La controversia que ha levantado el anuncio de la reforma de la malversación, con inquietud dentro del propio PSOE ante la repercusión electoral que pueda tener y con el rechazo de la oposición y la inmensa mayoría de los ciudadanos, está forzando al Gobierno a jugar al despiste.

Desde que trascendiera el mes pasado que Pedro Sánchez había acordado con ERC negociar la rebaja de la malversación juntamente con la de la sedición, el escándalo político generado llevó al Gobierno a pisar el freno con la reforma. La falta de apoyos de algunos de sus socios (Unidas Podemos y Más País, entre otros), así como las críticas de Lambán, Lobato, Tudanca, García Page y Fernández Vara hicieron que el PSOE pausase este compromiso con ERC hasta encontrar una fórmula que permitiera no "favorecer a los corruptos".

Así, en las últimas dos semanas Moncloa ha ido lanzando a la opinión pública el argumentario (similar al que movilizaron tras la sentencia condenatoria a Griñán) de que no es igualmente condenable un desvío de fondos públicos para el lucro personal que para otros fines supuestamente menos lesivos. Y María Jesús Montero llamó uno a uno a los barones socialistas para garantizarles que la modificación del delito de malversación no se aplicaría a corruptos, sino que solo afectaría a los implicados en el procés.

De esta forma, Sánchez volvió a abrir gradualmente la puerta a reformar la malversación, hasta reconocer en el acto por el Día de la Constitución que estudiaba revisar el delito.

Y lo ha confirmado el registro hoy en el Congreso por los dos partidos del Gobierno de una enmienda transaccional a la de ERC para añadir en la reforma del Código Penal que rebaja la sedición un nuevo tipo de malversación, que penaliza con hasta 4 años de cárcel el "desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública". Es verdad que la propuesta de PSOE y UP contempla un año más de pena que la de ERC en su enmienda presentada el pasado viernes. Pero no hay que olvidar que siguen siendo dos años menos con respecto a lo contemplado actualmente en el Código Penal.

Este movimiento sugiere que el Gobierno le ha dejado a ERC registrar primero su enmienda, y que ahora registra la suya para dar la impresión de que viene a moderar las exigencias excesivas de los republicanos. El Ejecutivo intenta con esta corrección presentarse como punto medio y equilibrador. Pero todo indica a que la gestión de los tiempos estaba perfectamente planificada de antemano, a fin de que parezca que Sánchez no le da a ERC todo lo que pide exactamente.

Pero el problema no es endurecer las penas que plantea ERC en su enmienda. Es la rebaja de los delitos de malversación en sí misma, y la inclusión de supuestos y gradaciones para diferenciar los castigos si existe ánimo de lucro o si el uso indebido de fondos públicos se ha destinado a otros "usos particulares".

Por eso mismo, el problema ético, jurídico y político no se resuelve con un arreglo para que, como vende el PSOE, no puedan verse favorecidos políticos corruptos. Tampoco se extingue la cuestión con la añadidura de otra enmienda como la registrada el pasado viernes por UP y PSOE para crear un delito de enriquecimiento ilícito que endurezca los castigos del lucro personal.

En definitiva, lo mollar no es que el Gobierno consiga evitar la despenalización del enriquecimiento con dinero público. Lo grave es el hecho mismo de reducir el cuadro penal para beneficiar a personas concretas. Algo que Moncloa también insiste en negar, al sostener que las presentación de las propuestas no ha sido pactada con ERC. Pero aunque no haya habido negociaciones formales, la enmienda para rebajar el delito de malversación ha sido "negociada" en las últimas semanas con el PSOE, tal y como ha informado este periódico.

Además, el término "desvío presupuestario" en la enmienda del PSOE y UP no es más que un nuevo eufemismo encubridor, igual que el nuevo delito de "desórdenes públicos agravados" para sustituir a la derogada sedición.

Una estrategia similar es la que está siguiendo el Gobierno para aplacar las críticas en otro de sus grandes frentes abiertos, la Ley Trans. Después de haber permitido que la norma saliese del Consejo de Ministros en su redacción actual, la reacción furibunda del sector clásico del feminismo socialista forzó al PSOE a presentar enmiendas a la ley de Irene Montero el pasado 31 de octubre.

Pero, como en el caso de la malversación, el problema no queda liquidado por una rectificación de la propuesta más radical. En este caso, para establecer cierta tutela judicial sobre la autodeterminación de género para menores entre 14 y 16 años. El PSOE juega ahora a que con sus enmiendas protegen "la seguridad jurídica de los menores", cuando el motivo de consternación social no es la falta de acotación de la autodeterminación, sino el visto bueno a la autodeterminación en general. Como pone de relieve la encuesta de Sociométrica-EL ESPAÑOL de hoy, casi el 65% de los españoles se opone a la Ley Trans, tanto al articulado salido del Ministerio de Igualdad como al enmendado por el PSOE.

El modus operandi de Sánchez en la cuestión trans y en el cambio en la malversación es indicio de una estrategia consistente en amortiguar dislates legislativos con correcciones insignificantes. Pero esto no supone ninguna solución, en la medida en que, para estos casos, elegir el mal menor supone elegir un mal igualmente dañino e inadmisible.