidir en términos de eficacia y eficiencia cuál es la mejor forma de gestión de la recaudación, siendo difícilmente superable el nivel de eficiencia que ofrece la AEAT. Desmontarla en Cataluña es absurdo, principalmente por ineficaz.

El consenso es unánime sobre la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica. Ojalá se reforme de forma paralela la financiación local.

Tengamos precaución ideológica y constitucional ante reformas aparentemente generosas y solidarias, pero poco justas en su contenido.

Contemos con la corresponsabilidad fiscal como un elemento de ambición y progreso en el desarrollo de servicios públicos e infraestructuras.

Garanticemos la eficacia y la eficiencia al hablar de quién y cómo recaudar.

Y exijamos a quienes se opongan a todo una alternativa real, concreta y constructiva.

*** Juan Lobato es técnico de hacienda y diputado en la Asamblea de Madrid.