El Gobierno no puede pasar por alto el escrito del Gobierno de Marruecos dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra que, con fecha de 9 de septiembre de este año, afirmaba que "Melilla sigue siendo un presidio ocupado y por este hecho no podríamos hablar de fronteras, sino de simples puntos de paso".

El escrito también corrige el término "fronteras hispanomarroquíes" y afirma que "Marruecos no cuenta con fronteras terrestres con España".

El escrito de Rabat se produjo en respuesta a una demanda de información del Consejo de Derechos Humanos respecto a "el uso excesivo y letal de la fuerza con los emigrantes de ascendencia africana, en particular refugiados y demandantes de asilo". 

Dicho de otra manera. Marruecos aprovechó una investigación de la ONU sobre su violenta actuación en la frontera de Melilla del 24 de junio para negar la soberanía española sobre ambas ciudades con el subterfugio de calificarlas a ambas de "enclaves" y a Melilla, en concreto, de "presidio ocupado".

Aunque las afirmaciones de ese documento han sido matizadas posteriormente por un alto cargo del Ministerio de Exteriores marroquí que en declaraciones a la Agencia EFE ha afirmado que España y Marruecos "sí tienen fronteras terrestres", es evidente que existe una clara voluntad de Rabat de insistir en la tesis que niega la españolidad de Ceuta y Melilla. Es decir, a reafirmarse en lo comunicado a la ONU en 2021, en plena crisis diplomática con España, a pesar de la nueva hoja de ruta pactada con el Gobierno.

Lo afirmado en ese documento, y que refleja la postura tradicional de Rabat para consumo interno, contradice de manera evidente lo afirmado por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados tras su reunión con el rey Mohamed VI del 7 de abril: "La soberanía española de Ceuta y Melilla está fuera de toda duda". 

Contradice también lo afirmado ayer jueves por la delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh Abdelkaden, que insistió en que ambas ciudades "son y serán siempre parte indisoluble de España". Y contradicen, de nuevo, a Sánchez, cuando ayer en el Congreso afirmó, en respuesta a la polémica, que Ceuta y Melilla son España. 

Pero que el Gobierno sepa que Ceuta y Melilla son españolas no implica que el Gobierno marroquí esté actuando de acuerdo con esa realidad.

Y lo mínimo que puede exigírsele a Rabat, más aún cuando España viró hace meses 180 grados su postura diplomática tradicional respecto al Sáhara en el sentido deseado por el Gobierno de Marruecos, es que actúe con lealtad a los acuerdos firmados con el Gobierno español.

Porque ese doble juego que lleva a Rabat a reivindicar en el ámbito internacional Ceuta y Melilla como territorios ocupados por España, mientras reconoce su españolidad con la boca pequeña en sus declaraciones anónimas a una agencia de noticias nacional, tiene muy difícil encaje en los acuerdos firmados con el Gobierno español. 

Es tranquilizador, por tanto, que el presidente del Gobierno recuerde la españolidad de Ceuta y Melilla en el Congreso de los Diputados, donde sólo algunos de sus socios dudan de ello. Pero sería todavía más conveniente que lo hiciera, por los canales precisos y con el tono adecuado a la gravedad de los hechos, allí donde más conviene que no se tenga la menor duda de ello. Es decir, en Rabat.