Yvette Cooper, ministra del Interior, charla con vecinos durante su visita a la biblioteca Spellow en Liverpool. Reuters
Reino Unido planea revelar el origen étnico de los acusados por delitos sexuales tras la agresión a una niña de 12 años
La ministra del Interior, Yvette Cooper, defiende que la policía pueda informar sobre etnia o nacionalidad sin poner en riesgo los juicios.
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La ministra británica de Interior, Yvette Cooper, ha defendido la necesidad de reformar la normativa que impide a la policía divulgar la etnia o el estatus migratorio de personas sospechosas de delitos.
El debate, que lleva meses latente, ha estallado de nuevo tras un caso en Warwickshire, donde las autoridades policiales se negaron a confirmar si dos hombres acusados de violar a una menor eran solicitantes de asilo.
En declaraciones a la BBC, Cooper explicó que su departamento solicitó hace seis meses a la Comisión de Derecho (Law Commission) una revisión de la normativa vigente, con el objetivo de que se aclare qué información puede divulgarse sin vulnerar el principio de presunción de inocencia ni poner en riesgo un juicio pendiente.
“Creemos que la guía debe cambiar”, subrayó, recordando que, en ocasiones, la policía ya proporciona datos sobre la nacionalidad de los acusados cuando lo considera necesario, como recoge The Guardian.
La ministra citó como ejemplo un caso de mayo, cuando la Fiscalía (Crown Prosecution Service) reveló que tres iraníes acusados de espionaje habían llegado al país en pequeñas embarcaciones o en un camión.
Según Cooper, se trata de decisiones operativas que deben valorar tanto la policía como la fiscalía en función de cada investigación.
Sin embargo, considera que el marco general es demasiado restrictivo y que el Colegio de Policía (College of Policing) ya trabaja con el Ministerio del Interior para actualizarlo.
El caso Nuneaton
El detonante de la nueva polémica ha sido la detención y acusación de dos hombres -Ahmad Mulakhil, imputado por violación, y Mohammad Kabir, acusado de secuestro y estrangulamiento- por la supuesta agresión a una niña de 12 años en Nuneaton el mes pasado.
El líder del consejo del condado, George Finch, miembro del partido Reform UK, aseguró que ambos son solicitantes de asilo, pero la policía de Warwickshire se negó a confirmar esa información, amparándose en la guía nacional.
En un comunicado, el cuerpo policial recordó que, una vez presentados cargos, la normativa no contempla la divulgación de datos sobre etnia o situación migratoria de los acusados.
Esta opacidad ha alimentado las críticas de sectores políticos y sociales que reclaman mayor transparencia para evitar la propagación de rumores y la desinformación.
El líder laborista y primer ministro, Keir Starmer, ya se había mostrado partidario de divulgar esta información como parte de un esfuerzo por reconstruir la confianza ciudadana, especialmente tras la ola de bulos que siguió a los asesinatos de Southport el año pasado.
Para Starmer, una mayor apertura informativa ayudaría a combatir la desinformación y frenar narrativas extremistas que se alimentan del secretismo oficial.
Datos insuficientes
Cooper admitió que los datos sobre delitos cometidos por personas de distintas etnias o estatus migratorio son poco fiables.
El Gobierno ha comenzado a reforzar la recogida de esta información para contar con estadísticas “más sólidas y transparentes que las de cualquier Ejecutivo anterior”.
No obstante, la ministra advirtió que la transparencia debe equilibrarse con la protección del proceso judicial.
“Existen momentos en los que la ley impide revelar ciertos datos durante un juicio en curso. La Fiscalía puede considerar que una pieza de información no debe divulgarse, aunque creamos que sería positivo hacerlo”, señaló.
Pese a estas reservas, Cooper insistió en que es necesaria “mayor transparencia” y que se facilite más información sobre nacionalidad y solicitudes de asilo de los sospechosos.
Un cambio en la guía, concluyó, podría permitirlo sin vulnerar las garantías legales ni alentar prejuicios.
