La inflación en España ha alcanzado el 3,1% en octubre de 2025, un punto por encima de la media de la eurozona (2,1%), lo que convierte a nuestro país en líder europeo en encarecimiento de precios.

Pero mientras los españoles pierden poder adquisitivo, las arcas del Estado baten récords históricos de recaudación.

La causa es el impuesto más regresivo de todos: la inflación. El impuesto a la pobreza.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística dicen que los huevos se han encarecido un 22,5% en términos interanuales. La carne de ternera, un 16,5%. El café, un 19,4%. Y el pescado fresco, un 7,2%.

No son cifras aisladas. La cesta de alimentos acumula un encarecimiento del 36% desde 2021. Comprar legumbres y hortalizas frescas cuesta hoy un 99% más que hace diez años.

La dieta mediterránea se ha convertido, paradójicamente, en un lujo inaccesible para millones de españoles a los que les sale más barato comer mal. Seguir una alimentación saludable cuesta 216 € mensuales por persona, un 20% más que una dieta basada en ultraprocesados.

Mientras tanto, la macroeconomía dibuja un país que crece al 3%, lidera rankings europeos de expansión económica y genera titulares optimistas.

Pero esa narrativa choca frontalmente con la economía del supermercado, donde los salarios españoles crecen apenas un 2% anual (situándose en una media de 27.552 euros brutos) sin compensar ni por asomo la inflación acumulada.

El PIB per cápita español, además, se ha estancado en 27.740 euros, un 18,1% por debajo de la media de la eurozona, y la brecha salarial con Europa ha alcanzado los 6.100 € anuales por trabajador.

Pedro Sánchez se ha erigido en paladín de la justicia fiscal con su impuesto a los ricos: banca, energéticas, grandes fortunas. Pero el verdadero impuesto lo están pagando los pobres a causa de la inflación.

Como bien dijo el economista Milton Friedman, "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario" causado por un exceso de dinero en circulación. Y el Gobierno de Sánchez ha sido especialmente generoso en el gasto de dinero público.

El gasto del Estado se ha disparado de 104.000 millones de euros en 2018 a 190.000 millones en 2024, prácticamente el doble en siete años. Si se incluyen todos los organismos adscritos, el gasto público total alcanzó los 722.846 millones en 2024 y promete superar los 800.000 millones en 2025, un incremento del 60% respecto a 2018.

Sólo en los primeros siete meses de 2025, el Ejecutivo gastó 85.500 millones más de lo presupuestado, acumulando un déficit del 6,5% del PIB, el segundo más elevado de la Unión Europea.

Paralelamente, el salario mínimo ha subido un 61% desde 2018, alcanzando los 1.184 euros en 2025, muy por encima de la inflación acumulada (23,3%).

Esta política, loable en sus intenciones, pero catastrófica en sus consecuencias, genera presiones inflacionarias adicionales en una economía con baja productividad como la española.

Porque más masa salarial, sin incrementos paralelos de la productividad, se traduce en precios más altos. Es lo que ocurre cuando las políticas populistas se desvinculan de la realidad del mercado.

A esto se suma una política energética errática. El "modo reforzado" del sistema eléctrico (activado tras el apagón del 28 de abril) ha costado 422 millones de euros en seis meses y ha elevado las tarifas eléctricas al priorizar energías convencionales más caras sobre renovables. 

Pero quizá el gravamen más silencioso y eficaz sea la negativa a deflactar el IRPF. Este fenómeno, conocido como progresividad en frío, ha permitido al Estado recaudar 9.747 millones de euros extra entre 2021 y 2024 sin modificar formalmente las leyes.

Sólo en 2024, esta medida aportó 3.400 millones a las arcas públicas, y se estima que generará 15.900 millones adicionales hasta 2031.

El resultado es un empobrecimiento constante de la población española. La inflación acumulada durante el mandato de Sánchez alcanza el 21,3%, tres veces superior a la del gobierno anterior (7,2%).

Los alimentos en España, además, han subido un 37,9%, superando ampliamente a la eurozona (31,2%) y a Estados Unidos (28,3%), lo que evidencia que el problema trasciende factores globales.

Los dos cohetes del Gobierno despegan sin control: los precios hacia arriba, y la recaudación tributaria también. Y abajo quedan los ciudadanos, pagando el impuesto que nadie vota, pero todos sufren.