Por primera vez en la historia de la democracia, la campaña electoral coincide con la semana en la que se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo. Por primera vez, también, se produce una sincronía, afortunada o desafortunada, depende para quién, entre el maratón de los políticos para agenciarse nuestro voto y el desarrollo de un juicio en el que varios responden, a la vez, frente a la imputación de graves acciones criminales contra el orden constitucional. Que la política está en el juicio y el juicio en la política es algo que a estas alturas resulta tan evidente que no es necesario subrayarlo, y que no obsta para cuestionar que unos políticos hayan acabado en el banquillo sólo por tener unas ideas que no gustan, eslogan que tras varias semanas de vista en el Supremo resulta cada vez más endeble y voluntarista. 

El 1 de octubre de 2017, y antes y después, hubo hechos que van más allá de la legítima defensa en democracia de unas ideas. Cuál haya de ser su calificación final es algo que tendrá que decidir, con mucho cuidado y pulcritud, la sala juzgadora, y que, a la vista de lo que se va probando, tendrá consecuencias diferentes para unos y para otros procesados, en función de lo que supieron y decidieron y/o asumieron que podía pasar.

Lo que pone de manifiesto la riada de testimonios de los funcionarios policiales que en esos días se vieron en la calle cara a cara con lo que los procesados desencadenaron, en ocasiones fatigosa y repetitiva, es un contraste abrupto entre el proceder de unos servidores públicos que ante una situación de enorme complejidad y extraordinariamente comprometida trataron de actuar con profesionalidad y de contener el problema -con éxito y acierto variables, como suele suceder en todos los negocios humanos- y la actuación errática, frívola y a ratos casi pueril de unos políticos que tenían las más altas responsabilidades frente a la ciudadanía y ahora tratan de negar la realidad para escapar a las consecuencias, por fuerza negativas, del desastre que provocaron. Momento emblemático de esta constatación fue el duelo entre el abogado-activista -más activista que abogado, para desdicha de sus defendidos- Andreu Van den Eynde y el funcionario policial que le tuvo que recordar que esa diligencia por la que le preguntaba -advertir antes de emplear la fuerza- se había cumplido en su mismísima persona -la del activista-abogado- en uno de los colegios donde hubo votaciones. No se recuerda ejemplo parejo de pregunta boomerang en el examen de un testigo a cargo del letrado de una parte en un juicio.

La coincidencia del juicio y la campaña permitirá asistir una y otra vez, es de temer, al contraste entre el argumentario cada vez más inverosímil y banal de quienes aspiran a dirigir el poder ejecutivo y el rigor de quienes desde el servicio al Estado, en su administración y en la de justicia, tienen y aceptan la obligación de reducir los daños que el poco tino y el nulo sentido que los gobernantes que nos han venido cayendo en desgracia causan por doquier. No es mala noticia contar con ese recurso para amortiguar los destrozos, pero así no se gana el futuro.