El rito institucional celebrado este miércoles, la solemne sesión de apertura de la XV Legislatura, inaugura ceremoniosamente el curso parlamentario. Pero toda esta pompa queda vacía cuando se obvia su simbolismo: el del comienzo del debate sobre el futuro de España en el órgano que representa la soberanía nacional.

Esta es una más de las anomalías que sufre nuestro país. Porque el de este martes ha sido sólo uno de los dos actos formales de inauguración de la legislatura. El segundo (el realmente decisivo) tendrá lugar este sábado con la reunión en Ginebra entre PSOE y Junts bajo la vigilancia de un verificador internacional.

De este encuentro, concebido para "realizar un seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones", sólo conocemos el orden del día marcado por Junts: la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña y la cesión de todos los tributos a la administración autonómica.

Es una extravagancia que a las Cortes Generales se les dispute su naturaleza, la de albergar las deliberaciones públicas sobre las futuras leyes y la de supervisar la acción del Gobierno. En un sistema democrático, es inaudito que las cuestiones que atañen a la continuidad del Ejecutivo, al reparto del erario y a la soberanía nacional se vayan a debatir en un espacio paralelo en un entorno de secretismo.

A pesar de que el PSOE insiste en que la cita del sábado en Suiza se limita a una "reunión de trabajo" ordinaria, la cita con Junts bajo la mirada de un "verificador" anónimo supone el sometimiento del presidente del Gobierno a un examen inaudito.

La participación de un verificador internacional, como actor neutral que acompaña y modera un proceso de negociación política, supone además que una figura cuya identidad desconocemos, ajena al ordenamiento jurídico español, ejercerá la función de arbitraje institucional que le correspondería al jefe al Estado.

Y ello sólo unos días después de que la apertura de la Cortes Generales tuviera lugar tras un discurso de Felipe VI en el que invocó la memoria de los acuerdos de la Transición y en el que pidió "honrar el espíritu de la Constitución". Un discurso boicoteado por la ausencia de los socios independentistas de Pedro Sánchez.

La pantomima ha quedado rematada con el órdago de Carles Puigdemont al PSOE. Y es que el prófugo le ha comunicado a Manfred Weber que está dispuesto a pactar con el PP una moción de censura para tumbar al Gobierno si este no cumple con los acuerdos de legislatura. El desafío ha obligado al PSOE a responder que bajo ningún concepto traicionará la palabra dada a Carles Puigdemont. 

La amenaza deja al descubierto la impostura de la "mayoría progresista" de la investidura de Sánchez, pues esta incluye a un partido que reconoce que sus posiciones en materia económica o de apoyo a Israel están "más alineadas" con el PP.

Es una extravagancia de primer orden que el Gobierno se avenga a esta escenografía de interlocución con los representantes de un fugado de la Justicia en una reunión secreta en un espacio presuntamente "neutral", como si Junts fuera el Gobierno de una nación soberana. Es inaceptable, en fin, que la política de un Ejecutivo que presume de transparencia vaya a decidirla un prófugo en Suiza y de espaldas a los españoles.