El autogolpe de Nicolás Maduro en Venezuela no sólo es congruente con su deriva totalitaria, cada vez más descarada e implacable, desde que en diciembre de 2015 la oposición ganó las elecciones legislativas. También es la respuesta bravucona del chavismo a la política de contemporización con que la Comunidad Internacional viene respondiendo a la malversación de la democracia venezolana.

Ha llegado el momento, inexcusable también para España, de definirse para impedir que una pérdida de libertades sin retorno agrave los males de Venezuela, una país sumido en el desabastecimiento generalizado, la corrupción del Gobierno y el matonismo del régimen. Sobre todo ante unas horas sumamente críticas para sus ciudadanos. Hay que tener muy en cuenta que la oposición ha convocado una manifestación este sábado que Maduro sofocará, sin reparar en medios, si percibe que su última asonada no merece una respuesta firme del exterior.

Dictadura de facto

La decisión del Tribunal Supremo de Venezuela -un órgano absolutamente controlado por Maduro- de anular y apropiarse de las competencias de la Asamblea Nacional y la asunción de poderes extraordinarios por parte del presidente suponen de facto la formalización de una dictadura ante la que nadie puede permanecer impasible. Menos aún cuando incluso la fiscal general chavista afirma que el Supremo violó la Constitución.

El sucesor de Hugo Chávez lleva dos años valiéndose de todo tipo de argucias para neutralizar al legislativo -llegó a crear un parlamento paralelo-, reprimir a la oposición y acallar la disidencia en sus propias filas. De hecho, hay muchas voces que aseguran que estamos ante los estertores del régimen. El problema es que Maduro está demostrando que no dudará en que sean los venezolanos quienes sufran en sus carnes y en sus libertades su propia agonía política. Lamentablemente, el riesgo de que el autogolpe termine en un baño de sangre no se puede descartar.

Tibia Europa

Por todo ello, no se comprende que mientras los países lationamericanos de la OEA retiran a sus embajadores y exigen con contundencia la restitución de la legalidad constitucional, la UE considere “prematuro” valorar posibles sanciones y el mediador Zapatero persista en “mantener la confianza en el diálogo” entre el régimen de Caracas y la oposición.

Es imprescindible que el Gobierno y todos los partidos se posicionen con firmeza a favor de la democracia en Venezuela y que España haga lo posible por movilizar a sus socios europeos. Mención aparte merece Podemos, que si hasta ahora ha eludido criticar al chavismo, del que se ha financiado su fundación, pretextando que su relación con el régimen sucedió en el pasado y fue más académica que política, ahora pide “cautela para analizar lo sucedido”. Lo sucedido es simple y llanamente que Maduro se ha quitado definitivamente la careta y que Venezuela no se merece que la abandonen a su suerte.