Mientras las llamas devoran el suroeste de Madrid y 25.000 personas han tenido ya que abandonar sus casas, el Gobierno de Pedro Sánchez ha preferido el insulto a la lealtad institucional.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha llamado "mamarracha" a Isabel Díaz Ayuso, que también había utilizado la palabra, pero no dirigida a nadie en concreto, sino en abstracto contra aquellos que pretendan aprovechar la catástrofe en beneficio propio.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha permitido luego ironizar con la "carta de tres párrafos" con la que la Comunidad solicitó la emergencia de interés nacional.
En pleno desalojo de municipios enteros, en fin, la prioridad del Ejecutivo no ha sido apagar el fuego, sino señalar al adversario y aprovechar una catástrofe natural de dimensiones apocalípticas para generar un segundo incendio, esta vez político.
El incendio que ha unido los focos de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Almorox ha calcinado en torno a 6.000 hectáreas y ha obligado a declarar la emergencia nacional la noche de este jueves 23 de julio. La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha asumido el mando.
Hasta aquí, lo que cualquier Gobierno responsable debía hacer. Lo que no debía hacer es convertir esa intervención en una nueva trifulca política.
El contraste con Castilla-La Mancha es ilustrativo. El incendio de La Mierla, en Guadalajara, ha arrasado más de 32.000 hectáreas (el mayor de la historia de esa comunidad) y ha obligado a desalojar decenas de municipios. El presidente Emiliano García-Page y el propio Pedro Sánchez han visitado la zona. No ha habido tuits despectivos, ni acusaciones de "recortes" ni descalificaciones personales.
La diferencia no es la magnitud del desastre. Es el color político del gobierno autonómico.
Este doble rasero no es nuevo. Tras la DANA de Valencia de octubre de 2024, el Gobierno central acusó al Ejecutivo de Carlos Mazón de retrasar la petición de la UME. Luego, el presidente dijo "quien quiera ayuda, que la pida".
En Cataluña, en cambio, la misma unidad ha intervenido en al menos once ocasiones desde 2009 (incluida la de julio de 2026) sin que se haya escuchado el mismo discurso punitivo. La ayuda estatal parece condicionada al carné de partido.
Más grave aún es la hipocresía sobre los medios. Mientras el Gobierno afea a las comunidades del PP que "recorten" y que "pidan que les resuelvan la papeleta", su propia flota de hidroaviones de gran capacidad está bajo mínimos.
A mediados de julio, de los catorce aviones anfibios prometidos a las autonomías en mayo, solo siete estaban operativos. Tres permanecían averiados (uno por colisión con un buitre, otro por pérdida de escotilla y un tercero por grieta estructural).
La flota, además, incluye aeronaves de más de cuarenta años. El último avión nuevo se incorporó en 2013. Los siete DHC-515 contratados en 2024 no llegarán hasta 2028. El propio Ministerio para la Transición Ecológica ha tenido que pedir a las comunidades que "dosifiquen" el uso de estos medios y España ha vuelto a activar el mecanismo europeo de protección civil para solicitar aviones a Grecia e Italia.
La UME, los hidroaviones y las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales no son patrimonio del Gobierno. Son recursos de todos los españoles, financiados con los impuestos de todos. Utilizarlos como argumento de batalla política es una perversión del sentido de Estado.
Cuando un ministro convierte la llegada de los militares en una lección moral a la oposición, está diciendo a los ciudadanos que la ayuda del Estado no es un derecho, sino un favor que se concede o se niega en función del grado de sumisión al Gobierno de Pedro Sánchez.
Isabel Díaz Ayuso ha pedido lo obvio: primero colaborar y después, si hace falta, volver a la refriega política. Mientras haya personas desalojadas, viviendas amenazadas y profesionales arriesgando la vida, el único discurso legítimo es el de la coordinación y el silencio partidista.
Todo lo demás (los insultos, las acusaciones de "miserable" y el intento de sacar rédito del humo) es una falta de respeto a quienes están combatiendo el fuego y a quienes lo sufren.
Las catástrofes no entienden de siglas. Este Gobierno, desgraciadamente, entiende demasiado bien.