Manifestantes opositores y partidarios de la Unión Europea durante una manifestación en frente del parlamento en Tbilisi, Georgia. EFE
Georgia se suma a la ola antimigratoria: promete expulsiones masivas y 'veto laboral' a partir del 1 de marzo
El primer ministro, Irakli Kobakhidze, ha señalado que hay 20.000 ilegales y que la medida responde a una "preocupación social" justificada.
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El Gobierno de Georgia ha anunciado medidas para combatir la inmigración irregular, con una nueva ley que se aplicará a partir del 1 de marzo, que limitará la posibilidad de empleo de aquellos inmigrantes que no se hayan regularizado.
El primer ministro, Irakli Kobakhidze, ha declarado este viernes que "este asunto de la inmigración es el que más preocupa a la población europea" y que la labor del Ejecutivo es "garantizar la aplicación de la norma".
El país cuenta actualmente con casi 20.000 extranjeros indocumentados, unos datos que ha anunciado el propio jefe de gobierno, en un territorio que cuenta con casi 4 millones de habitantes.
Durante sus declaraciones, el jefe de Gobierno justificó la medida por la "preocupación" social ante los flujos migratorios en Europa y la necesidad de proteger la identidad nacional y religiosa del país.
A este respecto, ha anunciado que a partir de marzo, con la nueva disposición que entrará en vigor, se limitará masivamente el empleo de personas en situación irregular y ha prometido "librar totalmente al país de migrantes ilegales en los próximos años".
"La preocupación que tienen nuestros ciudadanos es comprensible, ya que todo patriota georgiano desea que su identidad nacional y religiosa esté firmemente protegida", ha afirmado durante un mensaje publicado en redes sociales.
Kobakhidze ha recordado que el número de extranjeros representa tan solo un 6,6% de la población que vive en el territorio caucásico, aunque ha hecho especial referencia a los que se encuentran irregularmente en Georgia.
En la actualidad, respecto a la procedencia de los ciudadanos que residen actualmente en Georgia de forma legal, la mayoría proviene de estados exsoviéticos, países de la UE, Estados Unidos e Israel.
Durante los últimos años, la cuestión migratoria ha elevado la tensión entre varios Estados miembros de la Unión Europea, con desacuerdos recurrentes sobre el reparto de solicitantes de asilo, el refuerzo de las fronteras exteriores y las políticas de devolución.
Manifestantes proeuropeos frente al Parlamento de Georgia, en medio de protestas. Reuters
La cuestión relacionada con la inmigración está presente en toda Europa, más allá de las fronteras de la Unión.
La última demostración es el referéndum que se celebrará en Suiza, para limitar el número de personas que puedan vivir en el Estado helvético, en una votación impulsada por la derecha populista y que pretende poner una especie de límite a la llegada de inmigrantes.
Los países del sur vienen reclamando mayor solidaridad entre los socios europeos, mientras que otros gobiernos han decidido endurecer los controles, lo que demuestra que existe una creciente fragmentación en el bloque sobre cómo gestionar los flujos migratorios.
En este contexto, Georgia, que no forma parte de la UE, después de que el anterior gobierno suspendiera las negociaciones de adhesión, trata de mostrar una línea dura con la inmigración, mientras observa el debate que se produce entre aliados europeos.
Al no estar sujeta al marco normativo común de la UE, Tiflis conserva margen para definir su propia estrategia y ha optado por anticiparse con un endurecimiento legislativo que, según el Gobierno, busca evitar tensiones similares y reafirmar el control soberano sobre sus fronteras.
Acercamiento a Moscú
El endurecimiento migratorio coincide además con un momento delicado en el equilibrio geopolítico de Georgia, donde sectores de la oposición y parte de la sociedad civil denuncian un paulatino acercamiento a Rusia, algo que ha provocado manifestaciones proeuropeas en las calles.
Pese a que el Gobierno insiste en que mantiene el rumbo europeo, algunas decisiones recientes y el tono del discurso oficial han sido interpretados por críticos como señales de sintonía con planteamientos más próximos a Putin, especialmente en materia de seguridad y control fronterizo.
Sin embargo, las autoridades, por su parte, rechazan esas acusaciones y sostienen que la política migratoria que están implementando responde exclusivamente a intereses nacionales.
