Faiq Zaidan junto a Álvaro García Ortiz durante su visita a Madrid.
De Bagdad a Madrid: García Ortiz en el ocaso de la separación de poderes
Los paralelismos entre García Ortiz y Zaidan son tan incómodos como inevitables. Ambos han sido acusados de instrumentalizar el aparato judicial en beneficio del poder político del que dependen.
En plena tormenta por su imputación y con su credibilidad esparcida por las más profundas simas abisales, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, recibió recientemente en Madrid al presidente del Consejo Supremo Judicial de Irak, Faiq Zaidan.
Con la tormenta perfecta de corrupción que está cayendo, poco extraña que la visita pasara desapercibida: no hubo ni una sola mención en la prensa española.
Zaidan es uno de los principales artífices del desmantelamiento del fallido Estado de derecho iraquí, presa cada vez más indefensa de los intereses del régimen iraní de los ayatolás.
De su visita a Madrid apenas se han filtrado unas pocas imágenes que demuestran, eso sí, que se le acogió con plenos honores institucionales.
En otro momento, y en otro país, tal recibimiento a un juez acusado de utilizar el Poder Judicial como instrumento de represión habría resultado reprochable.
No así en la España actual. García Ortiz, acorralado por los escándalos derivados de su exceso de celo progubernamental, fue el anfitrión perfecto.
El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto en Bergondo.
El nombre de Zaidan es desconocido en España, pero no así para los expertos internacionales en derechos humanos.
Un informe reciente del London School of Economics (LSE), titulado The Shifting Landscape of Iraq’s Judiciary, desvela cómo el sistema judicial iraquí ha degenerado en una absoluta politización de los tribunales, que se manifiesta en un activismo judicial militante al servicio de los intereses del gobierno.
Cabe colegir que el intercambio de experiencias entre Zaidan y García Ortiz sería fructífero para ambos.
Zaidan, nombrado en 2017 como jefe del Consejo Supremo Judicial, ha ido acaparando poderes sin freno ni control. Contraviniendo la maltrecha Constitución iraquí, ha tomado el control de los nombramientos de jueces, de los ascensos, de las decisiones disciplinarias y de las competencias de la fiscalía.
El informe del LSE detalla cómo Zaidan instrumentaliza el poder judicial en favor de la élite chií, abandonando todo principio de legalidad y neutralidad institucional.
"La minoría kurda describe a Zaidan como el gran muñidor de su destrucción"
El demoledor informe de la institución británica documenta cómo el Consejo Supremo Judicial ha anulado de forma arbitraria decisiones del Tribunal Supremo iraquí para proteger a políticos corruptos. También ha reprimido violentamente las cada vez más tenues protestas prodemocráticas mediante juicios sin garantías.
Zaidan, lejos de negar estos excesos, los ha defendido como necesarios. Su ascenso ha ido de la mano de la creciente penetración del régimen iraní en Iraq, a través de milicias y partidos controlados por la Guardia Revolucionaria Islámica.
Por su parte, la minoría kurda describe a Zaidan como el gran muñidor de su destrucción. Una de sus últimas decisiones ha sido el bloqueo del pago de salarios a los funcionarios kurdos. Denuncian que Zaidan pretende la asfixia y desaparición del menguante Gobierno Regional del Kurdistán, en un contexto de creciente cooperación energética entre los kurdos y Estados Unidos que el régimen de Alí Jamenei ve como amenaza existencial.
Que García Ortiz le reciba sin escándalo, sonrojo ni turbación es sólo un síntoma de la normalización de la ignominia. Como mínimo, y aquí España no es la única culpable, se trata de una gestión opaca de las relaciones con países estratégicos, sin ningún tipo de rendición de cuentas.
Se da la bienvenida con plena normalidad a quien ha sido señalado como responsable directo de violaciones graves del Derecho internacional humanitario.
Si la Fiscalía española fuera ejemplar, podría siempre escudarse en el conocido adagio escolástico: nos reunimos con el tirano para contagiarle nuestra virtud. Desgraciadamente, hoy tal argumento resultaría risible. Los paralelismo entre García Ortiz y Zaidan son tan incómodos como inevitables, y parten de que ambos han sido acusados de instrumentalizar el aparato judicial en beneficio del poder político del que dependen.
El presidente de España, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores de Irak, Fuad Hussein, durante su reunión en Bagdad (Irak). Ministerio de Exteriores de Irak
Ambos utilizan la autoridad judicial para reforzar, que no controlar, al gobierno que los sostiene.
Cuando un Fiscal General imputado recibe a un juez autoritario señalado por organismos internacionales como pieza clave de un aparato represivo, el problema no es sólo de protocolo. Se trata de una diáfana foto fija del deterioro institucional que sufre España. En un país defensor de los derechos humanos, este episodio debería haber levantado, al menos, alguna polvareda.
En España no hubo ni una nota de prensa. Ni una pregunta parlamentaria.
El mensaje que enviamos a los demócratas y disidentes de Irak, Irán o el Kurdistán es desolador. Pero peor es el que nos enviamos a nosotros mismos: cuando instituciones como la Fiscalía se convierten en un instrumento del poder político (ya sea en Bagdad o en Madrid) lo que está en juego, muerto ya Montesquieu, es el principio mismo de legalidad.
Es la libertad.
Es la democracia.
*** Carlos Conde Solares es asesor para España del despacho Amsterdam & Partners.
