La titular sueca de Sanidad y Asuntos Sociales, Lena Hallengren, comparece ante los medios en Estocolmo. EFE
Tráfico de menores y niños dados por muertos: el escándalo del sistema de adopciones que avergüenza a Suecia
Un informe oficial acusa al Estado sueco de haber vulnerado sistemáticamente los derechos humanos de miles de niños, robados a sus familias en Asia, América Latina y África entre los años 70 y 2000.
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El Gobierno sueco se enfrenta a una grave crisis moral e institucional tras conocerse los resultados de una investigación oficial que documenta décadas de adopciones internacionales plagadas de irregularidades.
El informe, presentado el pasado lunes por la jurista Anna Singer, concluye que el Estado sueco incurrió en violaciones sistemáticas de los derechos humanos.
El ejecutivo del país nórdico permitió -y, en muchos casos, facilitó- la llegada de miles de niños robados o entregados sin consentimiento informado desde países como Corea del Sur, Colombia, China o Sri Lanka.
“Hay casos confirmados de tráfico de menores en todas las décadas desde los años 70 hasta los 2000, especialmente en adopciones individuales y privadas”, denunció Singer.
Muchas veces, los menores fueron separados de sus familias con documentos falsificados, sin firmas de consentimiento por parte de los padres biológicos, incluso cuando su identidad era conocida.
En algunos casos, los niños fueron declarados falsamente como muertos para facilitar su traslado a Suecia.
La comisión investigadora, activa desde 2021, fue creada por la entonces ministra de Asuntos Sociales, Lena Hallengren, tras una serie de reportajes del diario Dagens Nyheter.
![El primer ministro, Ulf Kristersson, y su mujer (izq) junto con los reyes de Suecia, en el memorial por el atentado](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2025\/06\/03\/mundo\/1003743786391_256121588_320x180.jpg"])
Dichas informaciones desvelaron cómo menores procedentes de familias pobres eran sustraídos a sus padres con documentación fabricada en regímenes autoritarios.
Entre los países implicados figuran también Chile, Tailandia, Vietnam, Polonia, Etiopía y Rusia.
Según el informe, más de 60.000 niños han sido adoptados en Suecia desde el extranjero desde que comenzaron estas prácticas en los años 50.
En su punto álgido, en 1977, se registraron 1.776 adopciones internacionales en el país nórdico. Aunque los números han caído -el año pasado solo se tramitaron 54 adopciones internacionales a través de agencias autorizadas-, el sistema sigue operativo.
Anna Singer no solo recomienda la prohibición definitiva de la adopción internacional, sino también una disculpa oficial del Estado sueco hacia los afectados, así como la creación de un centro nacional de recursos para personas adoptadas, dotado de apoyo psicológico y legal.
Además, plantea establecer una ayuda económica de 15.000 coronas suecas (unos 1.160 euros) para que los adoptados puedan viajar a sus países de origen y rastrear sus raíces.
“El Estado debe reconocer las violaciones de derechos humanos que han ocurrido y sus consecuencias para las personas adoptadas y sus familias”, declaró Singer.
En declaraciones a The Guardian, la actual ministra de Asuntos Sociales, Camilla Waltersson Grönvall, calificó los hallazgos de “terribles” y prometió una revisión a fondo del informe.
“Durante mucho tiempo, niños y padres -en Suecia y en otros países- han estado expuestos a errores muy graves. Esto tiene que ver con vidas marcadas por la traición”.
Los testimonios recabados por Dagens Nyheter incluyen denuncias de secuestros, fraudes sistemáticos y omisiones deliberadas por parte de las autoridades suecas pese a las advertencias recibidas durante años.
“Descubrimos secuestros, fraude, y que hubo políticos que fueron advertidos y no actuaron”, afirma Matilda Hanson, subdirectora del diario.
El informe llega en un contexto en el que varios países europeos ya han restringido o cancelado las adopciones internacionales, como Países Bajos, Noruega y Dinamarca.
Las recomendaciones de Singer abogan por limitar este tipo de adopciones exclusivamente a casos en los que exista una relación personal previa entre la familia solicitante y el menor.
El Gobierno sueco aún no ha comunicado si adoptará las medidas propuestas. Sin embargo, el informe ya ha agitado a la opinión pública y a decenas de personas adoptadas, que exigen verdad, justicia y reparación.
