El guion escrito por los estrategas del PSOE para la campaña del 28-M, con autonomías y municipios clave en disputa, era muy claro. Proyectar la imagen de un partido propositivo, con medidas sociales seductoras para los votantes y una gestión económica pulcra, más allá de los reproches de los adversarios.

Lo que no contemplaron los ideólogos de la campaña fue que, a pocas horas de las elecciones, el plan saltara por los aires. Y que lo hiciera por una constante sucesión de eventos políticamente escandalosos, cuando no delictivos.

La hemeroteca semanal es devastadora para las expectativas electorales del PSOE. Al hallazgo de la compra masiva de votos en distintos municipios del país, que pone en el radar tanto a socialistas como a aliados históricos como Coalición por Melilla, se suma el secuestro a punta de pistola de Vanessa Romero, concejala del PSOE en la población granadina de Maracena, en una operación criminal dirigida por altos cargos del partido en Andalucía. Entre los investigados aparecen el secretario de Organización, Noel López; el concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva; y la propia alcaldesa, Berta Linares.

El móvil pudo ser la disposición de la víctima a revelar información incriminatoria para algunos compañeros y, como resultado, sensible para el partido. No es un caso menor.

Tampoco es el único. La Guardia Civil detuvo ayer en Albudeite (Murcia) a trece personas e investiga a otras dos por presunta compra de votos, entre ellas la candidata socialista Isabel de los Dolores Peñalver. No es un caso aislado. Viene acompañado de las revelaciones de fraude registradas en Mojácar (Almería) y Melilla, donde se vendía el voto por cantidades que oscilan entre los 50 y los 200 euros.

Si el PSOE tenía esperanzas de que el paso de los días hiciera que los españoles olvidaran la presencia de etarras en las listas de su socio EH Bildu, ayer la perdió de un plumazo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, argumentó que esta realidad es "legal", pero no "decente". Pero pasó por alto que, en al menos uno de los casos, también era irregular. La Junta Electoral de Zona de Donostia excluyó ayer de la candidatura en Astigarraga a Sara Majarenas, exmiembro del comando Levante, por estar inhabilitada hasta 2028.

De modo que la apuesta del PSOE por medidas electoralistas como la Ley de Vivienda, la Ley de Paridad, las ayudas a los mayores para asistir al cine o la subvención del interraíl a los jóvenes, así como la polémica alimentada en el Parque Natural de Doñana, han quedado eclipsadas por una realidad implacable.

El PSOE se ha quedado sin capacidad de maniobra, y eso sin necesidad de que el Partido Popular explotara sus bazas principales: el caso del Tito Berni y la ley del 'sí es sí', con cientos de agresores sexuales beneficiados.

Sánchez tuvo la ocasión ayer de abordar una rápida operación de control de daños. Pudo anunciar una investigación exhaustiva sobre el fraude electoral y el secuestro de una concejala. Pudo incluso relativizar la magnitud del problema y proporcionar explicaciones detalladas. En cambio, ignoró los casos y atribuyó los problemas a la voluntad del PP de "embarrar la campaña". Parece un argumento poco eficaz si el propósito es persuadir al votante desencantado.

La única imagen que proyecta el PSOE, a estas alturas, es la del conejo deslumbrado por las luces en medio de la autopista. Y eso, no nos engañemos, es una mala noticia. El PSOE es un partido esencial en nuestra democracia, y este desmoronamiento apareja el peligro de que los partidos radicales a su izquierda ocupen su espacio. El riesgo es alarmante para los españoles. Aunque no tanto como para Pedro Sánchez.