Las subidas del precio de la tarifa energética no dan tregua. España asiste a una semana de precios disparados, con miércoles que pulverizan el récord del martes y jueves que hacen lo propio con el del miércoles.

El estado de asfixia al que somete este baile alcista a los ciudadanos va para largo y se explica, en parte, por una incapacidad política, compartida por PP y PSOE y extendida durante décadas, para diversificar las fuentes de electricidad de las que se beneficia nuestro país.

Pero, sobre todo, por el encarecimiento del gas y de los derechos de emisión de CO2. Un fenómeno al que no es ajeno ningún país de nuestro entorno.

La explicación de fondo está repleta de matices técnicos y es mucho más compleja que el análisis que ha realizado Unidas Podemos, socio de Gobierno del PSOE y que también se resiste a dar tregua. Podemos amenaza (a través de Pablo Echenique) con llevar el asunto a las calles.

El partido morado entiende que la factura eléctrica se ha triplicado en un año por culpa de un "oligopolio" que "secuestra un bien de primera necesidad". Entiende también que la solución pasa por establecer unos precios máximos y crear una empresa pública de energía.

Sin embargo, esta propuesta no sólo revela que la formación morada interpreta un papel de agente doble dentro de Moncloa, sino que también plantea soluciones sencillas para resolver problemas que requieren de seriedad y mirada a largo plazo.

Dependencia energética

Como hemos explicado ya en este periódico, los españoles vamos a pagar el precio de la luz más caro de nuestra historia en este mes de agosto, con una ola de calor al acecho y la demanda de energía disparada.

El encarecimiento de las materias primas agrava la dependencia energética de nuestro país respecto a estas mismas materias primas, y el Gobierno poco puede hacer a corto plazo para reducir la factura.

España es parte de un mercado regulado a nivel comunitario y opera a escala internacional. Las rebajas impositivas apenas reducirían unos euros la cuenta final, y la tarifa seguirá al alza hasta 2022 con independencia de los parches que se apliquen por el camino.

Resulta evidente, en fin, que el debate requiere de planteamientos razonables, consensos en Europa y políticas que superen los ánimos interventores de la izquierda populista.

A largo plazo

Al tiempo que Podemos carga la responsabilidad sobre los hombros del PSOE, añadiendo que son suyas las carteras afectadas, arremete contra un supuesto oligopolio que, por naturaleza, no lo es.

El mercado se rige por la lógica de un sistema marginalista que incentiva las inversiones privadas necesarias para garantizar la alta demanda de energía de nuestras ciudades, y que en numerosas ocasiones ha propiciado la baja de los precios.

No es responsable por tanto de un contexto de costes inflados.

La crisis de precios advierte a los Gobiernos europeos, en cualquier caso, de la necesidad de afrontar reformas estructurales urgentes y diversificar las fuentes de energía.

La solución exige una mirada a largo plazo y no decisiones cortoplacistas que acabarán repercutiendo sobre los bolsillos que los populismos dicen defender.