Pedro Sánchez durante una intervención en la Internacional Socialista.
Hay que impedir la mutación del Estado constitucional
Estamos ante una consecución de hechos que nos está encaminando a una mutación constitucional.
Hay una realidad electoral que inquieta tanto a la derecha constitucional como al socialismo de la vieja escuela. Se podría resumir en el suicidio territorial del PSOE y el encastillamiento de Pedro Sánchez en el poder.
En términos más precisos, podemos decir que los socialistas están perdiendo presencia en la política territorial y, paralelamente, se presentan como la opción de gobierno más probable a nivel nacional.
Es decir, que dos corrientes que tendrían que correr paralelas, como son el poder regional y el central, ahora son inversamente proporcionales. Cuanto más se tiene de uno, menos se tiene del otro.
Esto, ya de por sí, es desconcertante para los que se han acostumbrado al análisis electoral de las décadas pasadas.
Pero, para mayor confusión, hay que añadir otro factor al que tampoco se está acostumbrado.
El hecho es que la única fuerza que sube sostenidamente en prácticamente todas las encuestas es Vox, y lo hace a escala territorial y nacional.
Los dirigentes de Vox Santiago Abascal y Pepa Millán en el Congreso.
Para descifrar hacia dónde vamos hay que tener en cuenta los dos factores al mismo tiempo.
Por un lado, lo que podríamos llamar “la ley inversa del poder territorial”, que describe el hecho de que el PSOE se vacía de poder regional para llenarse de poder central.
La imagen es hidráulica. Se transfiere agua de una alberca a una piscina.
Y, por otro lado, “el darwinismo de la derecha”, que describe cómo dos especies compiten entre ellas por ver cuál sobrevive en un nuevo ecosistema que no controlan.
La imagen es biológica. Las jirafas compiten con las cebras, pero no con los leones ni con las águilas.
Ambos fenómenos comparten un mismo principio, y es que se produce una transferencia de bienes escasos. En el primero, la transferencia es de la periferia al centro.
En el segundo, la transferencia es interna entre grupos aislados de su contexto.
Es una lógica provocada por la nueva política de bloques, en la que en un bloque el PSOE ha conseguido meter, como en un cajón de sastre, todo lo que no es derecha, y en el otro bloque solo quedan “las derechas”.
En medio, inquebrantable, el muro.
Lo dicho hasta ahora es obvio y ya ha sido suficientemente señalado.
¿Dónde está la novedad a la que nos puede llevar todo esto?
En que no estamos solamente ante una disputa electoral que requiere de una estrategia nueva para conseguir ganar. Estamos también ante una consecución de hechos que nos está encaminando a una mutación constitucional.
La vía líquida del Estado de las autonomías se está convirtiendo en una vía férrea de descentralización federalista.
Si nada cambia en los próximos años, es probable que el Estado español pueda tomar la forma de un Gobierno central controlado (permanentemente) por una gran coalición presidida por el PSOE, y unos gobiernos regionales particularistas con siglas locales, unas de derechas, otras de izquierdas, y otras simplemente territoriales, sin adscripción reconocible.
Todavía pueden pasar muchas cosas, pero si sucediera que la oposición no es capaz de derrotar electoralmente a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales, la forma del Estado español puede cambiar sustancialmente.
El Partido Socialista, federal en su definición, dejaría de ser lo que es porque perdería, como ya lo está haciendo, su implantación territorial, a cambio de consolidarse como fuerza dominante a escala nacional de un gobierno de concentración nacional.
La preocupación de la vieja guardia socialista respecto a la deriva del sanchismo no hace más que confirmar esta hipótesis, y el hecho de que se refugie en la derecha constitucional no es ningún consuelo.
El Estado español mutaría a semejanza del Partido Socialista. La forma de gobierno se parecería mucho al federalismo militante de la Primera República, y voces radicales como la de Pi y Margall resonarían como actuales.
Sería un modelo federalista al estilo de los anarquismos del siglo pasado, con una descentralización muy acentuada, otorgando competencias casi estatales a las regiones federadas, y sometidas a un gobierno central cuya función sería de arbitraje y policía casi exclusivamente.
La relación entre el gobierno central y las regiones federadas sería más o menos cordial en función de la docilidad y servidumbre de cada región.
Pongamos por ejemplo que el PSOE repite gobierno en las próximas generales. Y que, a nivel regional, EH Bildu desbanca a los socialistas en Navarra, y en Extremadura, feudo natural del socialismo, gobierna una alianza de PP y Vox.
La relación del Estado central con Navarra será mutualista porque se necesitan, mientras que la relación con Extremadura será de competencia, porque rivalizan.
La relación entre Extremadura y Navarra será inexistente, y lo será también entre regiones gobernadas por la derecha.
El hecho previsible de que el Partido Popular llegue a acuerdos con Vox durante este mes de diciembre y principios de 2026 consolidará este nuevo modelo en el que habrá regiones controladas por la “derecha”, aisladas de un gobierno nacional, y con una lógica crecientemente regionalista al estilo de los caciquismos del siglo XIX.
Las baronías populares serán el caciquismo del siglo XXI.
Por otro lado, las regiones en las que no gobierne la derecha, como Cataluña, o País Vasco, no tendrán tanta implantación territorial del PSOE, pero serán apoyos firmes para la Gran Coalición (a.k.a Frankenstein).
¿Cuál es el resultado de todo esto? La mutación del Estado español solidario, unitario, regional y plural, en un Estado federal al estilo de la III Internacional.
Con un gobierno único en el que se identificará al Partido Socialista con el Estado.
Y con una pléyade de federaciones microterritoriales desentendidas de la Nación, unas de “izquierdas” y otras de “derechas”, unas de primera categoría, y otras de segunda, y todas desconectadas del interés general.
¿Cuál es la alternativa? Que una derecha liberal, plenamente consciente de la ley inversa del poder territorial, tome conciencia del problema y plantee con audacia un nuevo pacto de unidad nacional contra las dos grandes tendencias de ruptura, la del sanchismo y la de Vox.
