El escándalo en torno al emporio inmobiliario de la pareja de Montse Mínguez ha dinamitado la credibilidad del discurso del Gobierno sobre la vivienda. Y ha dado al traste con el tinte obrerista que Pedro Sánchez había planeado imprimir a su discurso en el Comité Federal de este sábado.
En vísperas del inicio del nuevo ciclo electoral, Sánchez pretendía convertir el acceso a la vivienda y la criminalización del sector inmobiliario en el estandarte de su campaña.
Pero las revelaciones periodísticas sobre Sergi Vélez, compañero sentimental de la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, dibujan un escenario incompatible con la retórica de Ferraz.
A través de la filial Nest Capital Homes, el empresario administra una cartera de al menos 30 pisos destinados al alquiler, con ingresos anuales por rentas de 471.000 euros (una media cercana a los 1.300 euros al mes por inmueble). Así como activos de inversión inmobiliaria que superan los 6,2 millones de euros tras triplicarse en apenas cuatro años.
Para colmo, la mercantil ha acudido a los juzgados para desalojar a inquilinos por impago, llegando a tramitar hasta tres desahucios simultáneos. Todo ello después de que Sánchez aseverase que "no se va a producir ningún desahucio" más.
La respuesta de Mínguez ante la opinión pública ha agravado el problema en lugar de mitigarlo.
En su intervención en Espejo Público, la portavoz socialista fue incapaz de desmentir los datos registrales de este conglomerado y optó por una defensa insostenible: etiquetar de modesta "empresa familiar" a lo que, según los estándares del PSOE, es un gran tenedor de manual, y despachar las investigaciones como un "ataque personal".
En un ejercicio de impostura mayúscula, zanjó la cuestión con una frase demoledora: "Si hay un inquilino que no paga, se le desahucia".
La misma formación que promovió el señalamiento público de Urbagestión (la pequeña propietaria del piso de Maricarmen, a la que la ministra de Vivienda tachó de "pyme buitre, muy carroñera" pese a administrar una única vivienda) ampara ahora a un grupo patrimonialista que acumula decenas de activos y promueve lanzamientos judiciales.
La noticia que sí ha intentado desmentir Mínguez ha sido la publicada por EL ESPAÑOL acerca de la existencia de dos sociedades en Panamá dentro del holding familiar de Vélez y sus ramificaciones en el extranjero.
Pero no ha logrado desacreditar esta información contrastada que, por si fuera poco, hoy amplía este periódico con una nueva exclusiva: la portavoz no sólo convive con este entramado, sino que intervino directamente desde la gestión municipal para favorecerlo.
En julio de 2017, siendo primera teniente de alcalde y responsable de Economía en la Paeria de Lérida, Mínguez presidió la Junta de Gobierno Local que validó la modificación del plan urbanístico del sector Ciutat Jardí.
En una de las fincas afectadas por dicha recalificación, la compañía de su pareja levantó la promoción residencial Botànic, un complejo de lujo compuesto por 35 viviendas entre áticos, dúplex y piscinas privadas.
Mínguez podrá alegar que no obtuvo un enriquecimiento personal directo en aquel momento.
Pero lo que resulta irrefutable es que votó a favor de un expediente urbanístico del que su pareja sentimental se benefició económicamente, en lugar de abstenerse como le exigía la ley y el más elemental deber ético.
La flagrante contradicción entre el discurso de Ferraz y el patrimonio de Vélez ya era motivo suficiente para forzar la renuncia de la dirigente.
Pero tras conocerse su participación activa en la recalificación que enriqueció a su pareja con pisos de lujo, no queda ningún argumento para mantener a Mínguez ni un minuto más como portavoz de la dirección federal del PSOE y secretaria general del Grupo Parlamentario en el Congreso.
Sánchez, en cambio, ha preferido seguir sin darse por enterado.
En su mitin de este miércoles en Zaragoza, el presidente no sólo ha evitado cualquier referencia a la polémica de su portavoz: ha vuelto a arrogarse con cinismo el "legado de Maricarmen", clamando contra los "aticazos y los fondos buitre".
A estas alturas resulta estéril apelar a la probidad o a la autocrítica del secretario general del PSOE. Pero la incongruencia entre palabras y actos en este caso resulta demasiado obscena incluso para él.
Para más pitorreo, la susodicha empresa inmobiliaria se llama Nest Capital, un término inglés cuya traducción literal es "nido".
Cabe decir, por tanto, que Mínguez ha hecho carrera política clamando contra los fondos buitre, pero no ha tenido el menor reparo en anidar plácidamente en uno de ellos.