La Operación Puerto, el mayor escándalo de dopaje de la historia de España y uno de los más sonados en todo el mundo, tanto por la cantidad de pruebas recogidas como por el número de implicados, se ha cerrado este martes con un sonoro fracaso. La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado que sólo cabe actuar por la vía administrativa contra los posibles responsables. El doctor Eufemiano Fuentes, en el centro de la trama, ha sido absuelto de un delito contra la salud pública.

Aun cuando las trampas están probadas, aunque ha quedado acreditada la manipulación de sangre de decenas de deportistas, no había posibilidad de llegar a una sentencia condenatoria. La legislación que regía en 2006, cuando se destapó el escándalo, no incluía el dopaje como delito. Lo único que sorprende es que los tribunales hayan tardado una década en pronunciarse.

Laxitud normativa

La laxitud de aquella normativa y los indicios de que en España había deportistas que  recurrían impunemente a sustancias y prácticas prohibidas, es lo que llevó a los organismos internacionales a acusarnos de tapar esas prácticas. Mientras en otros países se legislaba y se perseguía el dopaje, nuestras autoridades parecían no darse por aludidas.

Esa situación generó un descrédito que explica seguramente el porqué Madrid perdió la ocasión de albergar unos Juegos Olímpicos. Basta recordar cómo durante la presentación de la candidatura de Madrid 2020, varios miembros del COI plantearon dudas sobre el compromiso de España en este terreno.

Los tramposos

La única ventaja de la sentencia que ahora ha visto la luz es que, más allá de dejar entreabierta la vía administrativa para poder perseguir a los implicados, podrá conocerse la identidad de quienes llenaban bolsas de su sangre para que Eufemiano Fuentes las tratara y poder hacerse luego autotransfusiones con las que mejorar su rendimiento. Esas bolsas, que han estado custodiadas una década en el Laboratorio Antidopaje de Barcelona, serán entregadas ahora a los organismos federativos nacionales e internacionales, que podrán desvelar los nombres de los tramposos, entre los que se dice que hay ciclistas, tenistas, futbolistas y atletas.

El fiasco en que ha acabado convertida la Operación Puerto y el deterioro que ha causado a la imagen de nuestro deporte a escala internacional debería servir de acicate para tener una legislación adecuada y adquirir medios punteros para combatir esta lacra. Que aún estamos lejos de lograrlo lo demuestra el hecho de que, tan lejos como la semana pasada, la Agencia Mundial Antidopaje haya retirado su acreditación al Laboratorio de Control de Dopaje en Madrid. Queda mucho camino por recorrer.