Por segundo año consecutivo, Felipe VI no presidirá en Barcelona la entrega de despachos a los nuevos jueces. Si el año pasado la decisión podía ser comprensible -el acto se trasladó a Madrid por precaución, pues unos días después comenzaba la vista oral del procés-, esta vez resulta inexplicable.
Será la primera ocasión en la que el Jefe del Estado no acuda a un acto que tiene gran importancia simbólica. Y no lo hará por decisión expresa del Gobierno, pues la Casa Real había confirmado su presencia sin ningún problema. Para tomar esta medida, el Ejecutivo alega "motivos de seguridad".
Otras autoridades
Que el Gobierno de España admita que no puede garantizar la presencia del Rey en un acto oficial que se celebra en la segunda capital del país es de una gravedad tal que debería llevar al ministro del Interior a presentar hoy mismo su dimisión. Pero, realmente, el argumento de la imposibilidad de garantizar la seguridad del Monarca no es creíble: estamos ante una excusa.
¿Acaso las informaciones "preocupantes" sobre brotes violentos que maneja Marlaska no afectan a otras autoridades del Estado como el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes; la fiscal general del Estado, Dolores Delgado; el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas o el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo?
La sombra de ERC
Todo indica, por tanto, que la decisión del Gobierno tiene que ver con otras cuestiones, tal vez con las negociaciones que mantiene con Esquerra Republicana, formación a la que no quiere soliviantar en vísperas de presentar los Presupuestos Generales del Estado y de la que requiere el apoyo.
El Ejecutivo debe dar explicaciones convincentes de este caso. Y hacerlo cuanto antes. De otra forma, da pie a pensar que veta la presencia del Rey en Barcelona como un gesto al independentismo, algo gravísimo y sin precedentes, pues supondría usar al Jefe del Estado como moneda de cambio para sacar tajada política, cediendo además ante quienes le consideran persona non grata en Cataluña.
