Pedro Sánchez ha dado a entender este jueves en su entrevista en Antena 3 que estudia "rediseñar" el impuesto extraordinario a las compañías energéticas. Y al argumentar que "hay proyectos industriales que necesitan una política energética que estimule la inversión", ha venido a reconocer que la prioridad es conseguir fondos para la transición energética.

El Gobierno es consciente de que acometer y cumplir con los exigentes objetivos que se marcó en la revisión del Plan Nacional de Energía y Clima 2030 del pasado junio obligarán a movilizar una inversión superior a los 241.000 millones de euros. El Ministerio para la Transición Ecológica disparó todas las metas en materia de renovables, biometano, hidrógeno verde y almacenamiento. Y va en detrimento de alcanzarlos la imposición de unos gravámenes que lastran la actividad de las empresas energéticas.

Las palabras de Sánchez confirman las pronunciadas este lunes por Teresa Ribera en la COP28, cuando avanzó que el Ejecutivo se replantea el impuestazo a las energéticas. Y sus argumentos fueron parecidos: "Es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético".

Es reveladora esta enmienda parcial de Moncloa a su política económica. Ahora Ribera se abre a "determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura".

En definitiva, el Gobierno sabe que ya no puede hablar de "beneficios caídos del cielo, por no hacer nada", que en principio justificaban gravar temporalmente la facturación de las energéticas ante el incremento de los precios de la energía. Y admite indirectamente que, por tanto, debe corregir su programa fiscal.

El anuncio de Sánchez es importante porque el tributo extraordinario tenía una duración prevista de dos años, 2022 y 2023. En este ejercicio, los impuestos a la banca y empresas energéticas han recaudado 2.900 millones de euros. Es decir, poco más del 0,5% de la recaudación total de todas las Administraciones públicas, y un 1,14% de los ingresos de la Hacienda central.

Sin embargo, la disposición de Sánchez y Ribera a revisar estos gravámenes choca con el rechazo de Yolanda Díaz a eliminarlos, tal y como aclaró en una conversación informal este miércoles.

Cabe recordar que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar contempla "revisar los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual". Es decir, convertir en permanente un impuesto temporal.

Y con Sumar y Podemos ya en guerra abierta, es de esperar que Díaz se muestre reacia a rebajar la carga fiscal sobre las grandes empresas, algo que contravendría su ideario económico demagógico e intervencionista.

A la espera de que Moncloa aclare qué será de este gravamen, es una buena noticia que Sánchez haya llegado a reconocer, aunque tarde, que una fiscalidad arbitraria y de dudosa fundamentación jurídica y económica redunda en un perjuicio para la inversión.

El movimiento debe entenderse como parte del cambio de actitud del presidente hacia las grandes empresas, con las que viene manteniendo reuniones para una nueva legislatura de menor hostilidad.

La revisión tiene como antecedente directo el anuncio del consejero delegado de Repsol, que anunció el pasado octubre la intención de explorar "alternativas" a sus inversiones en España "si no hay estabilidad política". Josu Jon Imaz dejó así en el aire una inversión de 8.000 millones de euros que podría redirigirse a otros países si se prorroga el impuestazo a energéticas y banca.

Cabe preguntarse también, si el Gobierno elimina este impuesto, qué hará con el de la banca. Y más en un contexto de bajada de tipos, y teniendo en cuenta que este sector soporta una presión fiscal superior al resto. El Banco Santander ya avisó de que el impuesto a los bancos podría afectar a la concesión de crédito en momentos menos favorables para el sector que el actual.

Sánchez no puede desoír a los expertos, empresarios y patronales que vienen alertando del riesgo que supone para la competitividad de las empresas españolas los anómalos tributos extraordinarios del Gobierno de coalición.

El Ejecutivo debe poner fin cuanto antes a este par de impuestos discriminatorios que ni siquiera gravan realmente los "beneficios caídos del cielo". En lugar de penalizar los ingresos de nuestras mejores empresas, el Gobierno debe aportar seguridad jurídica y estabilidad regulatoria para evitar que las compañías españolas reconduzcan sus inversiones hacia países con entornos más fiscalmente atractivos.