En plena precampaña de las elecciones del 29 de noviembre, el Ejecutivo ha decidido cesar a seis delegados del Gobierno y a siete subdelegados para incorporarlos a las listas electorales del PSOE.
La operación, formalmente obligada por la LOREG, coincide con un periodo en el que las mismas Delegaciones del Gobierno están siendo objeto de críticas reiteradas por la gestión del orden público ante escraches y concentraciones violentas contra la oposición que de forma casi indefectible terminan en altercados frente a dispositivos policiales siempre menos numerosos de lo que dicta el sentido común.
La metáfora es inevitable: se amplía la plantilla del parque de bomberos con quienes han hecho la vista gorda mientras las calles se incendiaban.
Los hechos son estos.
El 21 de octubre, en la plaza de María Pita de A Coruña, coincidieron un acto de Vox y una concentración autorizada de grupos de izquierda. El resultado fue lanzamiento de objetos, enfrentamientos y cargas policiales.
JUPOL exigió la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por haber permitido una manifestación de radicales "con el objetivo de reventar un acto político" y por falta de previsión y de medios.
Días antes, en Madrid, un escrache contra Isabel Díaz Ayuso obligó a modificar sobre la marcha el dispositivo de seguridad.
JUPOL y CEP pidieron también la dimisión de Francisco Martín, delegado en Madrid, por negligencia en la planificación y por no facilitar instrucciones operativas claras a los agentes.
En Pamplona y, más recientemente, en Zaragoza, las concentraciones contra actos de Vito Quiles derivaron en disturbios, lanzamiento de objetos y la intervención de la UIP.
En paralelo, las acampadas de vivienda en la Puerta del Sol, en Valencia y en Sevilla han ocupado espacios públicos centrales durante semanas, con una permisividad que los sindicatos policiales contrastan con la rapidez con la que se han desalojado otras concentraciones de signo distinto.
Ninguno de estos episodios convierte automáticamente una autorización de reunión (que es un derecho constitucional) en un delito.
Pero sí documentan un patrón de coincidencias temporales, de dispositivos insuficientes y de denuncias sindicales reiteradas sobre falta de órdenes claras. Cuando el mismo organismo que autoriza o coordina la seguridad es acusado de modular la temperatura de la calle, la sospecha de uso partidista deja de ser una simple consigna de la oposición.
Ese es el contexto en el que el Consejo de Ministros ha cesado, estos días, a Pilar Bernabé (Valencia), Adriana Lastra (Asturias), Pedro Fernández (Andalucía), Carlos Prieto (Cataluña), Fernando Beltrán (Aragón) y José Luis Quintana (Extremadura), junto a siete subdelegados, para que puedan concurrir en las listas socialistas.
La ley lo exige, pero el momento y el perfil de los elegidos lo convierten en un gesto político.
Bernabé, por ejemplo, había sido criticada por la gestión de la acampada valenciana y, al mismo tiempo, era ya cabeza de lista por Valencia y candidata a la alcaldía.
El reciclaje electoral de cargos territoriales cuya gestión del orden público está bajo sospecha alimenta la percepción de que se premia la lealtad en un terreno crítico para la seguridad de los españoles.
Como añadidura, este mismo 22 de octubre, la Junta Electoral Central ha resuelto que el CIS, presidido por José Félix Tezanos, vulneró el plazo legal al no informar al PP, dentro de las cuarenta y ocho horas exigidas por la LOREG, de los datos del barómetro de octubre.
La JEC no ha abierto expediente sancionador (considera la infracción de escasa entidad), pero ha exigido a Tezanos que se abstenga de repetir actuaciones contrarias a la legislación y que facilite de inmediato la información pendiente sobre la encuesta preelectoral del 29-N.
El barómetro en cuestión situó al PSOE en el 34% de estimación de voto y al PP en el 22,2%, un escenario que diverge del consenso mayoritario de las empresas demoscópicas privadas.
No es un caso aislado: Tezanos ya fue multado con 3.000 euros en 2024 por no comunicar una encuesta flash realizada en periodo electoral, multa ratificada por el Tribunal Supremo.
El patrón de sobreestimación sistemática de la izquierda desde 2018 está documentado en múltiples análisis independientes.
No hace falta demostrar una orden explícita de Moncloa para tolerar la violencia o para manipular la percepción de los españoles sobre las posibilidades electorales del PSOE.
Basta con observar la acumulación de decisiones discrecionales (autorizaciones, dispositivos, plazos de información) que coinciden en el tiempo y que benefician, en la práctica, al relato de un Gobierno que se presenta como víctima de una calle hostil mientras recicla a sus gestores territoriales y mantiene un CIS cuyas cifras refuerzan ese relato.
La neutralidad institucional no es un privilegio de la oposición. Es la condición de una contienda electoral limpia. Cuando el poder utiliza, o permite que se utilicen, el orden público y la información pública como palancas de campaña, el coste no lo paga sólo un partido.
Lo paga la confianza en el Estado de derecho.
El Gobierno ha trasladado más bomberos a los incendios. La particularidad es que esos bomberos son los mismos que han provocado los incendios, que los han propagado o que no han hecho nada para apagarlos.