Las protestas de los agricultores, sin el apoyo de las tres principales organizaciones sindicales del sector (ASAJA, COAG y UPA), continuaron ayer en varios puntos de España provocando la detención puntual de algunos alborotadores y cortes de carreteras en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, las dos Castillas, La Rioja, Navarra, Andalucía y Aragón. 

Las concentraciones continuarán hoy jueves y se sumarán a una segunda protesta, la convocada para hoy jueves por los principales sindicatos agrarios.

A las protestas del sector agrario se sumará también este sábado al menos una parte del sector del transporte con el paro convocado por la plataforma minoritaria 6F.

De este último paro se ha desvinculado la CNTC, que agrupa a los principales sindicatos del sector y que ha pedido al ministro Óscar Puente que garantice la libre circulación de personas y mercancías para evitar un posible desabastecimiento.

Bruselas ha pedido "no simplificar" las protestas de los agricultores y reducirlas, como pretenden aquellos partidos que están intentando capitalizar políticamente la protesta, a una batalla contra la Agenda 2030 y los objetivos de sostenibilidad medioambiental concretados en la Política Agraria Común (PAC) de la UE.

Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha apoyado las reivindicaciones de los agricultores, pero ha reclamado que las protestas no entorpezcan la actividad económica ni la libre circulación, de la que dependen muchos otros sectores.

Garamendi ha recordado también que la patronal exigió, como contrapeso a un aumento del salario mínimo interprofesional que ha tenido un impacto especialmente grave en el sector agrario, que el Gobierno rebajara las cotizaciones sociales al campo. 

EL ESPAÑOL coincide con el punto de vista de la CEOE. Las protestas son razonables en varias de sus exigencias. Es legítimo por ejemplo pedir el aligeramiento de la burocracia que asfixia al sector. También parece razonable pedir una regulación laboral y de Seguridad Social específica en un sector primario cuyas circunstancias laborales son muy diferentes a las de otros sectores empresariales. 

Y es por supuesto razonable pedir que las reglas de juego, especialmente en materia fitosanitaria, de sostenibilidad medioambiental y de bienestar animal, sean aplicadas también a los productores externos al mercado común de la UE. Porque lo contrario sería aceptar que los productores europeos compitieran con una mano atada a la espalda frente a los productores extranjeros. En el caso de España, los agricultores señalan, muy concretamente, a sus competidores marroquíes. 

Este diario cree también que los objetivos de sostenibilidad medioambiental, que no pone en duda, deben ser compatibles con la supervivencia del campo y no poner en riesgo al sector primario exigiendo objetivos irreales y más ideológicos que técnicos. 

También reconoce que la crisis provocada, entre otros factores, por la invasión de Ucrania, a la que ahora se ha sumado la sequía, ha impactado de forma especialmente grave sobre los agricultores y los ganadores, encareciendo la energía y sus insumos. 

Pero las protestas no pueden poner en riesgo la supervivencia de otros sectores empresariales, utilizar a los ciudadanos y a los trabajadores como rehenes o paralizar la circulación de la que depende la actividad económica de muchos españoles. El derecho a la protesta, que este diario ampara sin reservas, no debe ejercerse, en resumen, a costa de los derechos del resto de los ciudadanos.