El Gobierno no ha dejado pasar la ocasión de reivindicar su gestión económica después de que Bruselas diera a conocer este lunes sus previsiones de crecimiento para España este año. La Comisión Europea ha mejorado cinco décimas sus pronósticos, hasta el 1,9%, lo que le ha permitido decir a Nadia Calviño que las previsiones del Ejecutivo comunitario "están muy alineadas con las del Gobierno de España".

No le faltan argumentos a la vicepresidenta para defender que las últimas estimaciones "confirman la buena marcha de la economía española". Porque la tónica general ha sido la de la revisión al alza de las previsiones de crecimiento del PIB para España por parte de diversos órganos nacionales e internacionales.

El Banco de España elevó las suyas en tres décimas, hasta el 1,6%. Y el Fondo Monetario Internacional corrigió en abril sus pronósticos de enero, del 1,1% al 1,5% para 2023.

Pero en todos los casos, las previsiones son menos optimistas que las del Gobierno, que prevé un crecimiento del 2,1% en 2023 y del 2,4% en 2024. Sólo en lo referente a la evolución de la deuda (110,6% del PIB este año y 109,1% en 2023) los cálculos del Ejecutivo comunitario coinciden con los del español. Una reducción de la deuda que, en cualquier caso, se explica únicamente por el crecimiento de la economía y no por ajustes presupuestarios o medidas adicionales.

Aún así, es evidente que Calviño puede presumir de la mejora de indicadores como el PIB aunque sólo sea porque los pronósticos catastrofistas del año pasado no se han cumplido, habiéndose alejado definitivamente el fantasma de la recesión.

De hecho, España será uno de los países comunitarios que más crezca este año, muy por encima de la media de la eurozona (1,1%). Una expansión que la Comisión Europea atribuye en gran medida a "un mercado laboral muy sólido", además de al impacto positivo de los fondos Next Generation, la bajada de los precios de la energía y la recuperación del sector turístico.

En este sentido, Bruselas coincide con el análisis de la OCDE, cuyo secretario general señaló en el III Wake Up, Spain! de EL ESPAÑOL la mejora de nuestro mercado de trabajo, gracias al aumento de contratos indefinidos a raíz de la reforma laboral.

Es razonable que Pedro Sánchez vaya a servirse del espaldarazo de la Comisión para sostener su discurso de que "la izquierda gestiona muchísimo mejor la economía que la derecha". Porque será un balón de oxígeno en un momento en el que se está mostrando impotente para alejar el foco de la campaña de las controvertidas listas de Bildu. Y hará que difícilmente la oposición pueda esgrimir la economía como argumento de peso para desahuciar a Sánchez de la Moncloa.

Pero no se puede olvidar la parte menos laudatoria de las previsiones de Bruselas. La Comisión también ha avisado de que España incumplirá su propio objetivo de déficit en 2024. Y ha alertado al Gobierno de que se ha aminorado el ritmo de reducción del "todavía elevado" déficit y de la deuda pública. Si no se revierte esta desaceleración y se mantiene el desfase presupuestario del 3,3%, España se enfrentaría a sanciones automáticas.

Porque, como también ha recordado el Ejecutivo de Ursula von der Leyen, el año que viene volverán a entrar en vigor las reglas de disciplina fiscal de la UE, suspendidas durante cuatro años por la pandemia y la guerra en Ucrania. A la próxima aplicación de estas normas, que reducirá la plena libertad para endeudarse de la que ha disfrutado el Gobierno hasta ahora, la Comisión suma el posible "impacto adverso" de las subidas de tipos del Banco Central Europeo y las revisiones al alza de las previsiones de inflación.

Por ello, el Gobierno no debe caer en triunfalismos ni olvidar que, como señala Bruselas, la actividad económica se está desacelerando. Tampoco que nuestro país será en 2024 el tercero con mayor deuda pública de toda la UE, sólo superado por Grecia e Italia.

Calviño ha asegurado que el Ejecutivo logrará reducir en 2024 el déficit público hasta el umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad. Pero será muy difícil hacerlo (y más en un contexto de frenazo económico que no permitirá una recaudación tan elevada como este año) si el Gobierno lo fía todo al crecimiento.

Recortar los niveles de déficit y deuda pública exige adoptar medidas adicionales de ajuste.