La sentencia núm. 418/2026 del Tribunal Supremo, dictada hoy por la Sala Segunda, condena a José Luis Ábalos a veinticuatro años de cárcel como autor de un delito de organización criminal del artículo 570 bis del Código Penal y otro continuado de cohecho, en concurso real, junto con otros delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
El Alto Tribunal ha decidido, por unanimidad de sus magistrados, condenar al que fuera secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes por liderar una trama criminal de corrupción económica.
Ábalos, el hombre de total confianza de Pedro Sánchez, el que presentó su moción de censura contra la "corrupción" del gobierno de Mariano Rajoy, ha sido declarado culpable de la mayor trama corrupta de este tipo que se ha juzgado en la democracia española.
El Tribunal Supremo fija expresamente que, de conformidad con el artículo 76 del Código Penal, "el máximo de cumplimiento efectivo de la condena será el de quince años y dieciocho meses de prisión", además de las correspondientes inhabilitaciones especiales para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.
Koldo García Izaguirre, su exasesor y mano derecha, recibe una condena de similar gravedad.
La resolución deja claro que ambos integraron, junto con Víctor de Aldama, una organización estable con reparto de funciones: Ábalos aportaba la autoridad institucional y política, Koldo actuaba como ejecutor y gestor, y Aldama era el encargado de localizar oportunidades y financiar la trama mediante pagos sistemáticos.
Esta condena genera una responsabilidad política insoslayable sobre Pedro Sánchez, el primer presidente del Gobierno con un ministro condenado durante su ejercicio. Como dice Alberto Núñez Feijóo, sin Ábalos no habría Sánchez y sin Sánchez no habría Ábalos.
Porque Ábalos no era un ministro secundario: era el número dos de Sánchez en el partido, el ministro con más poder del Gobierno, la persona que le llevó de la mano a la Moncloa y el encargado de pilotar la estructura territorial del PSOE.
Sánchez debería haber asumido esta responsabilidad hace tiempo. Atrincherarse en la Moncloa después de que el Tribunal Supremo haya acreditado que su hombre de máxima confianza lideraba una organización criminal supone un baldón para él, para su Ejecutivo y para todos sus colaboradores.
En otras fases del proceso aún cabía sostener que había que esperar a la sentencia firme. En otro momento, la convocatoria de elecciones anticipadas habría servido, quizá, como paliativo de las enormes responsabilidades políticas de Pedro Sánchez.
Esa oportunidad ha desaparecido con esta condena.
El Tribunal Supremo ha hablado con claridad y por unanimidad, con la participación de magistrados de distinto perfil, entre ellos progresistas como Susana Polo García, Javier Hernández García y Andrés Palomo Del Arco. La sentencia es demoledora e incluso habla de la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones de la democracia debido a la corrupción del Gobierno.
Cuando incluso quienes en otros contextos han mostrado mayor sensibilidad hacia las posiciones del Gobierno coinciden en la existencia de organización criminal y corrupción, cualquier intento de relativizar la resolución judicial resulta insostenible.
Resulta especialmente significativo el tratamiento que la sentencia dispensa a Víctor de Aldama. El Tribunal aprecia en su conducta "la atenuante de análoga significación a la de confesión que se considera cualificada" y acuerda "la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad impuestas, durante un plazo de cinco años".
Aldama ha colaborado activamente con la justicia y ha permitido esclarecer el funcionamiento de la trama. Quien, como la fiscal Peramato, intentó en su momento obstaculizar o minimizar esa vía de investigación, queda ahora en evidencia ante la contundencia de los hechos probados.
Pedro Sánchez no puede seguir presentando planes de recuperación económica o medidas de gobierno como si nada ocurriera. La sentencia del Supremo es firme. No cabe recurso ordinario. Sánchez no puede tener una segunda oportunidad.
Ya no existe margen para convocar elecciones en condiciones de normalidad mientras el expresidente del Gobierno y su círculo más cercano cargan con condenas por corrupción. La única salida coherente con la dignidad institucional es la dimisión inmediata como presidente del Gobierno y como líder del PSOE. Su retirada definitiva de la política y su retorno a la vida civil, donde deberá responder a los procesos abiertos en su entorno con las armas de cualquier otro ciudadano español, no con las salvaguardas del propio Estado.
Sánchez tiene la obligación de dimitir y ofrecer al Partido Socialista la posibilidad de iniciar una renovación creíble. Las actitudes de quienes le rodean y prefieren callar o defender lo indefendible son hoy indignas.
El Tribunal Supremo ha hecho su trabajo. Ahora corresponde a Pedro Sánchez hacer el suyo: dimitir. En una democracia, no cabe otra opción.