En un país cuyo Gobierno presume de estabilidad económica y de cifras de crecimiento, resulta paradójico que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se vean abocadas a financiar sus gastos corrientes más elementales recurriendo a lo que, en el mejor de los casos, puede calificarse de chapuza contable.
La noticia de que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha tenido que desviar el fondo de las multas de tráfico (originalmente destinado a la seguridad vial y el mantenimiento de carreteras) para sufragar los gastos corrientes de policías y guardias civiles es el síntoma más evidente de una anomalía institucional: la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.
El problema, lejos de ser anecdótico, afecta a la operatividad básica de las comisarías y a la dignidad profesional de los agentes.
Desde hace más de una semana, las comisarías de toda España, incluida la que protege a la Casa del Rey, carecen de fondos para reparar sus coches patrulla, arreglar sistemas de aire acondicionado o abonar dietas y adelantos a sus agentes.
La situación ha llegado al extremo de que los policías destinados a la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Sevilla de este fin de semana no saben todavía si podrán disponer de dietas para sufragar sus gastos corrientes, porque la cantidad destinada a ello por Interior no cubre ni siquiera el 50% de la dieta mínima diaria necesaria.
Otro ejemplo sangrante es el de los policías destinados a medios aéreos, que han tenido que adelantar de su propio bolsillo hasta 3.500 euros para pagar el combustible de los helicópteros.
Todo ello mientras el Gobierno, en sus comparecencias públicas, sigue sacando pecho por la buena marcha de la economía española.
La raíz de este despropósito no es otra que la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. La falta de nuevas cuentas públicas, consecuencia directa de la parálisis política y la incapacidad de alcanzar acuerdos en el Congreso, ha generado un bloqueo en la asignación de fondos y, por extensión, en los servicios esenciales que dependen de ellos.
Así, Interior se ha visto obligado a negociar con la Agencia Tributaria para poder costear las dietas de los agentes destinados a la Cumbre de Sevilla y, en paralelo, a recurrir al fondo de seguridad vial de la DGT, donde se ingresan las multas de tráfico, para cubrir gastos corrientes.
Esta maniobra implica un trasvase de recursos que genera nuevos problemas.
Porque los fondos recaudados por multas de tráfico tienen un destino finalista: deben invertirse en mejorar la seguridad vial, mantener las infraestructuras y prevenir accidentes. Desviarlos a otros fines no sólo es una distorsión contable, sino que priva a la sociedad de inversiones necesarias en carreteras y prevención, con el consiguiente riesgo para la seguridad de todos los ciudadanos.
La ironía es aún mayor si se considera que algunos de los agentes que no disponen de fondos para sus dietas están destinados a proteger eventos internacionales de primer nivel.
Es el caso de la mencionada 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, en la que el Gobierno español presumirá frente a la comunidad internacional de las grandes cantidades de dinero que destina a cooperación internacional… mientras la policía ve cómo el Ejecutivo es incapaz de pagar siquiera sus gastos más elementales, como el de la gasolina de los coches patrulla.
Es decir, España se esfuerza en proyectar una imagen de solvencia y capacidad organizativa ante el mundo, mientras sus policías deben adelantar dinero de su bolsillo para poder desempeñar su labor.
La ciudadanía merece transparencia y rigor en la gestión de los recursos públicos. La incapacidad y las dificultades políticas del Gobierno no pueden degenerar en soluciones improvisadas que generan más problemas de los que resuelven y que transmiten una imagen casi tercermundista de nuestro país.
Es urgente, por tanto, que el Gobierno y el Parlamento asuman su responsabilidad y doten a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los fondos que les permitan planificar y financiar adecuadamente los servicios esenciales.