Resulta sintomático que, de un tiempo a esta parte, la corrupción en el fútbol haya eclipsado los debates y las informaciones sobre las competiciones. En diciembre se debió al Mundial de Catar, concedido al país árabe a voluntad de una élite a sueldo, y en los últimos coletazos del invierno responde a las graves revelaciones conocidas sobre el fútbol español, que cuestionan la limpieza de la época más gloriosa del Barcelona.

A lo largo de dos décadas, entre 2001 y 2018, el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira, recibió siete millones de euros por unos informes arbitrales que nadie encuentra y que varios técnicos azulgrana aseguran desconocer. Salió rápidamente el presidente del club catalán, Joan Laporta, a atribuir todas las acusaciones contra el Barcelona a una conjura contra el actual líder de La Liga. Pero la cortina de humo fue poco eficaz ante la realidad que describe el caso más pestilente hasta la fecha. 

Desde el Barcelona no se ha ofrecido ninguna explicación convincente para el abono, al número dos de los árbitros españoles, de una cantidad desorbitada. Sostienen que es una práctica habitual, por más que no se haya probado ningún pago similar en ningún otro club. Mucho menos a uno de los dos hombres con más poder sobre los colegiados.

Pero lejos de concluir aquí el escándalo, comienza. Mientras la justicia avanza en la instrucción de la causa, se van revelando detalles que impiden adivinar el final del hilo negro del fútbol español. Como informa este periódico, el director de deportes del Barcelona entre 2014 y 2021, Albert Soler, fue designado director general de deportes del Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, en su año de salida del club catalán.

Su nombre saltó a las portadas tras publicarse, por voz del secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, que “conocía los hechos y no los denunció”.

De modo que el hilo pasa de Negreira a Soler, y continúa. Porque la Federación inició una investigación interna para escrutar la profundidad de los bajos fondos, y un árbitro se negó a responder a las preguntas: el catalán Javier Estrada Fernández. Al contrario, presentó una querella que detiene las pesquisas, al menos temporalmente, y frustra las ambiciones de la Fiscalía. Poco se conoce sobre sus motivaciones, pero no ayuda a contener las sospechas. 

Tampoco contribuyen al prestigio del fútbol español y La Liga las conspiraciones patrocinadas por Javier Tebas, con el propio Soler como protagonista, para aumentar su cuota de poder. Se alió con el directivo del CSD para echar al presidente de la Federación, Luis Rubiales, con la aspiración de que Soler pasara a ocupar ese cargo. Al mismo tiempo, Tebas trató de captar al vicesecretario general del organismo rector del fútbol en España con un precontrato con La Liga, tras preguntarle si tenía acceso a los servidores de la Federación y a los grupos de Telegram de su cúpula.

Este diario insistirá, sin descanso, en la importancia de investigar a fondo, sin cortapisas, para responder cuanto antes a la gran pregunta: ¿hasta dónde alcanza la mancha que amenaza con destruir la reputación del fútbol nacional? Sólo resolviéndola se limpiarán las cloacas del deporte, caiga quien caiga y afecte a quien afecte, para dar paso a una etapa de honradez y transparencia.

Nada habría más dañino que, ante la gravedad de los eventos, triunfaran la ley del silencio y la impunidad. Deben contribuir todas las instituciones a la búsqueda de la verdad. El Comité de Árbitros, la Federación y La Liga. Y, parece evidente, el Gobierno de la nación, que no puede echar más balones fuera. El alcance averiguado es más que suficiente para exigir una reacción a la altura. La credibilidad del fútbol español está en juego. Y esto trasciende, por mucho, las líneas del deporte.