La intención del Gobierno de consentir los mítines de la campaña del 1-O con el argumento de que, de esa forma, se evitarán altercados, es tan contradictoria como arriesgada. Al actuar así, el Ejecutivo lanza mensajes opuestos que no sólo reciben los ciudadanos de a pie, sino también jueces, fiscales, policías... funcionarios que, en definitiva, tienen un papel determinante en este conflicto.
No se entiende, por ejemplo, que se suspenda una charla de la independentista Anna Gabriel en Vitoria -como ocurrió este viernes por la mañana- y que esa misma tarde se permita un nuevo mitin multitudinario de Puigdemont en Badalona. Lógicamente, eso crea desconcierto.
Se estimula la participación
Tal y como hoy desvelamos en EL ESPAÑOL, en el Gobierno quieren evitar a toda costa una escalada de tensión en la calle: "Cuando actuemos será de una sola vez", aseguran. Su propósito es evitar la victimización de los independentistas y aplazar el enfrentamiento con quienes tratan de hacer añicos España y la democracia. Ahí encajan las palabras de Rajoy este viernes en Barcelona: "Nos van a obligar a llegar donde no queremos llegar".
Sin embargo, tolerar la campaña ilegal del referéndum ilegal estimula la participación y envalentona a sus impulsores, que celebran cada acto como un triunfo. Esa pasividad proporciona a los independentistas un relato de impunidad que aprovechan constantemente, exhibiendo como una victoria en los mítines del 1-O sus burlas y mofas a España.
Normalizada la transgresión a la ley
Por todo ello, el bochorno que están pasando millones de españoles -y particularmente los no nacionalistas que viven en Cataluña- difícilmente lo compensará la medida anunciada por el ministro Montoro de pasar a controlar las cuentas de la Generalitat, cuyos resultados, a ojos de la opinión pública, tampoco son inmediatos.
Rajoy ha vuelto a dar su palabra de que el referéndum no se celebrará, pero al admitir una política de hechos consumados está normalizando indirectamente la transgresión a la legalidad. Este peligroso juego del gato y el ratón entre el Estado y los separatistas tendrá que acabar en algún momento, y tenemos serias dudas de que sea menos perjudicial ponerle fin más cerca del 1 de octubre que antes. Ojalá estemos equivocados.
