Este viernes 29 de mayo de 2026, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, difundió en su cuenta de la red social X un vídeo de casi diez minutos en el que arremete contra un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.
En su vídeo, Puente califica de "absurda y ridícula" la vinculación establecida por los investigadores de la Policía Nacional entre una anotación manuscrita en la agenda intervenida a Julio Martínez Martínez y un contrato de Adif; describe el atestado como "chusco"; asegura que "no se realizó con Huawei, sino con un industrial español"; y concluye que "si todo el informe es así, yo no me creo nada".
Puente remata con una frase de alcance general con la que intenta desacreditar no sólo la mención del informe al Ministerio de Transportes y el contrato de Adif, sino la investigación completa sobre Zapatero, así como el resto de las que pesan sobre el gobierno de Pedro Sánchez: "Dudar de todo ya no es solo legítimo. Es una obligación".
Aplicando esa misma exigencia de escepticismo al discurso del ministro, el análisis de los hechos desmonta todas sus afirmaciones.
En primer lugar, la UDEF no imputa delito alguno en su informe al Ministerio de Transportes.
El atestado no califica el contrato de ilegal, no acusa de prevaricación ni de tráfico de influencias, y ni siquiera menciona al señor Puente. Se limita a relacionar la anotación ("Huawei 100 fin de mes", "400 contrato") con la licitación publicada en el Boletín Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2025 (expediente 6.25/28510.0246, importe estimado de hasta 484.000 euros) y la remite al juez instructor para su valoración.
En el auto del juez José Luis Calama no aparece además referencia alguna a Huawei, Adif o el ministro.
La mención en el informe es un indicio remitido a la autoridad judicial, no una acusación directa. La Policía señala una correspondencia entre la anotación de Julio Martínez Martínez y el contrato concedido por el Ministerio de Transportes. Lo que habría sido insólito y altamente sospechoso es, precisamente, que la UDEF obviara esa llamativa coincidencia.
En segundo lugar, el objeto del contrato es inequívoco. El anuncio del BOE y el pliego técnico especifican "suministro de equipamiento Huawei para la red de datos", destinado a la reposición de repuestos para routers y switches ya instalados en la Red Ferroviaria.
Ese contrato fue luego adjudicado a COS Mantenimiento S.A., empresa española que actúa como suministrador autorizado de material Huawei.
El Gobierno podía haber optado, conforme a las directrices europeas de 2025-2026 sobre proveedores de alto riesgo, por licitar una migración gradual a tecnologías de Nokia, Ericsson, Cisco u otros consorcios europeos o españoles. Pero no lo hizo.
En su intervención, el señor Puente no alude a ningún plan de diversificación ni explica por qué se optó por mantener y reponer la tecnología existente de Huawei con material de la misma marca. Utilizar una empresa intermediaria como suministradora de ese material no tapa la evidencia de que este es de la marca Huawei, con la que el expresidente Zapatero mantiene una estrecha relación.
En tercer lugar, el responsable directo de ese expediente fue Raúl Míguez Bailo, director general de Explotación y Mantenimiento de Adif, cuya firma aparece en el procedimiento.
Bailo fue cesado el 26 de enero de 2026 (apenas semanas después de la publicación del anuncio del contrato) junto al director operativo de Rodalies, precisamente por los graves fallos en la red ferroviaria catalana. El ministro presentó entonces el cese como "asunción inmediata de responsabilidades".
En el vídeo de ayer, sin embargo, no menciona esta sorprendente circunstancia.
Ante estos elementos, la disyuntiva es inescapable. O el informe de la UDEF es una elaboración maliciosa destinada a "embarrar" (en cuyo caso debe asumir responsabilidades el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como superior político de la Policía Nacional), o la UDEF ha cumplido con su obligación de incorporar al sumario datos objetivos para que el juez decida (y entonces quien ha deslegitimado una investigación judicial en curso es el señor Puente, con lo que su continuidad al frente del ministerio resulta insostenible).
El Partido Socialista Obrero Español gobierna España desde junio de 2018. Ocho años de control íntegro del Ministerio del Interior, de Adif, de los procedimientos de contratación y de las instituciones implicadas.
La responsabilidad política es, por tanto, enteramente suya. Del Gobierno del PSOE y de sus ministros.
En este contexto, quien mejor encarna la figura del Gran Embarrador es el propio Óscar Puente. El mismo que ayer proclamaba que dudar de todo es una obligación debería aplicársela primero a sus propias explicaciones, que sistemáticamente omiten datos esenciales, extraen conclusiones generales a partir de hechos anecdóticos manipulados por el propio ministro, y presentan como conclusiones definitivas lo que son meros indicios.
¿Acaso está el ministro Puente poniéndose la venda antes de la herida? En ese caso, ¿qué es lo que tanto miedo le da a Puente si su actuación, en este caso en concreto, ha sido impecablemente correcta?
El rol visible de Puente en el Ejecutivo parece reducirse, visto lo visto, a confrontar a jueces, policías, medios de comunicación, ciudadanos y opositores con argumentos que, una y otra vez, se revelan incompletos, inexactos o burdamente tergiversados.
O dimite Marlaska o dimite Puente. Cualquier otra salida equivaldría a admitir que, para este Gobierno, la Policía Nacional sólo es creíble cuando sus informes no señalan al PSOE de Pedro Sánchez o incomodan al ministro de Transportes.