Tras la adopción de medidas cautelares por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez este sábado, este diario se reafirma en la postura que sostuvo hace una semana: existen sobrados motivos indiciarios para abrir juicio oral contra ella, pero la adopción de esas medidas carece de justificación jurídica y de proporcionalidad.
De todos los argumentos infundados esgrimidos por el magistrado para motivar estas restricciones, el relativo a los escoltas es el más absurdo y extravagante.
Peinado afirma textualmente en su auto que los agentes encargados de la custodia de Gómez podrían, "bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren para facilitar esa fuga".
Es enteramente lógico que semejante cuestionamiento de la profesionalidad de los agentes haya desatado la indignación de los sindicatos policiales y del Consejo General del Poder Judicial, al alentar una sospecha genérica sobre la lealtad institucional de las fuerzas de seguridad del Estado.
El razonamiento judicial sobre el riesgo de huida de nada menos que la esposa del presidente del Gobierno adolece de tal inanidad e inconsistencia intelectual que no merece la pena detenerse a refutarlo.
Lo deseable es, por tanto, que la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos presentados y revoque estas medidas restrictivas a la mayor brevedad posible.
En cualquier caso, la ruidosa polémica levantada por la retirada del pasaporte y las firmas quincenales ha desenfocado el debate, desplazándose interesadamente la conversación desde los hechos investigados hacia las manifestaciones reprobables del comportamiento del instructor,
Pero las cuestiones verdaderamente relevantes en la actualidad son otras dos.
La primera es si la expresión utilizada por Peinado sobre la policía es motivo de expediente disciplinario por parte del CGPJ. Su Comisión Permanente ya estudia de hecho esa posibilidad, dado que la Ley Orgánica del Poder Judicial tipifica como falta grave la desconsideración hacia los funcionarios y la inclusión de expresiones improcedentes u ofensivas en las resoluciones.
Con todo, la trascendencia de la medida no rebasaría el plano simbólico. Las sanciones contempladas para estas faltas se limitan a multas que no superan los 6.000 euros, un castigo irrisorio que además recaería sobre un magistrado que se encuentra ya al borde de la jubilación.
La segunda cuestión, y la verdaderamente importante, es si la adopción de cautelares con argumentos tan endebles justifica la ferocidad de los ataques proferidos contra el juez por el Gobierno y el PSOE.
Porque la controversia sobre la retirada del pasaporte es un elemento accesorio respecto a lo sustancial del proceso, que es la imputación de Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación que se le imputan. Y que, en este caso, no se basa en conjeturas extravagantes, sino en un alud de indicios racionales.
Frente a esto, la reacción política oficialista de este fin de semana ha vuelto a sobrepasar los límites de la crítica legítima, radicalizando su relato de una conjura judicial contra Pedro Sánchez.
Óscar Puente ha liderado esta campaña de descalificaciones coordinadas, en la que han participado otros ministros como Félix Bolaños o Diana Morant. Y en la que se han podido escuchar hipérboles como "atropello sin precedentes", "obsesión enfermiza" y "persecución injustificable".
Es absolutamente intolerable (y registra un nuevo y luctuoso récord en la ofensiva del Poder Ejecutivo contra el Judicial) que un miembro del Consejo de Ministros se refiera públicamente a la judicatura afirmando que "la mafia está desatada".
Si, como ha lamentado el propio Gobierno, es "un hecho de máxima gravedad" que un juez especule con la posibilidad de que los cuerpos policiales cometan actos o dicten orden ilegales, con más motivo lo es que un ministro directamente atribuya a un juez una conducta delictiva como es la prevaricación.
Por eso, existiendo sobradas razones para expedientar al juez Peinado por su ofensiva elucubración sobre la policía, aún más poderosas son las razones para sancionar políticamente con el cese a quienes, como Óscar Puente y compañía, han ofendido gravemente a la magistratura.