El Partido Popular registró ayer en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pretende rebajar la factura eléctrica un 20% y ahorrarle a los consumidores, así, unos 9.000 millones de euros. El plan pretende amortiguar los precios récord de los últimos meses. Precios que responden a factores coyunturales, como la falta de viento y el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

El PP propone cuatro medidas que inciden sobre los factores que están en mano del Gobierno y que podrían abaratar un recibo que no tiene visos de regresar pronto a los niveles del año pasado.

La primera propuesta plantea emplear los ingresos de las subastas de los derechos de emisiones. Ahí se ahorrarían 2.000 millones.

La segunda, introducir los gastos extrapeninsulares y el déficit de tarifa en los Presupuestos Generales. Esto haría bajar la factura, pero el Estado se vería obligado a recortar en otras partidas o a crear nuevos impuestos para no comprometer el gasto presupuestado. Este apartado permitiría ahorrar 3.400 millones.

La tercera pasa por fijar indefinidamente el IVA al 10%.

La cuarta plantea eliminar la tasa que grava el valor de la producción eléctrica, creada por el PP durante la legislatura de Mariano Rajoy y que se concreta en un gravamen del 7%.

Estas dos últimas medidas permitirían un ahorro de, respectivamente, 1.600 y 2.000 millones de euros.

Soluciones posibles

Resulta evidente que no hay soluciones fáciles para un asunto tan complejo. La falta de viento imposibilita la producción de energía eólica, una fuente de energía esencial en el esquema energético de nuestro país. La demanda de gas está, además, en niveles inauditos, y el conflicto entre Argelia y Marruecos sólo agrava el problema.

Pero no es menos evidente la urgencia de tomar cartas en el asunto y buscar todas las fórmulas posibles para abaratar una factura que se ha triplicado en apenas un año.

Hace bien Pablo Casado poniendo sobre la mesa una reforma que se centra, efectivamente, en los derechos de emisión, los impuestos derivados y los costes no energéticos. O, dicho de otro modo, en los elementos que sí dependen de Moncloa y que repercutirán a corto plazo en el bolsillo de los españoles.

Nuevo modelo

La escalada de los precios responde a factores coyunturales que podrían cambiar en unos meses. Pero la losa tarifaria es demasiado pesada y necesita de un análisis a fondo del problema que evite que la factura que pagan los españoles fluctúe de forma tan abrupta de un año a otro.  

Desde EL ESPAÑOL aplaudimos las propuestas planteadas por los populares para atender a un problema que incumbe a todos los ciudadanos. Un problema que, además, representa uno de los principales motivos de desgaste político del PSOE. 

Pero la realidad energética requiere de algo más que retoques fiscales. Requiere, en concreto, de un cambio en el sistema de fijación de precios. Un nuevo sistema más efectivo y acorde con el modelo energético español, en sintonía con las reclamaciones del sector (y sin necesidad de regresar al viejo modelo de subasta CESUR, que fijaba precios estables trimensualmente).

No cabe duda de que el plan del PP está cargado de virtudes. Tampoco que no soluciona el problema de fondo la luz. Un problema que desespera, sin excepción, a todos los españoles. Y que requiere tanto de planes de impacto inmediato como de impacto a largo plazo.