Tal como explica hoy EL ESPAÑOL, la futura regularización extraordinaria de inmigrantes tiene todos los visos de convertirse en un coladero de expedientes faltos de la debida supervisión.

Bajo la fórmula del Real Decreto, el Ejecutivo planea conceder la residencia legal a miles de personas basándose en un requisito que menoscaba los protocolos de control: el silencio administrativo positivo aplicado a los antecedentes penales.

Si el país de origen no remite el certificado de antecedentes en un plazo de 30 días, la Administración asumirá que el solicitante está limpio. Para cubrir el expediente, bastará con una declaración responsable del propio inmigrante.

Es decir, el Estado español delega la fe pública en la palabra de quien, bajo esta fórmula, tendría precisamente un incentivo para ocultar su pasado si este fuera delictivo.

A esta falta de rigor en la comprobación de los antecedentes penales, se suma otro error de bulto: la omisión en los requisitos del historial policial.

Existe una distinción jurídica fundamental que este Gobierno parece ignorar deliberadamente. Mientras el antecedente penal requiere una sentencia firme (un proceso que en España y en el extranjero puede dilatarse años), los antecedentes policiales reflejan la reincidencia, las detenciones y la conducta real de una persona en las calles.

Ignorar el historial policial bajo el paraguas de la presunción de inocencia es una interpretación perezosa de la ley que desprotege a los ciudadanos. Resulta obvio que un Estado no puede otorgar el premio de la residencia legal a quien acumula detenciones policiales simplemente porque su juicio aún no se ha celebrado.

En este sentido, regularizar sin mirar el historial policial es, en la práctica, blindar la multirreincidencia.

Por eso, el enfoque que ha defendido el Partido Popular es el acertado: la inmigración debe ser legal, ordenada y analizada caso a caso.

No se trata de negar la realidad de miles de personas que trabajan y contribuyen a nuestra economía en la sombra. Pero una regularización masiva de medio millón de expedientes en blanco es lo opuesto a una política migratoria responsable.

Dotar de derechos y seguridad jurídica a quienes ya están integrados es un imperativo humanitario y económico.

Y, por eso, EL ESPAÑOL respalda la regularización, pero no de cualquier manera, sacrificando las garantías legales en el altar de la urgencia y la conveniencia política.

La clave de una política migratoria madura no reside en el "qué", sino en el "cómo". Y la forma en la que se ejecute este proceso determinará si España fortalece su tejido comunitario o si, por el contrario, deteriora la cohesión social y la seguridad.

El Gobierno no puede abogar por un modelo que permite premiar a los extranjeros que eluden sus obligaciones cívicas mientras castiga a los que han cumplido escrupulosamente con los trámites. Es una temeridad que un país soberano acepte como válida la autorresponsabilidad de individuos cuyo historial es desconocido.

España no puede permitirse ser la anomalía europea que ignora los estándares de seguridad del Espacio Schengen. Y la responsabilidad de lo que pueda suceder con personas regularizadas sin control recaerá directamente sobre el Ejecutivo.

No debería ser necesario recordar una premisa jurídica básica: regularizar no significa hacer tabula rasa. La integración exige transparencia y respeto mutuo entre el inmigrante y el Estado que lo recibe.

Sin un certificado de antecedentes policiales y penales fehaciente, emitido por una autoridad competente y no por la mera voluntad del interesado, no cabe regularización alguna.

El Gobierno debe encontrar una fórmula que conjugue la justicia debida al inmigrante con la salvaguarda de la seguridad del ciudadano.