Decenas de inmigrantes son rescatados en la costa española. Imagen de archivo. Reuters
Hasta 10 años de cárcel y multas de 50.000 euros: así castigará Grecia a las ONG que faciliten la entrada de inmigrantes
La normativa ha sido aprobada gracias a la mayoría conservadora en el Parlamento. La izquierda ha calificado al Ejecutivo de "ultraderechista" y de seguir el juego a las políticas migratorias de Trump en EEUU.
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El Parlamento griego aprobó el pasado jueves una polémica ley que introduce penas de hasta 10 años de prisión a miembros de ONG que faciliten la entrada de modo irregular de inmigrantes por mar o tierra.
La nueva normativa fue aprobada con los votos de los diputados de la gobernante Nueva Democracia (ND), del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, que se ha valido de la mayoría conservadora que mantiene en el Consejo de los Helenos.
Durante su intervención en el pleno, el Ministro de Migración, Thanos Plevris, sostuvo que las penas deben endurecerse cuando el implicado figure en el registro nacional de ONG.
A su juicio, quien participa en programas financiados por el propio ministerio asume una responsabilidad superior y, por tanto, debe estar sometido a un marco sancionador más estricto en caso de incurrir en actividades relacionadas con la facilitación de entradas irregulares.
En el transcurso del debate parlamentario, el titular de la cartera dedicada a la migración llegó a solicitar "sanciones más severas" para los miembros de ONG que faciliten la entrada de inmigrantes en situación irregular en el territorio.
"Si el traficante, este asesino que ha secuestrado y transportado inmigrantes, está inscrito en una ONG del registro nacional, se le impondrán sanciones más severas", señaló durante el debate previo a la votación.
Además, entre las medidas que ha impuesto el gobierno encabezado por Mitsotakis, se introducirá también un límite máximo a la financiación estatal de estas organizaciones, del 30% del presupuesto operativo de cada organización.
La aprobación de esta ley se produce como respuesta a la decisión de un tribunal de la isla griega de Lesbos, que decidió absolver hace tres semanas a 24 voluntarios y activistas de la ONG Emergency Rescue Center International (ERCI), que durante siete años habían enfrentado cargos de tráfico de personas.
Asimismo, la medida se adopta en un contexto marcado por el creciente malestar social ante la llegada constante de migrantes a distintos países europeos, en paralelo a un giro en las políticas comunitarias que apuesta por reforzar los controles y endurecer las condiciones de entrada al territorio europeo.
La reforma establece además que bastará con la imputación, aunque no exista todavía una condena firme, de un integrante de una ONG por este delito para que el Estado pueda excluir a la organización del Registro de ONG del Ministerio de Migración.
Esta expulsión supone de facto terminar con toda actividad legal de esta organización, ya que es una condición imprescindible para que estas entidades de la sociedad civil puedan desarrollar alguna acción en territorio heleno.
La izquierda, crítica
Las formaciones de izquierda en la oposición reprocharon al Ejecutivo la adopción de un enfoque que calificaron de "ultraderechista" en materia migratoria y le acusaron de situar en el punto de mira a la sociedad civil que presta asistencia a personas migrantes.
Para los partidos de la izquierda helena, esta ley tan solo tiene como objetivo dos pilares: perseguir a las personas migrantes y amenazar a aquellos trabajadores de ONG que pretenden ayudarles a entrar en el país.
Los socialdemócratas del PASOK, principal fuerza opositora, denunciaron al Gobierno por estar "legislando una amenaza de persecución" contra las organizaciones no gubernamentales, al considerar que la nueva norma las sitúa bajo sospecha permanente.
Por su parte, Sokratis Famelos, presidente del izquierdista Syriza, criticó que la administración dirigida por Mitsotakis tan solo pretende seguir la política estadounidense de Donald Trump, "que dio rienda suelta al asesinato y al terror", en referencia a las actuaciones del ICE en Minneapolis.
Los defensores de esta normativa sostienen que la prioridad es blindar las fronteras y contener la llegada de inmigrantes en situación ilegal en un país que ha estado en primera línea de la crisis migratoria. Afirman que endurecer las penas limitará la llegada de irregulares a las costas griegas.
Las ONG y activistas, en cambio, advierten de que la amenaza de cárcel y fuertes multas puede disuadir la asistencia humanitaria básica, dejando a los migrantes en una situación aún más vulnerable.
