El Gobierno quiere quedarse con tu casa (y los okupas son su empresa de desahucios)

"Las okupaciones llevan dos años cayendo y afectan al 0,057% de las viviendas. Lo expresamos de otra forma: el fenómeno afecta a 5,7 personas por cada 10.000 habitantes", añadía la SER.

[Una prevalencia de 5,7 okupaciones por cada 10.000 habitantes convierte la okupación en uno de los delitos más habituales en España. Los delitos contra la libertad sexual tienen una prevalencia de 4,55. Las agresiones sexuales con penetración, de 1,02. Los homicidios, de 0,07. El tráfico de drogas, de 4,49. El robo de coches, de 3,25. Dicho de otra manera: los que no saben leer una estadística no son los ciudadanos, sino los periodistas que minimizan la okupación].

El miércoles, Antonio Naranjo reprodujo en su programa El análisis (Telemadrid), unas declaraciones de una tal Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos, llamando a la okupación de pisos ajenos.

"No es malo ser okupa. Okupar es darle vida a algo que se ha abandonado y eso es necesario. Las leyes injustas hay que desobedecerlas. Se ha desplegado una campaña de criminalización de la okupación brutal. Yo no quiero pagar lo que me estás diciendo que tengo que pagar porque yo sé que esto no lo vale y que es pura especulación. Claro que me voy a saltar esas normas".

Así que la okupación es un problema inexistente, que afecta oficialmente a "sólo" 5,7 personas de cada 10.000 y que la ultraderecha magnifica para asustar a los jubilados (o para vender más periódicos).

El problema es que eso es mentira. Un bulo.

La okupación es un monstruo que multiplica por tres o cuatro las cifras oficiales y uno de los cuatro motivos, junto con la inmigración, una regulación asfixiante y la fiscalidad extractiva, por los que el mercado inmobiliario en España está en ruinas.

Y ese es el análisis objetivo.

Porque un paso más allá de ese análisis objetivo surge la pregunta de por qué el Gobierno y varias instituciones españolas continúan insistiendo en proteger a los okupas, cuando no a incentivar la okupación de propiedades privadas por la vía de su pasividad frente al delito flagrante.

Porque si alguien (especulemos) quisiera destruir el mercado inmobiliario y arruinar a la clase media y trabajadora para garantizarse un mercado cautivo de votos dependientes del paternalismo estatal, una de las vías más directas para lograrlo sería, efectivamente, destruir el derecho de propiedad.

Es decir, que los verdaderos 'Desokupa' son los okupas, que te desahucian a ti de tu propia casa en beneficio del Gobierno.

Estos son 16 datos que el Gobierno y sus periodistas afines ocultan a los españoles para minimizar la verdadera magnitud del problema de la okupación.

1. El Gobierno habla de 16.426 denuncias en 2024, pero las estimaciones de los expertos del mercado inmobiliario apuntan a 50.000-60.000 casos reales anuales.

La realidad es que el Ministerio del Interior se limita a contar las denuncias formales por usurpación y allanamiento, obviando la “okupación sumergida”, que no se denuncia por el desistimiento de las víctimas.

2. Plataformas como Alquiler Seguro afirman que hasta el 57% de los afectados ni siquiera llega a la comisaría por miedo a procesos judiciales eternos o a represalias violentas de los okupas, tanto contra ellos como en forma de destrozo de la vivienda okupada.

3. La inquiokupación es un limbo ignorado por el que inquilinos morosos, que en un principio entraron en la vivienda con un contrato legal, se convierten en okupas de facto cuando se les antoja dejar de pagar el alquiler.

Esta variante, donde los impagos escalan a okupaciones ilegales, no entra en las cuentas oficiales porque no encaja en las pulcras categorías del Gobierno.

Pero representa miles de casos que drenan, principalmente, a pequeños propietarios.

4. La okupación supera ya las 100.000 viviendas afectadas en España, considerando el stock acumulado y los casos silenciados.

Esta cifra africana incluye no sólo las denuncias “oficiales”, sino el legado de okupaciones pasadas que siguen sin resolverse mientras el Gobierno se escuda en que solo el 0,06% del parque inmobiliario está "oficialmente" afectado.

5. Las plataformas inmobiliarias se han adaptado ya a la nueva realidad española y ofrecen a sus clientes la posibilidad de seleccionar, como si fuera una característica más de la vivienda, casas okupadas.

En algunos casos, los usuarios han de pasar páginas y páginas de la plataforma hasta dar con una vivienda que no esté okupada.

6. Cada okupación cuesta a las víctimas una media de 40.000 euros en pérdidas, entre alquileres no cobrados, reformas y costas judiciales.

Porque los propietarios no sólo pierden el control de su bien, sino que sangran económicamente en trámites que se eternizan.

El Gobierno, mientras tanto, no sólo no indemniza al propietario, dado que es el principal responsable de alentar un delito contra la propiedad, sino que trata sus pérdidas como si fueran un mero inconveniente administrativo.

7. El 80% de los damnificados por la okupación en España no son bancos o fondos de inversión, como dice la izquierda, sino pequeños propietarios con una única vivienda en el mercado.

Contrariamente al relato gubernamental que pinta la okupación como un problema provocado por la "especulación" de bancos y fondos de inversión, la mayoría de esos delitos afecta a familias humildes que ven evaporarse los ahorros de toda una vida.

8. La okupación se ha convertido en España en una forma de expropiación violenta que el Gobierno deja en manos de los okupas mientras se lava las manos culpando a un ente abstracto (“los especuladores”) de los fracasos de unas políticas socialistas de vivienda que sólo han conseguido agravar el problema.

9. Cataluña lidera el ranking de okupaciones con el 42,6% de las denuncias oficiales (7.009 en 2024), pero las estimaciones reales superan con creces las 10.000.

Barcelona y Gerona son focos calientes. Los datos de Idealista muestran cientos de inmuebles okupados en venta, pero las autoridades locales minimizan las cifras.

10. Andalucía y la Comunidad Valenciana concentran el 20% y 15% de las denuncias, aunque las cifras reales triplican las oficiales, con más de 23.000 viviendas okupadas en venta a nivel nacional.

Sevilla y Alicante destacan en los listados de Idealista. El 3% de la oferta total está afectada.

11. La okupación oculta podría alcanzar el 70% de la cifra total, impulsada por el miedo, la desconfianza en la justicia y el agotamiento de las víctimas.

Pancarta 'Ley Antiocupas ya' en una manifestación contra la okupación. Fernando Sánchez Europa Press

12. En 2025, el 57% de los consultados en plataformas privadas ha optado por no denunciar, un salto desde el 18,8% en 2023, según informes que el Gobierno ignora para mantener sus números bajos.

La estrategia del Gobierno es evidente: si se desincentivan las denuncias por la vía de abandonar a su suerte a los denunciantes, estos acaban por no denunciar y la cifra de okupaciones “oficiales” baja.

13. Los juicios por desalojo se eternizan durante mucho más de un año, desanimando a miles de víctimas. Aunque la ley antiokupas de 2025 promete desalojos exprés, la realidad judicial es un laberinto lento y que sólo acaba en el desalojo del delincuente en una pequeña parte de los casos, según el CGPJ.

El Gobierno pinta el proceso como "seguro", pero sólo para el okupa, que gana tiempo (y dinero) gratis a costa del propietario.

14. A pesar de que la okupación oculta no deja de crecer, se ha producido un aumento del 34,5% en las denuncias “oficiales” desde 2018, no el "repunte leve" que publicitan algunos periodistas.

Institutos como el IEE confirman este crecimiento acumulado, pero el Ejecutivo lo rebaja a "bajo control prepandemia", ignorando el pico de casi 16.500 denuncias en 2024.

15. Las soluciones privadas, esas empresas de desokupación que la izquierda vende como un nido de fascistas, están en auge porque el sistema público ha traicionado a los ciudadanos.

Plataformas como PAO y Alquiler Seguro manejan miles de consultas anuales donde los afectados evitan la denuncia, dejando que las asociaciones privadas hagan el trabajo que el Gobierno se niega a hacer.

16. El plazo para desalojar a los okupas ha pasado de los doce meses de media en 2017 a los veintiún meses de 2025.

Casi dos años para dar solución a un delito flagrante que en Francia se soluciona en 48 horas; en Alemania, en 24 horas; en Holanda, de forma inmediata; y en Inglaterra, con la amenaza de ingreso en prisión si no se desaloja la vivienda en el plazo de 24 horas.