La presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, durante una intervención en la Eurocámara

La presidenta de Agrupación Nacional, Marine Le Pen, durante una intervención en la Eurocámara Parlamento Europeo

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El TJUE obliga a Marine Le Pen a devolver a la Eurocámara 300.000 euros indebidamente utilizados por su padre

Jean-Marie Le Pen cargó indebidamente a la Eurocámara gastos en corbatas, básculas de cocina, relojes de escritorio o 129 botellas de vino.

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El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) obliga a la líder de la extrema derecha francesa Marine Le Pen y a sus hermanas a devolver a la Eurocámara 303.200,99 euros que fueron percibidos indebidamente por su padre, Jean-Marie Le Pen.

Se trata de toda una serie de gastos personales que Le Pen padre -fundador del partido ultra Frente Nacional y fallecido el 7 de enero de 2025- imputó al Parlamento Europeo, aunque no tenían nada que ver con el ejercicio de su mandato.

En concreto, entre 2009 y 2018, Jean-Marie Le Pen pasó a la Eurocámara facturas de 129 botellas de vino, corbatas, paraguas, relojes de escritorio, básculas de cocina, pulseras inteligentes o gafas de realidad virtual, según un informe de la Oficina Antifraude Europea.

Al reclamarle el secretario general de la Eurocámara la devolución de este dinero indebidamente percibido, Le Pen padre presentó un recurso ante el TJUE.

El fundador de la saga familiar ultra alegaba la vulneración de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, así como una violación de su derecho a un juicio justo. Además, solicitaba la anulación de la nota de débito de 303.200,99 euros emitida en su contra y que el Parlamento asumiera las costas del proceso.

Tras la muerte de Le Pen el 7 de enero de 2025, Marine Le Pen y sus dos hermanas continuaron el procedimiento en calidad de herederas.

En su fallo de este jueves, el TJUE ha desestimado este recurso presentado por Le Pen y sus herederas. La sentencia sostiene que "el procedimiento seguido por el Parlamento para adoptar la decisión de recuperación y emitir la nota de débito no vulnera los principios de seguridad jurídica ni de protección de la confianza legítima".

El TJUE constata que "ya el 23 de enero de 2024, el secretario general del Parlamento informó a Le Pen de las irregularidades detectadas y le ofreció un plazo de dos meses para presentar alegaciones".

Además, la sentencia destaca que la decisión impugnada "detallaba de forma exhaustiva el contexto fáctico y jurídico de las irregularidades atribuidas a Le Pen".

En ella, el secretario general invitaba a Le Pen a formular observaciones, resumía los puntos principales de la respuesta presentada por Yann Maréchal en marzo de 2024 y señalaba la falta de pruebas que demostraran un uso adecuado de los fondos conforme a la normativa aplicable.

Por otra parte, el Tribunal considera que no se ha vulnerado el derecho a un juicio justo. Durante la investigación de la OLAF, Le Pen "fue informado detalladamente de los hechos que se le imputaban y tuvo la oportunidad de presentar alegaciones, cosa que hizo".

Posteriormente, durante el procedimiento administrativo abierto por el Parlamento a raíz del informe final de la OLAF, Le Pen volvió a ser invitado a exponer sus observaciones, respuesta que en esa fase fue presentada por sus hijas en calidad de representantes.