El silencio de los presos españoles excarcelados protege a la dictadura chavista

Como si no vinieran de cárceles políticas. Como si no hubieran sido utilizados como rehenes por una dictadura. Como si nada de lo ocurrido mereciera ser contado.

José María Basoa Valdovinos, Andrés Martínez Adasme, Ernesto Gorbe Cardona y Miguel Moreno Dapena tienen muy distintas trayectorias personales, pero el patrón represivo que los condujo a prisión es el mismo y está ampliamente documentado por todos los organismos internacionales relevantes.

Se trata de detenciones arbitrarias, imputaciones vagas o inverificables, incomunicación prolongada, negación de defensa efectiva y reclusión en centros asociados sistemáticamente a tortura y malos tratos, como El Helicoide o instalaciones del SEBIN y la DGCIM.

Andrés Martínez Adasme antes de ser detenido. Cedida

¿Alguien puede explicarse por qué, a fecha de hoy, no han denunciado nada públicamente?

Ni la ilegalidad de su detención, ni la farsa judicial, ni los tratos sufridos, ni el funcionamiento de un sistema que sigue encarcelando a centenares de personas por motivos políticos.

¿Cuál es la razón de este silencio asumido como parte del trato?

Porque ellos pueden hablar. No tienen a sus familias amenazadas en Venezuela. No están sometidos a medidas cautelares extranjeras. Están protegidos por la Constitución española y por el marco jurídico europeo.

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Y, sin embargo, nos han dejado con cara de tontos a todos los que nos hemos desgañitado pidiendo al Gobierno que hiciera lo debido por nuestros compatriotas.

Las acusaciones delirantes contra Basoa y Martínez (conspiración, terrorismo, espionaje al servicio del CNI) nunca se sostuvieron con pruebas públicas.

Han pasado más de un año privados de libertad, sin garantías procesales, sin juez imparcial y bajo condiciones incompatibles con cualquier noción mínima de derechos humanos.

Gorbe fue arrestado en 2024 tras una irregularidad administrativa convertida artificialmente en causa penal.

A Moreno, marino y periodista canario, lo detuvieron en junio de 2025 tras interceptar su embarcación en aguas del Caribe. Nunca existió una imputación clara, ni tuvo acceso a una defensa efectiva.

¿Ninguno tiene nada que decir?

Durante todo este tiempo, el Gobierno de España eligió no incomodar al régimen. No hubo exigencias públicas sostenidas, ni presión internacional visible, ni una defensa inequívoca de sus propios ciudadanos.

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Al actual embajador de España en Venezuela, incorporado en diciembre de 2024 directamente desde el gabinete del ministro Urtasun sin experiencia previa ni en Iberoamérica ni en embajadas, no se le conoce una sola denuncia pública contundente sobre los presos españoles en cárceles venezolanas.

Ni una exigencia clara de garantías judiciales, ni un gesto que incomodara mínimamente al poder autocrático que los retenía.

Mención aparte merece el caso de Rocío San Miguel, abogada hispano-venezolana, defensora de derechos humanos perseguida con ferocidad por el régimen. Tras casi dos años en prisión, llegó a España en el mismo vuelo inaugural de la fanfarria liberadora.

Rocío no puede hablar. Fue excarcelada y enviada a Madrid bajo condiciones estrictas que confirmó el comunicado leído por su hermano el 10 de enero de 2026: nadie puede hablar en su nombre, ninguna interpretación es legítima, su proceso sigue abierto.

En el contexto venezolano, eso equivale a una amenaza directa a su familia allá.

Rocío está fuera de la cárcel, pero no es libre. Precisamente por eso, su silencio es comprensible. El de los cuatro españoles, ya a salvo y a resguardo en España, no lo es.

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La comparación con Italia deja en evidencia la bochornosa cobardía política del Gobierno español que nos salpica a todos los españoles.

Mientras la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibió a los excarcelados como lo que son (víctimas de una dictadura) y ha permitido, alentado y ha respaldado que denuncien públicamente la arbitrariedad de su detención, las terribles condiciones carcelarias, los interrogatorios y los abusos sufridos, Pedro Sánchez simplemente lo ha ignorado, como si no existiera.

Resulta lógico suponer que los presos españoles sufrieron las mismas o parecidas condiciones que las que han denunciado los excarcelados italianos a su llegada a Roma: durmieron durante meses directamente en el suelo, entre cucarachas, hacinados en celdas oscuras y sin ventilación, sometidos a cambios constantes de lugar y de reglas diseñados para desorientar y quebrar psicológicamente.

Recibían permanentes amenazas explícitas de muerte, tortura psicológica continuada, restricciones extremas de movimiento y comunicación y largos periodos sin saber nada del exterior, sin noticias de sus familias ni del mundo.

Perdieron hasta treinta kilos.

Pero lo más devastador fue la convicción inducida de que sus familiares los daban por muertos, una técnica clásica de aniquilación moral empleada por el sistema represivo venezolano.

El hecho diferencial solo es Zapatero, que no es ni nunca ha sido un mediador, sino el agente preferente del chavismo en Europa. El legitimador persistente de una dictadura que encarcela, persigue y negocia con seres humanos como si fueran fichas.

España es Estado parte de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Ese tratado impone obligaciones claras de prevención, investigación y sanción.

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La obligación de investigar alegaciones de tortura no desaparece porque los hechos ocurran en un tercer Estado, cuando estas prácticas son públicas, sistemáticas y acreditadas por organismos internacionales. Este es claramente el caso de las cárceles de Venezuela.

¿Quién les ha pedido callar a los presos excarcelados españoles? ¿El Gobierno de España? ¿Exteriores? ¿Zapatero?

¿Se les sugirió que hablar “no convenía”, que podía poner en riesgo otros intereses, que bastante tenían con haber salido los primeros?

Si así fue, estamos ante una claudicación política de enorme gravedad. Denunciar la detención arbitraria, la negación de defensa y la tortura no es una opción retórica, sino una obligación jurídica y moral.

Si el gobierno de un Estado democrático como España ha pactado la excarcelación de sus ciudadanos ofreciendo el silencio como contrapartida, no los ha liberado.

Simplemente, ha negociado un rescate.