Si Mohamed Benhalima salió como pudo de Argelia en 2019 y entró de manera irregular en España, fue para escapar de un sistema que lo acusa, entre otros delitos, de integrar una organización disidente que el régimen entiende terrorista, de comprometer la seguridad nacional y de atentar contra la integridad territorial del país. Eso sostiene su defensa.

A Benhalima, exmilitar de 32 años, perseguido por su participación en manifestaciones contra la corrupción, se le denegó en dos ocasiones sus peticiones de asilo. Sus razones y advertencias, que incluían el temor bien fundado de que sería torturado y severamente castigado por su activismo, ocuparon páginas de prensa y sirvieron de poco. Finalmente, Interior lo entregó a las autoridades argelinas en unas fechas muy significativas.

Resulta difícil de creer que el Gobierno desconociera el destino fatal que le esperaba, ayer se conoció que un tribunal militar le ha sentenciado a la pena de muerte, y muy fácil conectar su entrega con los acontecimientos de finales de marzo. Porque la entrega se produjo el 24 de ese mes, escasos días después de que Moncloa comenzara a lidiar con una crisis diplomática sin parangón con Argelia. Aquella que llegó con la famosa carta de Pedro Sánchez a Mohamed VI para acreditar el reconocimiento español del Sáhara Occidental como provincia de Marruecos.

Nadie negará la imprudencia de convivir con una Argelia encolerizada con Madrid, y la conveniencia de mantener unas relaciones sanas que aseguren la colaboración política, el control migratorio y el suministro puntual de las demandas gasísticas de España.

Respuestas necesarias

Pero, con los datos y las denuncias de su defensa sobre la mesa, salta la duda de si, como dice Amnistía Internacional, el Gobierno tenía “mucha prisa por deportarlo”. Es decir, de si la entrega fue precipitada y convirtió al opositor argelino, a la espera de descubrir con detalle sus verdaderas responsabilidades, en una moneda de cambio para aplacar a un vecino enfadado.

Por lo pronto, produce estupor la agilidad del Gobierno para hacer cumplir la voluntad de Argelia. El Ministerio de Interior debe responder por lo que sería un movimiento moralmente muy discutible. Del mismo modo que habría tenido que hacerlo si se hubiera conocido que residía irregularmente en un CIE valenciano un hombre perseguido por terrorismo en Argelia.

Lo contrario, que es el silencio, sólo aviva una sospecha que se extiende sin remedio. Que Benhaima fue el tributo del Gobierno para atemperar los ánimos de Argelia.