Desde el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, con la abstención de ERC, hemos visto cómo los políticos catalanes presos marcan la agenda política del Gobierno. En Cataluña, además, se erigen en la autoridad moral del Parlament, al que han asistido supuestamente en calidad de testigos, para imponer un chantaje emocional que bloquea la política y del que toda la sociedad catalana es rehén.

La privación de libertad que comportan las penas por desobediencia y sedición han tenido efectos pedagógicos sobre el resto de dirigentes en activo. El Parlament, y más concretamente su presidente, Roger Torrent, no se ha atrevido a cruzar de nuevo el Rubicón de la legalidad, ya que sabe que recaerá sobre él la responsabilidad de una nueva desobediencia.

Esta realidad que ignoraban antes del 1-O ha provocado uno de los plenos más tensos de la vigente legislatura, donde se ha visibilizado la división del separatismo. Un pleno que, en menos de 24 horas, ha quedado eclipsado con la visita de Oriol Junqueras y los otros exconsellers encarcelados a la Cámara catalana.

Como viene sucediendo a menudo con las comisiones parlamentarias, la llamada comisión por el 155 se ha convertido en un mitin político del líder de ERC. Junqueras se ha mostrado convencido que el “paso por la cárcel” es un paso previo para un nuevo referéndum, mientras que Jordi Turull ha asegurado que “sin la represión del Estado después del 1-O” en “cuatro o cinco meses” habrían “estado preparados para ejecutar la república catalana”. Por cierto, justo lo contrario de lo que declaró en juicio ante el Tribunal Supremo.

Es decir, ni arrepentimiento ni ensoñación. Los políticos encarcelados ven su estancia en prisión como un paréntesis, convencidos de que seguirán en el poder una vez se les acabe su inhabilitación. Junqueras lo ha dejado claro cuando ha dicho que “aquellos que fueron los más protagonistas en el 155, los que lo pidieron más, como el señor Rivera, los que lo aplicaron con más entusiasmo, el presidente y el vicepresidente del Gobierno español de aquella época, aquellos que más repitieron que nos habían descabezado, ya no están aquí. Pero yo sí, y seguiré aquí".

El Gobierno de la nación les ha legitimado como interlocutores sin antes arrancarles el compromiso de abandonar la vía ilegal. Y el Supremo compró, pese a la condena, el revisionismo de la Defensa sobre que los hechos de octubre fueron una “ensoñación”.

Con sus declaraciones en el Parlament, Junqueras evidencia que más que una ensoñación fue un ensayo general o primera tentativa antes de "volverlo a hacer".