De acuerdo: aceptemos delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública. Cerremos el asunto con un año y medio de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos y una multa de 24.000 euros. Eso en el caso de los líderes del procés, los Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Al resto, un "perdone usted por las molestias y siga con su vida".
En esencia, eso es lo que pide el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona Jordi Nieva-Fenoll en un artículo publicado por El Periódico de Cataluña. En el texto, Nieva-Fenoll califica el procés de "situación absurda de dimensiones colosales" y afirma que sus líderes desobedecieron al Tribunal Constitucional "pero también" su propia ley del referéndum. No recordaba yo de mis clases de Derecho el principio jurídico de lo comido por lo servido: "Sí señor, mi cliente robó el banco, pero también se vio obligado a saltarse su propio plan de huida por los obstáculos que le puso la Policía Nacional. Vaya una cosa por la otra". Jaque mate, Fiscalía.
Sentada jurisprudencia por el Tribunal Supremo con la sentencia del procés, esperemos cuatro años.
Imaginemos que un partido cualquiera, llamémosle POF (Partido Orden y Familia), alcanza la presidencia de la Comunidad de Madrid con un millón y medio de votos sobre una población de seis millones y medio.
Imaginemos que el presidente de ese partido publica un artículo en el renacido diario El Alcazar en el que bautiza a los 26.371 catalanes que viven en Madrid como "bestias de forma humana con baches en el ADN". Imaginemos que califica a los inmigrantes de "colonos" y a las minorías LGBT de "pobres individuos que viven en un país del que lo desconocen todo: cultura, tradiciones, historia". Imaginemos que ese presidente, harto de que el dinero de sus ciudadanos sea invertido en comunidades más pobres que la madrileña, inicia un proceso de desconexión con la legalidad española.
Imaginemos que ese presidente se fotografía, chulesco y sonriente, junto a las cinco resoluciones del Tribunal Constitucional que se ha propuesto públicamente desobedecer. Imaginemos que afirma que "la voluntad del pueblo madrileño está por encima de las leyes españolas". Imaginemos que ese presidente participa en homenajes a Antonio Tejero y Alfonso Armada y se fotografía junto a antiguos terroristas de extrema derecha condenados por el asesinato de ciudadanos catalanes.
Imaginemos que entre trago y trago de anís de Chinchón, a cuya promoción dedica buena parte de su jornada laboral, ese presidente autonómico le exige al presidente del Gobierno reuniones "de tú a tú" en las que se autoconcede rango de jefe de Estado. Imaginemos que ese presidente autonómico demanda en dichas reuniones un "relator internacional" para mediar en "el conflicto entre Madrid y España".
Imaginemos que decenas de abogados y activistas de extrema derecha del entorno del Frente Nacional francés, del partido polaco Ley y Justicia y de Alternativa para Alemania son financiados por ese presidente con el presupuesto de la Comunidad para sostener la teoría de que los tribunales españoles que intentan proteger los derechos civiles de los catalanes, los inmigrantes y las minorías LGBT son organismos colectivistas más propios de la vieja Unión Soviética que de una democracia como Dios y las buenas costumbres mandan.
Imaginemos que un presidente de la Asamblea de Madrid manda a la líder de la oposición de vuelta a su Gerona natal. "¿Quién te obliga a estar aquí, cerda?". Imaginemos que el presidente autonómico le concede a dicho expresidente la condecoración más prestigiosa otorgada por la Comunidad de Madrid: el Sagrado Corazón de Manuela Malasaña. Imaginemos que presentadores de Telemadrid llaman "puta" a la líder de la oposición y califican de "degenerados" a sus votantes.
Imaginemos que ese presidente autonómico decide sustituir la bandera de la Comunidad de Madrid por esta. "Somos un pueblo pacífico: por eso hemos escogido un corazón como símbolo de nuestras firmes convicciones democráticas" dice.
Bandera ficticia de la nueva Comunidad de Madrid.
Imaginemos que esa bandera cuelga de los balcones de la Real Casa de Correos. Que inunda calles, edificios oficiales, que los madrileños la lucen en forma de pin, que la exhiben en manifestaciones multitudinarias. Imaginemos que esos madrileños empiezan a organizar marchas de antorchas. Imaginemos que la alcaldía, en manos del PP, se solidariza con el presidente de la comunidad.
Imaginemos que algunos de los catalanes que viven en Madrid deciden arrancar alguna de esas banderas y que por ello son rodeados, acosados, amenazados e identificados en las redes sociales. Que el Gobierno autonómico madrileño les califica de "paramilitares bolcheviques" y llama a actuar contra ellos. Que vuelcan estiércol en las puertas de sus casas. Que sus comercios son señalados con frases como "en este comercio no se habla en español".
Que sus hijos son identificados en las escuelas de Madrid: "Que levante la mano el que sea hijo de catalán, o de padre o madre soltera, o que tenga dos padres y dos madres".
Imaginemos que el presidente autonómico decide celebrar un referéndum en el que se pregunta a los madrileños si desean derogar la Constitución en la comunidad de Madrid. Que el presidente anuncia que los catalanes, los inmigrantes y las minorías LGBT que viven en Madrid no deben temer nada porque "continuarán disfrutando de sus derechos civiles" cuando la nueva legalidad madrileña, de la que nadie ha dado ni un solo detalle, sea una realidad.
Imaginemos que un millón y medio de madrileños se lanzan a las calles y se fotografían votando tres y cuatro veces en un referéndum sin garantías legales y prohibido por los tribunales. Imaginemos que el Gobierno autonómico ha obtenido ilegalmente los datos de todos los ciudadanos madrileños. Imaginemos que la Policía Nacional recibe la orden de impedir ese referéndum y que los votantes impiden el paso a los agentes y se enfrentan físicamente a ellos con el argumento de que "sólo quieren votar". Que algunos de ellos son heridos por la Policía Nacional y que esas heridas son presentadas como prueba de la violencia del Estado español.
Imaginemos que decenas de miles de funcionarios, de profesores de escuela, de asociaciones civiles, de empresas y de medios de comunicación, todos ellos directa o indirectamente a sueldo del Gobierno de la Comunidad de Madrid, se manifiestan dispuestos a desobedecer las leyes españolas y, muy especialmente, aquellas que protegen a los ciudadanos madrileños desafectos.
Imaginemos que a todo eso le llamamos El Proceso.
Imaginemos que la Policía detiene a los líderes políticos y civiles del Proceso. Imaginemos que estos son juzgados en el Tribunal Supremo y que este les libera con penas menores basándose en el argumento de que el Proceso sólo ha sido "una situación absurda de dimensiones colosales".
Si todo eso ocurriera, yo también estaría de acuerdo en que El Proceso no ha sido un golpe de Estado. Porque golpe de Estado, lo que se dice golpe de Estado, sólo lo sería la sentencia absolutoria del Tribunal Supremo.
