La decisión de la Comisión Europea de enviar a Google un pliego de cargos sobre el sistema operativo y las aplicaciones de Android, en el que se les acusa de restringir la competencia y la innovación en el ecosistema móvil, pone de manifiesto lo complejo que puede ser legislar sobre entornos tecnológicos.

En la mentalidad de la mayoría de los usuarios, Android no solo no restringe nada, sino que juega el papel contrario: fomentar competencia e innovación. Los usuarios no reclaman libertad para usar otros motores de búsqueda, otras herramientas de correo, o apps distintas a las que Google suele preinstalar con Android. Y si quisieran, podrían hacerlo sin dificultad.

Android es un ecosistema razonablemente abierto. Se puede instalar entero, en parte, o modificar. Hay fabricantes que crean versiones, como Fire OS o CyanogenMod. Aún en esos casos, suelen incluir apps de Google... porque los usuarios las quieren. Y todo indica que las quieren porque, sencillamente, son buenas.

¿Se parece este caso al de Microsoft en 2001, en el que se acusaba a la compañía de vincular su navegador con su sistema operativo para perjudicar a un competidor, Netscape? En apariencia, más bien poco. Microsoft, en su momento, practicaba el bundling (crear un "lote completo" entre su sistema operativo, enormemente dominante, y un producto, de facto gratuito, que desplazaba a un competidor). Google no cobra por su sistema operativo, se financia con la actividad de los usuarios en él, y aparentemente, permite la instalación parcial... aunque los usuarios la reclamen, mayoritariamente, completa.

Comportamientos anteriores de Google, como su actuación con determinados comparadores integrados en sus páginas de resultados, me han parecido claramente anticompetitivos, o incluso predatorios. No veo este caso tan claro. La legislación antimonopolio no debe castigar a una compañía por hacer buenos productos que los usuarios prefieren sobre otros. El castigo debe aplicarse sobre quienes intenten restringir la competencia por medios ilícitos, abusando de una posición dominante.

Si se demuestra que Google presiona a algunos fabricantes para instalar su suite completa, si agrupa sus productos en un lote obligatorio, si incentiva económicamente a fabricantes u operadores para que usen únicamente sus herramientas, si los amenaza con "expulsarlos del paraíso" si no las usan o si ponen en el mercado terminales con otros sistemas operativos, o si les veta el uso de su infinita tienda de apps, el Play Market, posiblemente deba ser sancionada. Pero tales prácticas, efectivamente monopolísticas, deberán ser probadas y documentadas fehacientemente caso a caso, no simplemente supuestas o atribuidas.

Aquí, claramente, queda mucho por juzgar.