La reforma de las pensiones que se votará hoy en el Congreso de los Diputados tiene, como tantas otras leyes de este Gobierno, los días contados. Y eso tanto si es el PP el que gana las elecciones generales a finales de 2023 como si es el PSOE. 

Como detalla la disposición adicional segunda del decreto ley del Gobierno, si en un plazo de dos años (es decir, en 2025) los cambios introducidos por la reforma de José Luis Escrivá no consiguen incrementar los ingresos del sistema en las cantidades previstas, y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo certifica, al Gobierno sólo le quedarán tres opciones.

1. Aumentar todavía más las cotizaciones, algo que tendría un impacto demoledor en el mercado laboral.

2. Reducir las pensiones.

3. O una combinación de las dos anteriores.

En dicha disposición adicional segunda se afirma que "en caso de que se produzca algún exceso", es decir, algún desajuste severo entre los ingresos del sistema y el gasto en pensiones, la AIReF elaborará un informe que servirá de guía para una contrarreforma y que comprenderá "un conjunto amplio de posibles medidas para eliminar el exceso del gasto neto en pensiones".

Pero lo cierto es que esas medidas sólo se aplicarían en caso de que sea el PSOE el que ocupe la Moncloa en 2025. Porque si es el PP el que ostenta la presidencia, la reforma de José Luis Escrivá habrá sido derogada mucho antes de esa fecha. Según Alberto Núñez Feijóo, la sostenibilidad del sistema no se garantiza aumentando las cotizaciones o reduciendo las pensiones, sino aumentando en 1,7 millones el número de trabajadores. 

La ruptura del Pacto de Toledo y las diferencias entre PP y PSOE respecto a cuál debe ser la hoja de ruta que conduzca a la sostenibilidad del sistema de pensiones es una más de las consecuencias de la polarización política que ha devastado cualquier terreno común que pudiera existir entre ambos partidos y que ha alcanzado incluso a asuntos nucleares del Estado del bienestar como este. 

EL ESPAÑOL, en línea con la AIReF, cree que la reforma de Escrivá se basa en una previsión excesivamente optimista sobre la evolución de la economía y del mercado laboral español. El PP haría bien también en no fiarlo todo a la creación de 1,7 millones de puestos de trabajo nuevo, algo que supondría ampliar al resto de España, e incluso incrementar, el ritmo de crecimiento conseguido por Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, la más dinámica de todo el país. 

La reforma de las pensiones no puede, y no debería, convertirse en el asunto tabú por excelencia de las políticas públicas españolas. Aumentar las cotizaciones no sólo podría tener efectos muy dañinos en el mercado laboral y empresarial, sino que ni siquiera soluciona el problema a largo plazo. Ampararse en previsiones económicas que ningún analista serio suscribe es un brindis al sol. Y reducir las pensiones, el único remedio a largo plazo realmente efectivo, parece ser anatema en nuestro país. 

Quizá, como ya ha defendido EL ESPAÑOL en anteriores editoriales, hace falta un Macron en España. Alguien que, a riesgo de su propio futuro político, decida por una vez hablar a los ciudadanos como adultos y exponerles la realidad del declive demográfico y del crecimiento del número de pensionistas en contraste con la caída de los cotizantes.

Quizá los jubilados de hoy no se lo agradezcan. Pero los del futuro, desde luego, sí.