La comparecencia de Cristina Cifuentes en el pleno extraordinario celebrado este miércoles en la Asamblea de Madrid para aclarar las posibles irregularidades sobre su polémico máster en la Universidad Rey Juan Carlos deja a merced de la investigación interna incoada por la propia institución académica el desenlace de esta polémica. 

Más allá de sus apreciaciones sobre las motivaciones políticas que, según ella, subyacen en las denuncias sobre su máster -una “cacería” contra su persona, subrayó-, Cifuentes centró toda su defensa en que ella hizo lo que la Universidad le permitió hacer. 

Un máster "acordado"

La presidenta madrileña admitió que “acordó” con los profesores tanto la forma de realizar el máster como su “evaluación”. Por eso reconoció que pudo matricularse tres meses después de iniciado el curso, que no asistió a las clases pese a que era presencial y que fue calificada en función de unos criterios también pactados.

Cifuentes esgrimió como argumento definitivo que su máster fue “real y perfectamente legal”, pero aún hay que esperar el resultado de la investigación que el propio Rectorado ha impulsado con diligencia, con garantías de imparcialidad suficientes y con una indudable determinación esclarecedora.

¿Hubo trato de favor?

Esta investigación determinará si la presidenta ha mentido en alguno de los aspectos materiales de su versión -por ejemplo, si hizo el Trabajo Final de Máster y si lo defendió el 2 de julio de 2012 tal y como asegura-; si este máster a la carta cumplía la normativa de Bolonia; y si las facilidades que tuvo Cifuentes se le daban al resto de alumnos.

En el caso de comprobarse que ese máster no se ajustaba a la normativa, el prestigio de la Universidad quedaría en la picota. Si se descubriera que la presidenta madrileña ha mentido o tuvo un trato de favor, tendrá que dimitir. La carrera política de Cifuentes pende por tanto del resultado de la investigación académica.