Sólo sí es sí, pero eso no lo ha inventado el Gobierno

Cualquier otra circunstancia que no sea exactamente esta exhibe la imposibilidad de realizar esta actividad en un entorno de legalidad. Pero eso tampoco lo ha inventado el Gobierno: siempre ha sido así.

Si se fuerza a alguien incluso del modo más ligero posible (si es que hay uno), se está agrediendo la libertad sexual de esa persona. Que los actos sexuales no consentidos constituyan delito, como establece la nueva ley, tampoco es una novedad. El primer Código Penal español, en 1822, ya los calificaba así.

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Resulta del todo increíble que, en su ánimo de defender a las mujeres, la ministra de Igualdad sólo las haya perjudicado con la elaboración de la ley conocida como del 'sí es sí'. En estos pocos meses ya ha habido, que se conozcan, más de cuatro centenares de reducciones de condenas.

Entre ellas, algunas han supuesto la libertad inmediata para los sujetos que las cumplían.

Si esto ya es del todo desafortunado, lo es aún más que Irene Montero no haya pedido disculpas y, sobre todo, que no haya rectificado ni permitido que se corrigiera la legislación que bajo su criterio se ha elaborado.

Será por orgullo, será por ego. Será por pura cabezonería, o será cualquier otra cosa. Pero la ministra de Igualdad no quiere enmendar algo que no puede ser más evidente: la ley está mal hecha.

Y, por eso, porque está mal construida, hay que modificarla para evitar que violadores en pleno castigo o en proceso de reinserción regresen a las calles, en libertad, antes de tiempo. No hace falta tener la inteligencia de Einstein para entender esto. Un poco de sentido común es suficiente.

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Alrededor del 20% de los condenados por delitos contra la libertad sexual reincide, según un estudio de Instituciones Penitenciarias. Me pregunto qué pensará Montero cuando se conozca el primer caso de reincidencia de un preso liberado por su ley.

Me pregunto, con tristeza e ira anticipadas, también, qué pensarán la afectada y su familia al respecto.

Me pregunto cómo será la movilización de la sociedad cuando se conozcan las primeras agresiones sexuales por parte de los liberados por una ley que nunca debió prosperar y cuyos perversos efectos generan un problema colosal para la ciudadanía.

También cabe preguntarse, ante el alud de condenados que sale prematuramente de la cárcel, si actuará la Justicia de algún modo al constatar que alguien ha procurado esa liberación de los condenados, lo haya pretendido o no.

Pedro Sánchez, que debió actuar mucho antes, al final ha decidido separarse de esa decisión, de la cual también es, obviamente, aunque sea por omisión al menos, copartícipe. Que ha tenido efectos indeseables es lo menos que puede decir el presidente del Gobierno de la ley de su ministra. Pero eso sí lo ha dicho.

Indudablemente, también lo ha hecho por razones electorales. La coalición en el Gobierno se encuentra a punto de estallar por culpa de la ley y de su reforma. A nadie en el PSOE se le escapa que este asunto es tan grave, y está tan presente en la vida de los ciudadanos, que pone en riesgo numerosas plazas socialistas en los comicios electorales que se celebrarán en sólo tres meses.

El presidente, en su intento de apartarse de la responsabilidad que en realidad le corresponde, también pretende redireccionar la ley hacia un lugar donde impere la sensatez. Lugar que, desde luego, no es ese en el que se encuentra hoy.

El coste que generará tal desatino jurídico en este año electoral, más allá de que la coalición en el Gobierno acabe saltando por los aires y afectando a sus socios, será sin duda extremo.