El pasado miércoles, día en el que Sánchez comparecía en el Congreso y se presentaba como presidenciable, la prensa gubernamental cerraba filas en torno al presidente en funciones, siempre con la consigna del miedo a la extrema derecha.

Con esta única divisa, prácticamente axiomática (frenar a la ultraderecha), tanto el Gobierno, como los propios partidos políticos en el gobierno y afines, también los sindicatos, por supuesto el separatismo y la izquierda sociológica en general (escritores, cineastas, artistas), no dejan de bombardear desde sus terminales mediáticas, de gran extensión y alcance, con que el peligro para España es la ultraderecha.

El separatismo, que amenaza con fragmentar y trocear la nación, la unidad de la patria, no es un peligro, por lo visto, sino que el mal procede de la extrema derecha. Dicho de otro modo: todo vale contra Vox. La amnistía a los separatistas catalanistas, responsables de la intentona golpista del 1 de octubre de 2017, es el colofón a este axioma. Aunque Sánchez en un principio la rechazaba, no le costó nada cambiar de criterio si la alternativa era dejar el Gobierno para que lo ocupase esa terrible extrema derecha. Reposicionamiento que, enseguida, tuvo el respaldo del gigantesco entramado mediático que gira en torno al Gobierno y los partidos que lo componen.

Incluso se llegó a decir (creo que fue Angels Barcelò) que Sánchez sacrificó su palabra en el altar del bien común de España. Esto es, hizo el tremendo esfuerzo de desdecirse, y amnistiar al golpismo catalanista, con tal de que no gobierne la derecha. Inmediatamente fue apoyado y bien recibido por la misma Brunete mediática progresista que antes tachaba de alarmista a quien advirtiera de los tejemanejes de Sánchez con los separatistas.

Miguel Rellán, por ejemplo, salió al paso, en una entrevista, para decir: "Aunque la amnistía me produzca recelos, la prefiero a un gobierno de la extrema derecha que, sin duda, implantaría la censura". Manuel Rivas, por su parte, en su engreimiento, se jactaba de que los manifestantes contra la amnistía no habían leído a Cervantes, como diciendo, traduzcamos, que quienes se oponen a la amnistía son poco más que "bestias con forma humana", sin formación cultural.

En esta línea, tan jactanciosa como presuntuosa, y mientras Sánchez comparecía en el Congreso, Lucia Méndez, en la tertulia que TVE dedicó a ello (con el señor Xabier Fortes a la cabeza), se mostraba contrariada, incluso indignada, por uno de los lemas que figuraban en las pancartas de las manifestaciones contra la amnistía, y que confesaba con ironía no entender en absoluto. 

"La Constitución destruye la Nación", decía el lema, que a Méndez le parecía un completo disparate, de gente sin un mínimo de formación, presumía, mofándose con arrogancia de la consigna y, en general, de los manifestantes contra la amnistía.

"Decir que la Constitución destruye la Nación es ridículo, porque la Constitución es la Nación", aseguraba Méndez con total seguridad y autocomplacencia. "Debe ser cosa del sistema educativo", de un fallo en el mismo, decía socarrona, que la gente no entendiese algo, al parecer, tan elemental. Un muñidor de El País, Carlos E. Cué, que le acompañaba en la mesa, le reia las gracias a Méndez y añadía, en referencia al inventor del lema, "le debió de hacer crack la cabeza", insinuando, algo así, como que era limitado intelectualmente.

Pues bien, lo peor de este analfabetismo político, el de Lucía Méndez y el de Carlos E. Cué, es su exhibicionismo y arrogancia. Van saltando de dogma progresista en dogma progresista sin sumergirse ni un momento en los temas y problemas que tratan. Porque, en efecto, no hay nada más perezoso y osado que aquel que cree que lo sabe todo.

Y es que la propia Constitución del 78, en su artículo 2, presupone la existencia de la Nación española. Esta presuposición no es algo exclusivo del manifestante ultra. Así, podemos leer: "La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Bien es verdad que, a continuación, habla de las "nacionalidades y regiones", una confesada concesión (así lo admitió Solé Turá) hecha al nacionalismo fragmentario.

Pero es que, además, habría que decirles a Mendez y a Cué que en el sistema educativo, en concreto en 2° de Bachillerato, se estudian las cinco constituciones que en el siglo XIX han sido, y las dos del XX, todas ellas con la presuposición de la nación española como existente. Es decir, una nación, la española, fue base o fundamento de siete constituciones distintas. No sé si a Lucía Méndez le estallará la cabeza, tras esta revelación.

En cualquier caso, la pancarta del ultra tiene algo de verdad: la segunda parte del artículo 2, por el que la Constitución "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas", que es fórmula del autonomismo, es una puerta abierta, en efecto, a la destrucción de la Nación española. Es la puerta por la que se ha colado el separatismo, y por la que ha llegado hasta la cocina.