El viaje oficial de Pedro Sánchez a Pekín de abril de 2026 no será recordado como una simple misión comercial ni como un trámite diplomático más. Estamos ante el acta de defunción de la tradicional alineación de España con el eje atlántico y el nacimiento de una nueva y peligrosa doctrina exterior.

En un giro de una temeridad geopolítica sin precedentes, el presidente del Gobierno ha escenificado en el Gran Salón del Pueblo un abandono de facto de la disciplina de nuestros aliados occidentales para buscar refugio bajo el manto de la autocracia de Xi Jinping.

Las declaraciones de Sánchez ante el mandatario chino no dejan lugar a la interpretación errónea.

Al solicitar formalmente una "implicación mayor" de China como "fuerza estabilizadora" para detener los ataques en el Líbano e Irán, el presidente español no sólo ha otorgado a Pekín un rol de gendarme global que la arquitectura de seguridad occidental (de la que España sigue formando parte) debería reservarse para sí.

También ha lanzado un dardo envenenado a Washington y Tel Aviv al afirmar que la seguridad de las naciones que creen en las reglas "está amenazada por la arbitrariedad" de quienes prefieren la fuerza al diálogo.

Es una claudicación moral: Sánchez señala a nuestros aliados como la amenaza y al totalitarismo del régimen de Xi Jinping como la salvación. Un totalitarismo al que el presidente español no ha hecho referencia en ningún momento.

Sánchez no ha mencionado tampoco las graves violaciones de los derechos humanos en China, la represión masiva de los uigures, el expansionismo chino en su área de influencia o la amenaza china que pende sobre Taiwán.

Este giro copernicano no es un ajuste de matices, sino una ruptura traumática con la trayectoria histórica de España desde la Transición.

Al abrazar la retórica del "Sur Global" (ese eufemismo que aglutina a democracias fallidas y autocracias consolidadas bajo la batuta de Pekín), Sánchez está sacando a España de su hogar natural.

El presidente ha decidido además que España deje de ser el aliado fiable en el flanco sur de la OTAN para convertirse en el caballo de Troya de China en Iberoamérica y África. Su oferta de ser el "puente necesario" para la expansión de la influencia china en estas regiones es, en realidad, una invitación al vasallaje.

Sánchez está entregando las llaves de nuestra influencia histórica a una potencia que no comparte nuestros valores de libertad ni derechos humanos, dinamitando de paso la confianza de Bruselas y Washington.

Este es, por tanto, un giro de 180 grados que nos sitúa en el lado equivocado de la nueva Guerra Fría. Al alinearse con la narrativa de Xi Jinping sobre la "ley de la selva", España se suma al coro de quienes buscan erosionar el orden liberal.

¿Cómo puede el presidente hablar de "Derecho internacional" junto al líder que mantiene una presión asfixiante sobre Taiwán o que ignora sistemáticamente los derechos de sus minorías?

Esta "autonomía estratégica" de Sánchez no es más que un aislamiento voluntario de las democracias occidentales, buscando en una autocracia el oxígeno político que su deriva interna le ha hecho perder entre sus socios tradicionales.

España ya no aspira a liderar en el mundo libre; aspira a ser el enlace privilegiado de un régimen que utiliza el comercio como arma de control político global.

Resulta además de un simbolismo inquietante que esta huida hacia adelante en el tablero mundial se produzca de forma simultánea al colapso judicial del entorno más íntimo del presidente.

El auto de procesamiento dictado este lunes por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez no es una pieza de doctrina jurídica, sino un inventario de hechos que sitúan a la esposa del presidente Sánchez en el centro de una operativa de aprovechamiento privado de recursos públicos.

El magistrado cierra la instrucción señalando cuatro delitos que se apoyan en una cronología de correos electrónicos, facturas y testimonios de funcionarios. La causa ya no gira en torno a una cuestión ética, sino al uso sistemático de la estructura de la Presidencia del Gobierno para dar soporte a una actividad mercantil particular.

La malversación de caudales públicos se sustenta en la figura de Cristina Álvarez, directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, quien según el auto gestionó la relación con los patrocinadores de la cátedra de Gómez y coordinó su facturación privada.

Al procesarla como cooperadora necesaria, el juez subraya que esta confusión entre el personal del Estado y la servidumbre de la familia del líder es una "conducta propia de regímenes absolutistas".

Respecto a la apropiación indebida, el magistrado detalla que el software Transfórmate, diseñado para medir el impacto social de las empresas y financiado con más de 102.000 euros de donaciones de Indra, Telefónica y Google a la Universidad Complutense, fue registrado por Gómez a su nombre personal.

Esta maniobra privó a la institución pública de un activo desarrollado con su prestigio y recursos.

En relación con el tráfico de influencias, el foco se mantiene en las cartas de recomendación firmadas por Gómez en favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés, que derivaron en la adjudicación de 10,2 millones de euros por parte de la entidad pública Red.es.

Mientras el Estado de derecho español reacciona ante estas sospechas de corrupción que cercan no sólo a Gómez, sino también al hermano del presidente y a su círculo más cercano de colaboradores, el matrimonio busca alivio protocolario en una China donde la división de poderes es una entelequia.

En Pekín, Sánchez encuentra un ecosistema libre de las "molestias" de una justicia independiente; un lugar donde la patrimonialización del Estado no sería un delito, sino una norma de conducta para la nomenklatura.

Es una paradoja sangrante. El presidente huye del reproche de "absolutismo" de un juez madrileño para ser agasajado por un régimen que lo practica de forma sistémica.

La persistencia de Sánchez en calificar el procedimiento judicial como una maniobra política choca frontalmente con la solidez de los indicios contables.

El respeto a las instituciones liberales no se demuestra con ataques al juez, ni con huidas hacia geografías ajenas a los derechos humanos, ni posicionándose del lado de esas dictaduras, sino garantizando que la frontera entre el erario público y el interés privado sea absoluta.

La salud de nuestra democracia se mide hoy por su capacidad de impedir que el gobernante trate al Estado (y a nuestra posición en el mundo) como su patrimonio particular.