Cuando ya se conoce “la verdad” por ciencia infusa, entonces cualquier opinión en contra, no importa su solidez, es vista, invariablemente, como una especie de conspiración que busca siempre apartarnos de esa “verdad” infusa, ya conocida por adelantado.

Periodistas y líderes de partidos políticos acusan al gobierno de “mentir”, y de hacerlo además de forma orquestada para tratar de sacar adelante, al parecer, un “cambio de régimen” aprovechando el estado de alarma y el confinamiento.

Otros periodistas y líderes políticos reaccionan, y dicen, cerrando filas a favor del gobierno, que esto son bulos o fake news de la “extrema derecha”, con los que se busca, en lugar de “sumar fuerzas” frente a la pandemia, desacreditar al gobierno para desestabilizarlo, siendo así capaces, y por eso hay que perseguirlos, hasta de poner en peligro a la propia nación.

Y es que, en efecto, algunos partidos están induciendo a la desobediencia al interpretar el confinamiento como una medida “totalitaria” (arbitraria y despótica) del gobierno, acusándole de tratar de implantar, con una nación confinada y una oposición “amordazada”, dicen, un nuevo régimen “social-comunista” (o “chavista-bolivariano”, o algo así), y lo quiere hacer el gobierno, incluso, aunque ello signifique el empobrecimiento de la sociedad española (con la crisis económica que sobreviene a la sanitaria).

¿Pruebas al respecto acerca de este plan gubernamental de “cambio de régimen”? Nada. Sólo opiniones derivadas de una lectura de las cifras de fallecidos de lo más tendenciosa e imprecisa, dando como evidentes afirmaciones que hay que probar (y no lo hacen), y exigiendo al gobierno, además, que reconozca una cifra de fallecidos -la estimada a partir de los reajustes con los recuentos de los registros civiles- mucho mayor de la oficial, que el gobierno no puede reconocer (al no pasar por los criterios de recuento fijados internacionalmente).

A partir de aquí, ya resulta fácil acusarle de ocultación interesada de las cifras “reales”. Una “mentira”, la de unas cifras disminuidas, según la oposición, con la que el gobierno trataría de eludir responsabilidades penales o, incluso, criminales por su negligencia, en la administración de la crisis, sobre todo al haber tratado de minimizar su virulencia por motivos ideológicos (8-M) en los momentos previos a su estallido.

Es más, el gobierno es hasta capaz de utilizar, y de eso se le acusa también, cualesquiera mecanismos del Estado (incluyendo la Guardia Civil) para aplicar la censura frente a todos aquellos que pretendan desvelar “la verdad” criminal de este gobierno. Así que la acusación es infalible: el gobierno miente, y si no se llegase a descubrir esta verdad (la de que el gobierno miente) es porque silencia a quien dice “la verdad”.

¿Pruebas acerca de la verdad de que el gobierno miente? Opiniones. Creencias. Fe. Doxa. O sea, nada.

Y el caso es que, en este contexto, como se dice ahora, de “combate por el relato”, se ha hecho de la “libertad de expresión” un refugio de la opinión, por absurda o disparatada que esta sea, de tal manera que el derecho de la libertad de expresión sirve de bula para decir la primera ocurrencia que, a unos y a otros, se les pasa por la cabeza, sin dar ninguna prueba al respecto.

Es más, la osadía e insolencia son tales que, ya no es que no se den pruebas, sino que se piensa que no existe la necesidad de hacerlo, suponiendo que el mero hecho de expresar dicha opinión es ya justificación suficiente. Incluso aunque esa expresión sea la de la calumnia o la injuria (acciones contempladas como punibles en nuestro Código Penal), se defiende su expresión como un “derecho” (como si un delito fuera un “derecho”), eludiendo así -o pretendiendo hacerlo- toda responsabilidad penal para quien calumnia o injuria.

En cualquier caso, y sea como fuera, aquí hay algo que sí se sabe -no es un bulo- y es que hay quienes están acusando al gobierno de dar un golpe de Estado y de censurar a la oposición que lo denuncia, y ello se está haciendo, tamaña acusación, sin ofrecer ningún tipo de prueba al respecto, y bajo el paraguas -bajo la bula- de la “libertad de expresión”.