El miércoles pasado el CGPJ aprobó su informe sobre el anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. O sea, el anteproyecto del Ministerio de Igualdad de la conocida popularmente (y para no ahogarnos al decirlo) como Ley Trans.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, presentando su 'Ley Trans'.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, presentando su 'Ley Trans'. Efe

El informe es inequívoca y unánimemente crítico, y deja muy claro que esta ley podría generar discriminaciones hacia las mujeres no transexuales. Iba a poner, lo confieso, "hacia las mujeres", sin más, atendiendo al concepto biológico del término y suponiendo que todos entenderíamos a lo que me refiero.

Pero acabo de recordar que por algo así fue destituida hace unos días la directora de Igualdad de la Universidad de Valencia, Amparo Mañés, por decir en un tuit que "una mujer es la hembra humana adulta". Cualquier día nos despedirán por decir en voz alta que el agua moja y a mí me gustaría seguir a este lado de la noticia.

El informe señala, entre otras cosas, la inconstitucionalidad de ciertas disposiciones del texto que contradicen el artículo 14 de la Carta Magna de todos los españoles. Precisamente el que dice que "los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Vamos, que un mono con platillos y un lápiz atado en la cola, hasta las cejas de dextroanfetaminas, habría escrito algo más ajustado a derecho.

Pese al cuidado que se ha tenido en la redacción señalando, innecesariamente por obvio, lo loable de la intención y finalidad de esta ley de garantizar la igualdad y evitar la discriminación hacia las personas trans y LGTBI (cualquiera se arriesga hoy a ser tachado de tránsfobo), las críticas al informe no se han demorado lo más mínimo.

Irene Montero, quién si no, se apresuraba a dejar claro en Twitter que el informe no había sido "ninguna sorpresa". Que de todos modos ellos pretendían "tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones" y que los derechos de las personas trans y LGTBI "serán ley".

Tres cositas:

Lo de que no les haya sorprendido el informe me alegra, porque eso significa que quien lo ha redactado sabía que era inconstitucional y sabía que discriminaba a las mujeres (a las hembras humanas adultas, digo). Y eso es bueno, porque al menos sabían lo que hacían. Imagínate que descubrimos que le habían dado a redactar aquello a cualquier asesora/niñera que ignora nuestra Constitución y que no se para a pensar un minuto en las consecuencias, las buenas y las malas, de lo que teclea. Vaya plan. Yo aquí respiro: parece que hay alguien con estudios.

Lo de tramitar con urgencia la ley, caiga quien caiga y pese a todo, me chifla. A mí es que me gusta cuando la Montero se pone macarra y se le olvida que ya no es aquella activista pancartera que fue. Le falta un chin para, con gestos de negra chunga, dejar claro que ella es la ministra y que a ella no les va a decir ni un juez ni veinte lo que puede hacer y lo que no. Democracia y separación de poderes a ella, ja. Le ha faltado ahí a la ministra un muy heteropatriarcal "por mis pelotas". Habría quedado feo, lo admito, pero sería más ajustado a la realidad de sus palabras.

Lo cierto es que el informe del CGPJ es preceptivo en este caso, pero no vinculante. Así que me pregunto si tendrá en cuenta las propuestas y las observaciones del órgano de gobierno del Poder Judicial, o si tendrá el cuajo de empeñarse en mantener el texto tal cual.

Lo de que los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley, pues claro que sí. A tope con eso. Si es lo que queremos todos: que absolutamente todas las personas tengan los mismos derechos. Pero sin perjuicio de los de los demás.

Nadie, por mucho que se empeñen y lo hagan consigna coreable, nadie, digo, está a favor de negarles derechos. Nadie niega que hayan sufrido hasta ahora esa discriminación, ni una condenable e injusta invisibilización, ni que se hayan visto empujados a la marginalidad en ocasiones.

Y nadie quiere que eso vuelva a ocurrir ni está en contra de hacer todo lo posible para evitarlo. Y tratar de hacer pasar el estar en contra de este proyecto de ley tal y como está redactado ahora con estar en contra de que las personas trans y LGTBI tengan los mismos derechos que cualquiera es una irresponsable falsedad.

Y sostenerla sólo puede deberse a la mala fe o a la estupidez. Y no seré yo quien se decante por si es una o la otra.

A menos que insistan. Entonces diré que las dos.