Bruselas introduce "flexibilidad" en la meta del 90% de recorte de CO2 para 2040 para no perder terreno ante Trump

Se trata de la última meta volante, el punto de avituallamiento final, que debe permitir a la Unión Europea alcanzar el auténtico destino, la neutralidad climática -es decir, un nivel de cero emisiones netas- en 2050.

"Hoy demostramos que mantenemos firmemente nuestro compromiso de descarbonizar la economía europea para 2050. El objetivo está claro: el camino es pragmático y realista", ha subrayado Von der Leyen. "No estamos escogiendo entre la economía y la agenda cerda, estamos eligiendo ambas", sostiene su vicepresidenta primera y responsable de Transición Verde, Teresa Ribera.

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Aunque el 90% de recorte en 2040 lleva tiempo debatiéndose y en realidad es un punto intermedio que no aumenta el nivel de ambición final, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha montado una ofensiva de última hora para tratar de retrasarlo, sumándose a otros sospechosos habituales como Hungría o Polonia.

Macron alega que el nuevo objetivo pone en riesgo la competitividad de la industria europea, sobre todo en un momento en el que Donald Trump se ha salido de nuevo del acuerdo de París y está desmantelando la regulación para combatir el cambio climático.

"Si queremos estos nuevos objetivos para 2040, debemos darnos los medios para lograrlos y hacerlos compatibles con nuestra competitividad. ¿Qué significa eso? Neutralidad tecnológica, flexibilidad e inversión. Neutralidad tecnológica significa tanto renovables como nuclear", dijo el presidente francés tras el Consejo Europeo de la semana pasada.

Para aplacar a todos los críticos, Bruselas ha introducido un amplio grado de "flexibilidad" a la hora de cumplir el objetivo del 90%, un menú de opciones que no está presente en las reglas actuales.

Una relajación de la normativa que también ha sido aceptada por Teresa Ribera, que es la máxima representante de los socialistas europeos y guardiana de la lucha contra el cambio climático en el equipo de Von der Leyen frente a las dudas y las peticiones de desregulación del PPE.

"Puede decirse que sí, que puede haber ciertas flexibilidades. El mundo de hoy no es el mismo que el mundo a comienzos de 2024. Entonces todavía teníamos una gran mayoría, incluyendo uno de los países más grandes (en referencia a EEUU), que apoyaba el multilateralismo. Eso ya no es así. Pero queremos seguir adelante, queremos seguir avanzando", alega la vicepresidenta de la Comisión.

La principal medida de flexibilidad propuesta por la Comisión consiste en permitir de nuevo la compra de créditos internacionales de CO2 en países en desarrollo para cubrir hasta el 3% del esfuerzo exigido para alcanzar el recorte del 90% en 2040. Se trata de una petición de Alemania.

Eso significa que los Estados miembros que no hayan logrado la meta que tienen asignada de reducción de emisiones a nivel nacional podrán compensarlo pagando por proyectos que eliminan el CO2 en países en vías de desarrollo, que normalmente resultan más baratos. Por ejemplo un plan de reforestación en Brasil o una planta de energía solar en India.

Se trata de un paso atrás en materia medioambiental. La legislación de la UE ya no permite usar estos créditos internacionales para alcanzar los objetivos de 2030 ni de 2050, porque quiere que los esfuerzos se hagan dentro del territorio comunitario, para garantizar reducciones reales y permanentes.

Además, el Consejo Asesor Científico Europeo sobre el Cambio Climático se ha manifestado en contra del uso de créditos de CO2 internacionales para cumplir el objetivo de 2040, ya que "podrían desviar recursos de las inversiones nacionales y poner en riesgo la integridad ambiental".

El segundo nuevo elemento de flexibilidad consiste en permitir a las grandes industrias contaminantes que compensen una parte de sus emisiones con proyectos de absorción permanente de CO2, como plantas de captura y almacenamiento de carbono o planes de reforestación.

Finalmente, Bruselas anuncia que introducirá una mayor flexibilidad entre sectores con el fin de facilitar el logro de los objetivos de forma eficiente desde el punto de vista de los costes y socialmente justa.

En concreto, esto permitiría a un Estado miembro la posibilidad de compensar los retrasos en el sector del uso de la tierra con recortes mayores de emisiones en el transporte, por ejemplo. En este sentido, la Comisión propondrá que a partir de 2030 haya menos objetivos sectoriales y menos requisitos detallados.

Esta nueva flexibilidad para cumplir el objetivo del 90% en 2040 tiene que ser aprobada ahora tanto por la Eurocámara como por los Gobiernos de los 27, que podrían introducir cambios.

Bruselas sostiene que el nuevo marco normativo "dará certidumbre a los inversores, la innovación, reforzará el liderazgo industrial de nuestras empresas y aumentará la seguridad energética de Europa".

"La falta de políticas claras, previsibilidad y certidumbre es el obstáculo número uno para las inversiones, y también lo vemos en Estados Unidos, donde las políticas actuales y sus cambios generan mucha incertidumbre. Por eso, este es también un momento para que Europa demuestre que mantiene su rumbo y está abierta a la inversión en clima y descarbonización", sostiene la Comisión.

Sin embargo, las ONG denuncian que la flexibilidad que propone Bruselas supone en la práctica vaciar de contenido el objetivo del 90%.

"La crisis climática no espera, y desde luego no le importan los trucos contables. Estas llamadas 'flexibilidades' no son más que agujeros para retrasar la acción real. Sabemos que cuanto antes reduzcamos las emisiones, mayores serán los beneficios y menores los daños", ha denunciado el European Environmental Bureau.