Hay entrevistas que aclaran y entrevistas que enturbian. La que José Luis Rodríguez Zapatero ha concedido este jueves a Javier Ruiz en Mañaneros 360 pertenece, sin duda, a la segunda categoría.
El expresidente ha salido del plató de La 1 con la misma carga de sospechas con la que entró, pero con una ventaja adicional: ha logrado convertir una comparecencia exigida por la gravedad de los hechos en un ejercicio de autojustificación moral.
La entrevista, desde luego, le habrá resultado más útil a Pedro Sánchez que a su abogado defensor.
Zapatero se ha revelado como alguien a quien resulta casi ofensivo que se le pidan explicaciones. Su tono (irritado, condescendiente, a ratos agresivo) transmitía una pregunta implícita y reiterada: ¿por qué tengo yo que rendir cuentas de nada? Zapatero ha hablado desde una atalaya moral tan elevada que la sola posibilidad de que alguien pudiera imaginarlo capaz de delinquir se le antojaba un insulto a la inteligencia colectiva.
Pero esa postura no es nueva. Es la que le llevó a promulgar el conocido como 'Código Zapatero', que ha acabado convertido en un sistema de reglas de buen gobierno en el que las normas se aplican con elasticidad cuando afectan a los propios y con rigor cuando afectan a los demás.
Cuando Ruiz le formuló una pregunta incómoda, la de si el propio Zapatero ha cumplido el 'Código Zapatero', el expresidente ha respondido con una frase que resume esa filosofía: "Eso es interpretable". La cínica elasticidad del lenguaje al servicio de la propia causa.
Sobre las joyas (1,3 millones de euros guardados en una caja fuerte de su despacho), Zapatero ha ofrecido la explicación más sorprendente de la mañana: "Las joyas no tenían ni uso, ni destino, ni afán patrimonial. Estaban ahí y ya está".
La frase merece ser leída con detenimiento. Que un bien no se use ni se venda no lo convierte en otra cosa distinta de patrimonio. Precisamente, la definición de patrimonio es esa: un activo que se posee, con independencia de que se disfrute o se enajene. Presentar su mera existencia como un accidente sin consecuencias fiscales ni morales es un ofensivo ejercicio de prestidigitación conceptual.
Igual de reveladora ha sido su reacción ante la pregunta sobre su secretaria, Gertrudis Alcázar. Zapatero ha recordado que "una periodista", sin especificar su identidad, dijo que Gertrudis no es corrompible. Cabe preguntarse qué peso jurídico o político tiene esa opinión, incluso aunque sea cierta. En un procedimiento penal, la incorruptibilidad de un colaborador no se acredita por el testimonio de un tercero mediático, sino por hechos verificables. Apelar a ella como argumento revela hasta qué punto el expresidente confunde el relato periodístico afín con la prueba.
La sospecha de que esta entrevista responde más a las conveniencias del sanchismo que a una estrategia jurídica propia es difícil de descartar. Zapatero ha elegido el momento, el medio y el interlocutor: La 1, Javier Ruiz, en un formato donde se ha sentido relativamente cómodo. Aunque se le ha notado visiblemente irritado en varios pasajes, el conjunto le ha resultado favorable, teniendo en cuenta que un periodista menos identificado con el sanchismo habría puesto a Zapatero en serios apuros.
El único vídeo que se ha proyectado, por ejemplo, ha sido el de Alberto Núñez Feijóo, obviamente con la intención de que el expresidente pudiera criticarlo sin réplica.
No ha habido imágenes, en cambio, de Julio Martínez, ni de los documentos de la investigación, aunque sí de las joyas de su caja fuerte.
La comodidad del marco mediático no es neutral: es una decisión política.
A lo largo de la conversación, Zapatero ha invocado también una y otra vez los derechos del acusado. Entre ellos, de forma implícita pero clara, el derecho a mentir.
En el ámbito penal ese derecho existe, y es legítimo.
Pero cuando quien lo ejerce es un expresidente del Gobierno que pretende al mismo tiempo reivindicar su presunta superioridad ética, la contradicción se vuelve insoportable. No se puede hablar desde la atalaya de la pureza democrática y, a la vez, refugiarse en las prerrogativas procesales del investigado.
Particularmente elocuente ha sido su protesta contra lo que ha considerado una interpretación absurda de algunos periodistas y, es de suponer, de la justicia: "Vamos a llegar a la locura de que llamar a alguien o reunirse con alguien sea ejercer una influencia".
Y esa es una verdad a medias.
Porque, evidentemente, no todas las reuniones y llamadas son tráfico de influencias, pero sí lo son cuando esas presiones se ejercen sobre un funcionario público para conseguir un fin prevaricador.
Dicho de otra manera, en el tráfico de influencias, la llamada o la reunión son el medio a través del cual se ejerce ese poder informal de presión. Presentarlo como una exageración irracional es, de nuevo, jugar con el lenguaje para desactivar el problema.
Y un último detalle añadido. Zapatero ha alegado que quienes le han vinculado a Plus Ultra lo han hecho como "estrategia de defensa". Pero las pruebas contra él, como demuestra hoy EL ESPAÑOL, existen desde hace seis años en los mensajes de los implicados en la trama, que hablan de Zapatero en términos inequívocos y en el contexto de una evidente red de tráfico de influencias.
Es más, ¿cómo habrían podido esos acusadores preconstituir su defensa hace seis años, en 2020, previendo en aquel momento una investigación que no sabían que iba a producirse al cabo de unos años?
Al final, la entrevista ha dejado una impresión nítida. Zapatero no ha disipado ninguna sombra. Ha reforzado, en cambio, la sensación de que el sanchismo prefiere gestionar la crisis mediáticamente antes que afrontarla con la transparencia que exige una democracia.