El expresidente francés Nicolas Sarkozy, acompañado de su mujer, Carla Bruni, antes de conocer el veredicto. Reuters
Sarkozy, a prisión: condenado a cinco años de cárcel por pagar con dinero de Gadafi la campaña que le hizo presidente
El exmandatario ha defendido su inocencia a la salida del juicio y ha anunciado que recurrirá la sentencia.
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Un tribunal de París ha declarado este jueves culpable al expresidente francés Nicolas Sarkozy y le ha condenado a cinco años de prisión por "asociación ilícita", en un caso relacionado con la financiación ilegal de la campaña que le llevó al Elíseo en 2007 y que supuestamente contó con millones de euros procedentes del régimen libio del dictador Muamar el Gadafi.
Eso significa que el exmandatario deberá ir a la cárcel independientemente de si apela o no la sentencia, recoge Le Monde. Ya bajo custodia, Sarkozy conocerá el día de su ingreso en prisión el próximo mes.
La sentencia contra Sarkozy se fundamenta en que cometió "actos excepcionalmente graves, capaces de socavar la confianza de los ciudadanos en sus representantes", según el rotativo francés. Por ello se le ha impuesto una multa de 100.000 euros y se le ha inhabilitado durante cinco años para concurrir a un cargo público.
Sarkozy y Gadafi, en una imagen de archivo. EFE
Sarkozy, sin embargo, ha sido absuelto de los delitos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento del código electoral, cargos por los que también estaba encausado. La Fiscalía había solicitado siete años de prisión.
Al político conservador se le acusaba de haber llegado a un acuerdo con Gadafi en 2005, cuando era ministro de Interior, para que le diera dinero para su candidatura a la presidencia francesa. A cambio, Sarkozy supuestamente se comprometía a respaldar al régimen, entonces condenado al ostracismo internacional hasta su caída en 2011.
En concreto, la presidenta del tribunal señaló que el entonces pretendiente al Elíseo permitió que esos dos próximos colaboradores, que posteriormente ocuparían puestos destacados durante su mandato presidencial, "obtuvieran apoyos financieros" de Trípoli para la caja de la campaña de 2007.
Los jueces consideran a Sarkozy culpable por haberse servido de su influencia como presidente del partido conservador UMP y como candidato presidencial para que colaboradores suyos, como Claude Guéant y Brice Hortefeux, cometieran delitos de corrupción con el régimen de Muamar Gadafi.
La sentencia establece que ese delito de asociación ilícita fue cometido entre 2005, fecha de un viaje de Sarkozy a Libia como ministro de Interior, hasta el 15 de mayo de 2007, cuando comenzó su mandato presidencial, momento a partir del cual estaba cubierto por la inmunidad en tanto que jefe del Estado.
Sarkozy ha negado los hechos y se ha esforzado durante el juicio, que comenzó hace tres meses, en poner de manifiesto que no se ha encontrado rastro del dinero pagado por Trípoli a su campaña. También ha denunciado "motivaciones políticas".
"Por supuesto, recurriré"
De hecho, en una comparecencia ante los medios a la salida del tribunal, Sarkozy ha defendido con vehemencia su inocencia. "Soy inocente. Esto es una injusticia escandalosa", ha declarado, antes de insistir en que luchará "hasta el final" para demostrarlo.
En esta línea, el expresidente ha insistido en que las acusaciones no tienen fundamento y ha recordado que el propio tribunal ha reconocido que los documentos publicados en su día por Mediapart —que desencadenaron la investigación— son falsos y carentes de base sólida. "No se ha encontrado nada en mi campaña que justifique semejante acusación", ha subrayado.
Por este motivo, Sarkozy ha anunciado que presentará un recurso ante la corte de apelación. "Me acusan de algo que no he hecho. Por supuesto, recurriré".
Nicolas Sarkozy atiende a los medios tras conocer su condena. Reuters
Posteriormente, ha hecho un llamamiento a todos los franceses para que reflexionen sobre lo ocurrido. "Pienso en todos los que han sido humillados. Hoy lo que está en juego es la imagen de Francia. Si alguien ha traicionado a los franceses no he sido yo, sino esta injusticia", ha señalado, arropado en todo momento por su esposa, la exmodelo y cantante Carla Bruni.
El exmandatario ya había sido sentenciado en dos ocasiones a penas de prisión de un año por corrupción y tráfico de influencias, y por la financiación ilícita de su campaña electoral de 2012, año en el que perdió frente a su rival socialista, François Hollande.
Pacto de corrupción
A sus 70 años, Sarkozy, que entre febrero y mayo tuvo que llevar un brazalete electrónico para garantizar el arresto domiciliario por el que fue condenado de forma definitiva en diciembre pasado por otra sentencia previa, no ha terminado de afrontar a la Justicia desde su derrota ante el socialista François Hollande en 2012.
Durante meses, la acusación fue desarrollando el relato de una connivencia entre Sarkozy y el régimen libio, que supuestamente se saldó con un "pacto de corrupción" que fue rubricado en un encuentro con Gadafi en Trípoli en 2005, cuando era ministro del Interior.
A partir de ahí, la instrucción y algunos medios de comunicación sacaron a la luz un conjunto de indicios, de transferencias de dinero que fueron dejando huella, con testimonios de antiguos responsables del régimen libio recogidos tras su caída en 2011.
También de encuentros de dos estrechos colaboradores de Sarkozy, Claude Guéant, que fue su jefe de gabinete antes de que le confiara la cartera de Interior, y Brice Hortefeux, su mejor amigo, que también ejerció esa misma cartera ministerial, con escabrosos personajes del régimen.
Como el cuñado de Gadafi, Abdallah Al-Senoussi, influyente figura del régimen pero que estaba condenado en Francia a cadena perpetua por el atentado contra un avión en 1989 en el que murieron 170 personas, 54 de ellas franceses.
Entre otros indicios, la acusación sostiene que eso prueba la existencia del pacto, alimentada por las agendas encontradas del banquero Wahib Nacer, donde anotaba los pagos y que permitieron a los investigadores seguir su rastro.
Para la defensa, se trata de un "relato hipotético" montado sin pruebas y que no demuestra la existencia de la financiación ilegal.
