Puigdemont, de forma telemática, este martes junto a Jordi Turull y Míriam Nogueras en la sede de Junts en Barcelona.
Por qué quiere Puigdemont la inmigración para Cataluña (y cómo se la empaquetó Zapatero en Suiza)
Muchos españoles se preguntan por qué Carles Puigdemont tiene tanto interés en que la inmigración sea competencia de la Generalitat de Cataluña. Qué gana realmente, más allá de satisfacer su inagotable apetito de retorcer el cuello a nuestra Constitución, por enésima vez y con el consentimiento del Gobierno de España.
Hay dos razones poderosas.
Una es de supervivencia básica. Junts busca capitalizar los problemas relacionados con la gestión de la inmigración para obtener ventaja electoral sobre Aliança Catalana y Vox, las dos formaciones compañeras de la derecha que le disputan su contador de votos, en el que ya le han hecho un roto importante.
El prófugo de la justicia Carles Puigdemont junto a Laura Borràs. Europa Press
No me cabe duda de que los posconvergentes harán lo que haga falta por recaptar lo más extremo de su espectro.
Y tampoco les será muy difícil, porque la otra razón es ontológica. El secesionismo catalán es, por definición, xenófobo y supremacista.
La xenofobia contra lo español siempre fue la gasolina que alimentó el llamado procés, este golpe de Estado contra la democracia española que sucedió ante nuestros ojos.
Recuerdo que en el verano de 2017 publiqué un hilo en Twitter en el que citaba los estatutos de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) con algunos retoques: donde se hablaba de España o del Estado español, escribí islam; donde se decía español o castellano, escribí musulmán.
El resultado era inaceptable. Un texto que habría soliviantado sin duda a cualquiera de los que creemos en la tolerancia y el pluralismo.
La AMI no era (ni es) una asociación marginal. Incluye a cientos de ayuntamientos catalanes gobernados por nacionalistas y (esto es especialmente vergonzoso) por el PSC.
Todos esos ayuntamientos y partidos se adhirieron a ese texto, que ensalzaba a los catalanes denigrando a los españoles. Puro y simple supremacismo. Tan puro y simple, por cierto, como el que, entonces y ahora, asimila a Puigdemont con Trump: ambos alimentaron y alimentan su máquina política con esa gasolina del odio.
Después del aberrante trágala del pacto de investidura, tres fueron tres las exigencias de Puigdemont a Sánchez en enero del año pasado, como contraprestación a su apoyo a los primeros decretos leyes en esta legislatura:
1. Condonación de la deuda.
2. Competencia de inmigración.
3. Oficialización del catalán en las instituciones europeas.
Con el maximalismo delirante que lo caracteriza, se exigía que cada una de las tres fuera total, integral, absoluta. Es decir: inviable.
Ya hemos visto que la condonación pactada recientemente, al conocerse su extensión a las demás comunidades autónomas, ha escocido en Waterloo.
Ya hemos visto también que lo del catalán como lengua oficial, por mucho que el ministro Albares se pasee por Bruselas y la ministra Alegría busque acomodo en los pupitres de las Escuelas Europeas, pinta regular.
Por eso, la gran prioridad de Puigdemont en estos últimos meses ha sido atornillar el control (integral o casi) de la inmigración. De ahí el farol (ya desactivado) de la cuestión de confianza al presidente Sánchez para abrir una prórroga y dar margen a la intervención del verdadero mediador.
El inconmensurable José Luis Rodríguez Zapatero.
Liberado ya de sus asuntos en Venezuela, con el negocio chino viento en popa, el mes pasado Zapatero se plantó en Suiza a ver al fugado, con Santos Cerdán y Miriam Nogueras. Y volvió con esa sonrisa tan suya: "Tranquilos, habrá legislatura hasta 2027".
Es decir, que había acuerdo también sobre esta cesión.
Queda así expedito el camino para negociar los Presupuestos, aunque todo apunta a que serán ya los de 2026… salvo que Von der Leyen, Rutte y el Bloque de los Determinados de Lancaster House exijan otra cosa.
El artículo 149.1 de la Constitución Española establece que la inmigración es competencia exclusiva del Estado. La cesión total de esta competencia, como ha venido pretendiendo Junts, sería inconstitucional.
Sin embargo, el artículo 150.2 abre la puerta a que el Estado pueda transferir o delegar en las comunidades autónomas facultades correspondientes a materias de titularidad estatal, siempre que por su propia naturaleza sean susceptibles de ello.
Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del TC, junto al presidente, Cándido Conde-Pumpido.
Algunos expertos en Derecho constitucional argumentan que la naturaleza de la inmigración, que afecta a la política exterior y a la seguridad nacional, dificulta su delegación.
Otros consideran que pueden delegarse aspectos concretos de la gestión de la inmigración, como la acogida, la integración o la gestión de permisos de trabajo, sin vulnerar la competencia exclusiva del Estado. .
Desde luego, si esa proposición supera el trámite parlamentario con el apoyo de todo el bloque de investidura, la ley podría ser objeto de recurso ante el Tribunal Constitucional.
Aunque, a estas alturas, apelar a la acción del Constitucional es garantía de melancolía.
A lo largo de este último año, el Gobierno ha planteado la elaboración del borrador de una ley orgánica que permita a la Generalitat de Cataluña gestionar la acogida migratoria, pero no las fronteras, por tratarse de una competencia estatal.
No obstante, sí se ha mostrado abierto a incorporar algunos retoques, como aumentar la presencia de Mossos d'Esquadra en puertos y aeropuertos y participar con la Guardia Civil y la Policía Nacional en su control, probablemente desde el mes de septiembre, bajo la premisa de "cooperación y coordinación".
Al fin y al cabo, ya saben: Baviera ha creado una policía migratoria propia.
