José Raúl Mulino, presidente de Panamá, y Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, el pasado febrero.
Lo que realmente está sucediendo con las protestas en Panamá
Se ha dicho por los opositores que el memorando firmado con EEUU sobre el Canal de Panamá supone la cesión de la soberanía. No es verdad, aunque lo repitan mil veces.
Desde la fundación de la República de Panamá (1903), las relaciones con Estados Unidos han estado atravesadas por numerosos intereses comunes y también por discordancias de importancia.
La firma en 1977 de los Tratados Torrijos-Carter representó un hito trascendente que resolvió un conflicto anacrónico. La devolución de la soberanía sobre el canal y territorios vinculados contó con una amplísima ayuda de la comunidad internacional.
El discurso ante el Capitolio del presidente Donald J. Trump del 5 de marzo representó una disrupción significativa en la política trazada por el presidente José Raúl Mulino. Cuando aquel día el presidente Trump anunció su intención de "apoderarse" del Canal de Panamá, el gobierno panameño, tras la sorpresa inicial, se vio obligado a medir los pasos y diseñar una estrategia inteligente.
Fueron momentos difíciles.
Algunas voces en el país clamaban por una respuesta apasionada y extremista, como la de que el gobierno convocara a la ciudadanía a "salir" a las calles a protestar con vehemencia. Otros llegaron, incluso, a pedir la "ruptura de relaciones diplomáticas".
El canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez. X
Ante una crisis de esta naturaleza, el presidente tomó la decisión de actuar con moderación. El gobierno analizó la situación en todos sus ángulos. Se examinaron los posibles escenarios, así como los beneficios y daños que habría de resultar cada uno de ellos.
Solicitamos a altos funcionarios de Estados Unidos que viajaran a Panamá sin demora, con el fin de que expresaran sus pretensiones, más allá de la atmósfera que suele impregnar las intervenciones públicas.
El gobierno debía actuar con responsabilidad para con los ciudadanos. Ese era el objetivo. Descartó una respuesta "explosiva" que agravara la crisis abierta entre los dos países.
Con la misma convicción, el presidente tomó la decisión de marcar dos principios que, de ninguna manera, debían traspasarse: el régimen de neutralidad del Canal de Panamá aprobado en los Tratados Torrijos-Carter y la soberanía sobre la vía interoceánica y territorios adyacentes.
De forma paralela, el presidente Mulino ordenó a la Cancillería una política de "toma de contacto" con países de diferentes continentes a los efectos de conocer su opinión.
Estas acciones, siempre discretas, tuvieron efectos positivos e inmediatos. Las respuestas llegaron en lenguaje diplomático, pero cargadas de ánimo:
"Panamá disponía de un apoyo prácticamente universal en su posición". El gobierno empezaba a enderezar la crisis.
El secretario de Estado, Marco Rubio y el secretario de Defensa, Pete Hegseth viajaron a Panamá de forma separada. Les expresamos nuestro interés en que la crisis descendiera en intensidad de forma inmediata. Y llegamos al momento del memorando del 9 de abril firmado entre el Secretario de Defensa de Estados Unidos y el Ministro de Seguridad de la República de Panamá.
Se ha dicho por los opositores que el acuerdo supone la cesión de la soberanía. No es verdad. Aunque lo repitan mil veces, seguirán siendo acusaciones falsas:
a) El memorando no autoriza la instalación de bases militares y es de carácter temporal.
b) El gobierno de Panamá tiene control y acceso a las áreas objeto del documento.
c) El memorando está subordinado al cumplimiento de la Constitución y las leyes panameñas.
d) El memorando podrá darse por finalizado unilateralmente por Panamá.
Existe un dato relevante que debe conocerse. Desde 1990, los sucesivos gobiernos de la República han firmado con el gobierno de Estados Unidos 22 convenios o acuerdos. Varios de ellos, referidos a materias de seguridad o defensa.
Me permito recordar que el mundo vive un tiempo muy convulso. Estamos ante una crisis inédita en las últimas décadas.
No es solamente ideológica y política. Cuenta con derivadas económicas y comerciales. A resultas de estas, las grandes capitales (Washington DC, Moscú y Pekín) tratan de perfilar su hegemonía para el futuro más inmediato.
Esto no es una especulación. ¡Y claro que nos afecta!
En estos momentos se negocia la finalización de la guerra en Ucrania entre Moscú, Kiev, Bruselas y Washington DC. Están abiertas negociaciones entre la Unión Europea, China y Estados Unidos sobre aranceles. En Roma, han tenido lugar negociaciones entre Estados Unidos e Irán para tratar de limitar las capacidades nucleares de esta última nación.
ENTÉRATE PANAMÁ 🇵🇦
— Klassopty🇵🇦 (@klassopty) June 20, 2025
Continúan las protestas y desmadres en Bocas del toro . pic.twitter.com/Zr675V482v
¡Y en Panamá no faltan quienes se rasgan las vestiduras por el hecho de que nuestro gobierno haya firmado con el de Estados Unidos un memorando de entendimiento que deja atrás lo peor de la crisis!
En las últimas semanas están aconteciendo en mi país diversas manifestaciones. Sus promotores las justifican en el memorando firmado con Estados Unidos y en un asunto de orden interno: la reforma de la ley de la Caja del Seguro Social.
La CSS es la institución que vertebra la asistencia sanitaria pública y las pensiones. A la llegada de este gobierno, 1 de julio de 2024, estaba en quiebra y arrastraba un déficit de 673 millones de balboas (equivalente a la misma cantidad de dólares). Era necesario enfrentar este gran problema y el gobierno no quiso actuar como los anteriores, mirar para otro lado y permitir que la situación cronificara.
El ejecutivo presentó un proyecto. Y después de diferentes discusiones y aportaciones (como procede en democracia), el órgano legislativo lo aprobó con 48 votos favorables y 27 en contra.
En síntesis, la nueva ley mantiene la edad de jubilación (para mujeres 57 años y hombres 62), el cálculo de la pensión se establece en el salario promedio de los mejores diez años cotizados y se incrementa la cuota que deben pagar los empresarios-empleadores.
La ley contribuye a garantizar la sostenibilidad del sistema y las pensiones en el futuro. Que es lo que interesa y beneficia a los pensionistas de hoy y a los de mañana.
Nadie discute el derecho de manifestación siempre que se ejerza sin violencia y sin afectar los derechos y la libertad del resto de la población, muy mayoritaria, por cierto. Pero el gobierno también reivindica su derecho a informar a la comunidad internacional sobre lo que realmente está sucediendo en Panamá.
*** Javier Martínez-Acha Vásquez es el canciller de la República de Panamá.
